La historia democrática iniciada en la última década de los noventa del siglo pasado ha entrado en una franca deriva hacia la autocratización del sistema político. Esa democracia no era perfecta; por el contrario, se reconoce ampliamente que era incipiente y precaria. En el haber de la transición se cuentan innumerables méritos, algunos de ellos verdaderas conquistas. En el plano del régimen político, podemos sumar el retiro del gobierno del control de las elecciones, la formación progresiva de un sistema electoral profesional y autónomo, la formalización de partidos con reglas que los ordenan y definen su actuar, la organización de las elecciones por los ciudadanos, el asomo del municipio y de la Federación reclamando poder propio. Estos avances tienen el significado de representar un progreso de los derechos políticos sin precedentes en la historia nacional, y los derechos políticos son la base del ejercicio libre –no dosificado por un solo líder o partido oficial– de los derechos económicos y sociales. Este pluralismo institucionalizado no existía antes de 1990.
En el plano del Estado se crearon organismos autónomos y reguladores, como INAI, Coneval, Cofetel, CRE, FGR y ASF, que se sumaron a la CNDH, al Banco de México y a las universidades autónomas. Gracias a la gobernanza plural que brotó de las urnas de 1997 en adelante, se dividieron realmente los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y esas instituciones se insertaron como coadyuvantes para regular el poder político y algunos aspectos del poder económico, como la competencia en los mercados, la protección del consumidor y el fomento de las energías limpias, entre otros. Se creó también el Sistema Nacional Anticorrupción (aunque se interrumpió su puesta en marcha) para erradicar ese cáncer centenario.
Pero en 2018 llegó al poder un partido político que presenta a estas instituciones como la obra de una conspiración malévola del “neoliberalismo” y se dio a la tarea de desobedecerlas, circunvalarlas o destruirlas. También ha minado sus fundamentos mediante restricciones presupuestales y legislativas, o incumpliendo la obligación de integrarlas, acompañando estas acciones de la justificación populista típica: “el Estado soy yo porque personifico al pueblo”. Ha conseguido eliminarlas, junto con la división de poderes, e imponer un centralismo vertical de facto, que ha injertado en la Constitución.
¿Qué hizo posible esta destrucción de las instituciones construidas mediante el diálogo entre las diferentes fuerzas políticas? ¿Qué falló en la institucionalidad creada a partir de 1996 para que un actor decididamente regresivo y autoritario alcanzara tal poder para encabezar el retroceso democrático? Poniendo aparte por ahora los múltiples errores y transgresiones a la ley de gobiernos, partidos, legisladores y jueces antes de 2018 –y sin demérito de los aciertos, que también han sido muchos–, se puede afirmar que el poder presidencial no fue sometido a una reforma suficiente y consistente, y que ni los poderes legislativo y judicial ni la federación (la conjunción de municipios, estados y gobierno nacional), fueron dotados de las obligaciones y facultades suficientes en un Estado democrático.
Aun con estas limitaciones era posible favorecer el crecimiento de una ciudadanía democrática que desmontase el aparato de la cultura patrimonialista y clientelar. Pero en la transición democrática, el ciudadano no era la figura central del ejercicio del poder. Lo eran las élites tradicionales y sus nuevos habitantes partidarios, incluido el nuevo partido Movimiento de Regeneración Nacional, creado en 2014. Fomentar una ciudadanía robusta y poderosa capaz de beneficiarse de las nuevas instituciones no fue un objetivo prioritario de la “nueva” clase política.
El cambio de las reglas de acceso al poder fue un gran avance, pero también sirvió para el gatopardismo; ocultó la voluntad de diferentes actores decisivos para conservar muchas de las viejas reglas y llevar a los puestos de mando el patrimonialismo y la impunidad. El descontento con el comportamiento de los políticos y los partidos es el resultado de esta combinación desafortunada. La reforma del régimen electoral permitió a nuevos actores llegar a los gobiernos, pero en ausencia de un cambio de reglas para ejercer el poder, se condujeron de manera similar a los políticos del sistema de partido casi único: corrupción, impunidad y autoservicio. Solo que esta vez sin el control centralizado de la dupla partido-presidente, eje central de la hegemonía abandonada.
El hartazgo ante la corrupción a cielo abierto y los gobiernos mediocres llenó el vacío dejado por la clase política, que se abstuvo de una reforma democrática del Estado. Andrés Manuel López Obrador triunfó debido a que capitalizó hábilmente el castigo electoral a la indecencia del gobierno de Enrique Peña Nieto –y la no escasa de los dos gobiernos anteriores– y, aparentemente, a un pacto de impunidad para proteger al presidente saliente a cambio de impedir la derrota del entrante. Quizá algún día lo sabremos con certeza, mientras tanto las razones y evidencias que avalan su veracidad harán que el misterio subsista.
Es irónico que a lo largo de 25 años el reformismo emprendido por las élites políticas se haya concentrado en el entorno y no en los epicentros del poder, que son la fuente principal del patrimonialismo y la arbitrariedad. Mientras los principales actores desbrozaban los contornos del laberinto, el Minotauro seguía ahí sin que apareciera un Teseo. Desde luego es posible señalar que el gobierno de López Obrador fue una extensión de esa gran falla; desafió y violó la legalidad y la Constitución: “La ley no es la ley”; “por encima de la ley está la autoridad moral” –del presidente, se sobreentiende– son los lemas del obradorato para darle cimiento a su proyecto de hegemonía.
