“Gane quien gane, somos una verdadera vergüenza”. Sin cortapisas y llevándose las manos a la cara en señal de pena, doña Betsabé ataja nuestra conversación sobre la inminente segunda vuelta electoral en Perú, programada para el domingo 7 de junio. “No puede ser que durante los últimos diez años hayamos tenido el mismo número de presidentes, casi casi, uno por año, y siempre uno peor que el otro”, agrega la septuagenaria mujer jubilada sobre la convulsa década vivida por el país sudamericano desde que en julio de 2016 dejara la presidencia Ollanta Humala, quien cumple una condena de quince años por recibir aportes ilícitos para su campaña presidencial del entonces mandatario venezolano Hugo Chávez y de la infame constructora brasileña Odebrecht.
Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí, José María Balcázar: para muchos peruanos, la última ha sido una década pérdida, una década a lo largo de la cual más allá de contabilizar presidentes, han acumulado un creciente sentimiento de frustración y hartazgo con las instituciones políticas construidas en lo que va del siglo, herederas, en parte, del autoritario régimen fujimorista, fulminado en el año 2000, de los años de violencia terrorista y de la dictadura militar que les precedió. Un persistente y generalizado sentimiento de inseguridad, un desgaste social ante la numerosa inmigración venezolana y una parálisis de proyectos relevantes de política pública, resultado del continuo cambio de liderazgos en la administración, hacen que los peruanos vean en esta elección poco más que un trámite engorroso, protagonizado por una clase política desprestigiada, independientemente del posicionamiento de los candidatos a uno u otro extremo del espectro ideológico.
“Lo que sí puedo decirte, es que yo nunca votaría por un comunista”, arremete Betsabé, a quien sus amigas llaman Betsy, mientras degustamos un pastel elaborado a base de leche, coco y manjar blanco, refiriéndose al candidato de izquierda Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, considerado sucesor político del depuesto Pedro Castillo, actualmente recluido en el penal de Barbadillo donde enfrenta diversos procesos judiciales como resultado del presunto autogolpe fallido de 2022. “Ojalá que gane”, agrega en referencia a la puntera en las encuestas, Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, primogénita del exmandatario Alberto Fujimori, fallecido en septiembre de 2024, y candidata de continuidad de su ambivalente legado. “De lo malo, lo menos”, añade Betsy a manera de colofón antes de pedirse una segunda rebanada.
De acuerdo con la más reciente encuesta de la agencia Ipsos realizada en mayo, alrededor de 63% de los peruanos considera que el principal problema que afecta al país es la violencia, por encima de la corrupción. “Aquí, alguien tiene que poner orden”, argumenta José Pablo al respecto del que considera como principal reto para el futuro presidente o presidenta del país. “Nuestro verdadero problema es la inseguridad, los asaltos, las extorsiones, la migración descontrolada. En este sentido, las corruptelas de poca monta o la incapacidad de gestión de los políticos de turno resultan irrelevantes”, declara el joven financiero de 35 años oriundo del acomodado distrito limeño de San Isidro, un pulmón de verdor, orden y limpieza en la capital peruana, a la que se le conoce con el mote de la Gris. “Algo tenemos que hacer para cambiar el modelo, no podemos seguir así, mira el ejemplo salvadoreño de Bukele”, apunta al paso, mientras se acomoda las calcetas y el traje de lana merino con el que cada mañana sale a recorrer en bicicleta entre diez y doce kilómetros del extenso paseo marítimo de la ciudad junto a June, su perra labrador color chocolate de cuatro años. “Nada puede descartarse”, añade sobre lo que depara la segunda vuelta electoral, guiñándome el ojo, entre amenazante y burlón, antes de ponerse el casco, ajustar su Apple Watch y comenzar a pedalear. “Claro que votaré el domingo, ¿ya? Si acaso puedo”, me grita José Pablo a la distancia, a manera de respuesta, ya encarrerado y seguido al trote por June.
En el Perú votar es obligatorio, no asistir a la casilla el día de la elección conlleva una multa, cuyo monto se calcula tomando en cuenta el lugar de residencia y el nivel de ingresos de cada cual. Aún así, durante la primera vuelta electoral celebrada el pasado 12 de abril se registró un ausentismo del 35.4%, de acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales del Perú (ONPE). De los 27,325,432 de peruanos registrados en el padrón electoral, 7,157,687 no votaron, la mayor cantidad de votos no emitidos durante los últimos diez años.
“Ante la injusticia y el dolor, con el Señor de la Justicia, construiremos el reino del amor. Ante la injusticia y el dolor, con el Señor de la Justicia, construiremos el reino del amor.”El estribillo se repite un par de veces más, un coro multitudinario lo entona con fervor al interior de una rebosante Basílica de Nuestra Señora del Rosario, adyacente al convento de Santo Domingo, en el corazón de Lima. Es la víspera de la fiesta de la milagrosa imagen de Cristo, venerada desde que sobreviviera intacta al terremoto del 24 de mayo de 1940 que destruyó casi en su totalidad el complejo religioso que alberga también las reliquias de Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres. “¡Viva el Señor de la Justicia!”, arenga el padre Luis Enrique al terminar la misa solemne. “¡Que viva!”, responden al unísono los numerosos feligreses. “Hermanos, les convoco a juntarnos en oración para pedir por el futuro del Perú. Ante la incertidumbre que genera esta nueva elección presidencial, encomendémonos a Nuestro Señor para que en nuestro dolido país finalmente se haga justicia, ¡amén!”, conmina desde el púlpito el sacerdote, invitando a los fieles a votar.
“Yo no sé qué vaya a pasar, solo sé que no voy a ir a votar”, reconoce sin resquemor doña Valentina en la pequeña tienda de abarrotes que regenta al lado del convento. La quincuagenaria comerciante, soltera y sin hijos, no tiene fe en el sistema, tampoco en el Señor de la Justicia, aunque sí en sus devotos, que terminada la ceremonia invaden su pequeño local en busca de agua y refrescos. Un par de cuadras más allá, sentada en una de las bancas de la Plaza de Armas de la ciudad, entre la Catedral y el Palacio de Gobierno, Bertha Sánchez se apresta a acomodar las flores de tela y los manteles tejidos a mano que vende a los viandantes por unos cuantos soles. Le acompañan Yaoli, una de sus seis hijos, y tres de sus nietos. Son casi las diez de la mañana y estarán trabajando hasta pasadas las cinco de la tarde, al menos. Esperan reunir entre 20 y 30 soles (entre 6 y 9 dólares, aproximadamente), aunque ello, considera Bertha, no será suficiente para cubrir sus necesidades básicas. “Yo voy a votar por él, porque es de la sierra, aunque luego se lleve mi dinero”, confiesa su preferencia por Roberto Sánchez la mujer originaria de la región de Huancavelica que durante los peores años de violencia terrorista llegó a Lima escapando del conflicto, solo para encontrar hacinamiento y pobreza, como decenas de miles de sus conciudadanos. “Porque nosotros a la china no la queremos”, agrega refiriéndose a Keiko Fujimori antes de regañar, mitad en quechua y mitad en español, a uno de sus nietos, que juega en el pasto con un perro callejero, instándole a ponerse a trabajar.
De acuerdo con estimaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, establecida con el objetivo de investigar los crímenes registrados durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000, 69,280 peruanos murieron como resultado de los actos terroristas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, así como de la represión emprendida por el Estado. De igual forma, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro, durante esas dos décadas de violencia, se reportaron 20,511 desapariciones y más de 600 mil personas fueron desplazadas, entre ellas Bertha Sánchez y muchos de sus familiares. Una herida abierta que sigue supurando. Entre los sobrios muros de concreto del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, inaugurado en 2015 con el propósito de fomentar la investigación y la divulgación sobre el período abarcado entre el levantamiento maoísta comandado por Abimael Guzmán en Ayacucho al final de la dictadura, hasta la extradición, enjuiciamiento y condena de Alberto Fujimori por crímenes de lesa humanidad en 2009, se documenta la evolución de la violencia terrorista y de Estado, enfocándose en las víctimas.
“Es el testimonio de una sociedad fallida”, reflexiona Gladys Alvarado sobre su arte fotográfico, mostrado en el Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, adyacente a la histórica sede de la Cancillería conocida como Palacio de Torre Tagle. La exposición retrospectiva incluye una serie de imágenes captadas en la otrora isla penitenciaria de El Frontón, ubicada frente a las costas del Callao, que fungió como prisión de máxima seguridad hasta 1986, tras el motín protagonizado por miembros de Sendero Luminoso y reprimido por la Armada peruana que culminó con la llamada matanza de los penales, donde cerca de 300 presos fueron asesinados extrajudicialmente tras haberse rendido.
“La democracia no sirve… Todo se olvida. Este país ha sepultado hasta a los que aún no aparecen”, escribe Diego Trelles Paz en boca de uno de los personajes de su novela La lealtad de los caníbales publicada por Anagrama en 2024. Comienzo su lectura, recomendada por Hugo, el perspicaz librero de Book Vivant en la calle Dasso, en la cafetería contigua, antes de reparar en su menú que también oferta pastel de coco preparado a base de leche y manjar blanco y pedirme un par de rebanadas para acompañar mi café pasado. Sumergirme en sus páginas me deja con sentimientos encontrados, así me lo advirtió Hugo, así se siente Lima en vísperas de la segunda vuelta electoral. Cielos cerrados y grises, neblina y bochorno. Dulce como el pastel y amarga como el café. ~