Lo peor del problema no es que el presidente actuara así, sino que no haya habido forma de detenerlo. La Fiscalía General supuestamente autónoma fue capturada por la presidencia desde antes de llegar al poder; las bancadas parlamentarias de su partido no solamente han sido leales, sino cómplices en esta captura anticonstitucional del Estado. Los yerros de los gobiernos de la transición incluyeron mantener el patrimonialismo en el ejercicio del poder. Las leyes e instituciones de rendición de cuentas fueron insuficientes para detener la sangría. Con su corrupción y mal gobierno dieron paso involuntario a que la marcha ascendente del populismo autoritario pudiera hacer tabla rasa de las instituciones de control creadas durante la transición. Su corta vida y magro desempeño no les permitió arraigarse entre la población, al menos no lo suficiente como para no ser carne de cañón de esa fuerza cuyos gobiernos han ocasionado más perjuicios que beneficios a los derechos de quienes cándidamente lo apoyan.
Además de esta gran omisión en la reforma del ejercicio del poder político, los actores principales de la transición fueron incapaces de elevar y emparejar el piso social para que la democracia política tuviera coherencia con la existencia social, como lo visualizó John Stuart Mill hace doscientos años. Mejorar las condiciones de la mayoría era indispensable para que el consenso democrático fuera sostenible, cerrando el espacio para evitar que una masa significativa de la población volviera a mirar con nostalgia los tiempos de los mitos de nacionalismo revolucionario o los delirios de la izquierda radical alucinada con el espejismo populista. Había que dar un serio giro económico –aunque fuera en el arranque de un camino sustentable y progresivo–, para asemejarse al progreso social que toda democracia sólida necesita llevar consigo. Ese giro no se dio. Era y es imposible sostener la democracia en una sociedad pobre y desigual sin el desarrollo social que implica su promesa. Y esto no es una cuestión de dádivas ni de “política social”, es un tema de acceso a la “determinación de la agenda de los asuntos públicos” que corresponde por derecho de igualdad a cada ciudadano, sea pobre, rico o mediano, como lo señaló insistentemente el gran teórico de la democracia, Robert A. Dahl.
No hubo ni ha habido pacto de reforma del Estado; no hubo el cambio de paradigma para pasar de la reforma del acceso al poder a la reforma de su ejercicio. Tampoco se empeñó la voluntad en la transformación de sus actores. Por diferentes razones y en cada coyuntura específica, los tres gobiernos posteriores a la primera alternancia evitaron reformas de hondo calado que cerraran el camino a aventureros capaces de medrar con el detritus del régimen de partido hegemónico. Las reformas fundacionales de un Estado democrático (y no solo de un régimen) eran la única manera de contener la regresión autoritaria, que es la peor suerte que puede esperar a las transiciones democráticas. Sin embargo, el vacío creado por la adaptación de los “nuevos” actores que no fueron tan “nuevos” a los “odres viejos”, que en realidad permearon su personalidad, abrió el margen de maniobra para que se hiciera del poder público la síntesis de esos despojos, epitomizada en la unión del nacionalismo revolucionario y el radicalismo delirante de una izquierda ciega por voluntad propia ante el derrumbe del “socialismo realmente existente”.
Así pues, los protagonistas del paso hacia la democracia dejaron abierto el camino a un actor dispuesto a vetar no tal o cual política, tal o cual medida, sino a la democracia en sí misma, culpando equivocadamente a esa forma de gobierno como estrictamente oligárquica y sin razonar que bajo sus eventuales gobiernos el Estado podía ser reformado democráticamente, como ya lo había sido el régimen gracias a su propia acción política. Veinticinco años de AMLO en campaña no me dejarán mentir.
¿Qué hay en el fondo de esta paradoja? La naturaleza de los pactos o acuerdos estatales que cimentaron la transición. En estos se puede encontrar que los anclajes en el pasado fueron más fuertes que la imaginación de futuro.1 La centralidad de las reformas electorales y la marginalización de las reformas de Estado, la “comunidad política” por excelencia según Weber, fueron la combinación en la que el diablo metió la cola. El régimen político, es decir, el sistema de partidos y de instituciones electorales, definió las rutas legítimas de acceso democrático al poder, pero el Estado no fue capaz de abrigar pactos suficientes ni eficientes para resolver el tema central de la democracia: la inclusión de la ciudadanía en la decisión pública por vía de la representación y la participación con permanencia de la igualdad política de mayorías y minorías. Ninguna fuerza política tuvo los alcances para conducir al Estado hacia una renovación de la comunidad política.
Esta característica de la transición no es tan accidental como podría parecer ni es fruto de la errancia de un actor solitario, sino de un cierre del sistema político en torno a élites autorreferenciales. El sistema de partidos fue creado con varias nociones en mente. Las más importantes son la decisión de privilegiar a las fuerzas políticas existentes, estrechando las posibilidades de formar otras en el futuro, y el sistema de financiamiento, predominantemente público, de los partidos políticos. La primera tenía como propósito evitar la fragmentación extrema por la multiplicación de pequeñas formaciones políticas y dificultar el paso a la aparición de nuevas alternativas de competencia electoral. La segunda se fijaba el objetivo de garantizar la vida de los partidos con registro y equidad en las contiendas electorales. Por otra parte, se buscaba la proporcionalidad representativa y, a la vez, la gobernabilidad con la sobrerrepresentación del ganador. Ambas medidas tenían la intención de impedir la ingobernabilidad y atasco de las decisiones, pero fueron el talón de Aquiles donde el proyecto autocrático de AMLO clavó su flecha envenenada. ~
- La evidencia y el argumento en forma extensa los he desarrollado en dos textos (La regla ausente –caso de México– y La democracia en América Latina–para la región en su conjunto). ↩︎
