El parlamento cubano aprobó una nueva Ley de Inversión Extranjera que autoriza la inversión foránea en casi todos los sectores, pero deja fuera la inversaión en salud, educación e instituciones armadas.
Que se dejara fuera a este sector no sorprendió a nadie, la salud desde siempre ha sido una de las principales banderas de la Revolución cubana.
Antes, en esta serie: La salud en la Revolución: La salud antes de Fidel
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El envío a prisiónde quienes desafían a la dictadura cubana es una práctica común que nació con el triunfo mismo de la Revolución. A meses de su entrada triunfal en la Habana al lado de Fidel Castro y Camilo Cienfuegos, el comandante Huber Matos, uno de los principales líderes de la guerrilla que derrocó a Batista, fue sentenciado a 20 años de cárcel, acusado de sedición. Su crimen: haber solicitado su baja del ejército y renunciar a toda responsabilidad dentro de la Revolución. En sus memorias de aquellos días, recogidas en Cómo Llegó la Noche, escribió:
“Han transcurrido diez meses desde que los revolucionarios llegamos al poder. Las perspectivas de que el líder se convierta en un tirano como no ha conocido nunca nuestro país se perfilan en el paisaje cubano”.
Buena parte de su condena, que cumplió de manera completa, la pasó en confinamiento solitario en los presidios de la Isla de Pinos, Guanajay, La Cabaña y el Castillo del Príncipe. Fue liberado en octubre de 1979 y hasta el día de su muerte, el pasado mes de febrero, dirigió en Miami el grupo anticastrista Cuba Independiente y Democrática.
Se calcula que en los primeros diez años de la Revolución fueron ejecutados entre siete y diez mil disidentes, y más de 30 mil fueron enviados a prisión o a esos campos de concentración que operaron en la provincia de Camagüey entre 1965 y 1968, las denominadas Unidades Militares de Apoyo a la Producción(UMAP). En esas unidades agrícolas productoras de tabaco y caña, manejadas por soldados iletrados, se encerró a opositores políticos del régimen, pero también a Testigos de Jehová, Adventistas del Séptimo Día, líderes religiosos, campesinos que se resistieron a la colectivización, hippies y homosexuales, los blancos de la llamada ‘depuración moral’.En su libro The Gay Cuban Nation, Emilio Bejel menciona que para la dirigencia cubana la homosexualidad era un peligro que corrompía a niños y jóvenes e impedía el surgimiento de ese ‘hombre nuevo’ del que tanto hablaron el Che Guevara y las canciones de los sumisos compositores de la Trova Cubana. Solo las duras labores agrícolas podrían acabar con ese mal. De hecho, el título de la novela de Lorenz Diefenbach que el Tercer Reich utilizó como lema en Auschwitz y otros campos de concentración (“El trabajo os hará libres”) coronaba, modificado, las puertas de entrada de algunas UMAPs: “El trabajo os hará hombres”.
Ese escandaloso experimento, denunciado por Nestor Almendros y Orlando Jiménez Leal en el documental Conducta Impropia, llegó a su fin formal en 1968, pero se retomó en los años ochenta en respuesta al surgimiento de los primeros casos de VIH/sida en la isla. Pero no fueron en esta ocasión los cuerpos de seguridad de la dictadura los directamente encargados de reimplantarlo, sino las autoridades de salud en su papel de policía sanitaria. Pocas veces, este último término, acuñado en Francia en 1350, se habría aplicado con mayor rigor.
Los primeros casos de sida en Cuba se diagnosticaron en 1985, la mayoría de ellos en hombres heterosexuales que regresaban de misiones militares en África. Todos fueron recluidos en el Hospital Naval nacional.
El número de infectados, sin embargo, empezó a crecer al poco tiempo, sobre todo entre la población de civiles homosexuales y bisexuales.
La respuesta oficial no tardó en llegar. En 1986 el gobierno cubano, tan inclinado a las soluciones totalitarias, volvió obligatorios la prueba de detección de VIH y el aislamiento indefinido de los portadores del virus en ‘sanatorios’ vigilados por personal militar. El primero y más famoso fue la finca “Los Cocos” en Santiago de las Vegas, pero llegó haber hasta 14 de estos reclusorios. Los internos contaban con habitaciones confortables, y recibían un trato razonable, una buena alimentación y una atención médica aceptable, pero su libertad estaba severamente restringida. Eran, en palabras de Rafael Saumell, a la vez pacientes y rehenes del Estado.
Las autoridades de salud cubanas aseguraron durante años que la adopción de esa medida se había basado en sólidos principios de salud pública y que su objetivo no era otro que detener la diseminación del virus. De hecho, este objetivo se cumplió. Cuba tiene una de las prevalencias de VIH en adultos más bajas del planeta. Pero también es el único país en el mundo en donde las pruebas de detección de VIH son obligatorias y en donde, hasta hace poco, se encerraba a los portadores del virus. En una visita que hizo a Cuba en 1988, Ronald Bayer, experto en VIH/sida de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Columbia, preguntó: “¿Qué tanta privación de la libertad están dispuestos a tolerar para eliminar el riesgo de contagio?” La respuesta a esta pregunta es obvia: “Tanta como sea necesaria”, porque la privación de la libertad nunca le ha generado conflictos de conciencia a la dirigencia cubana, sobre todo cuando se trata de la libertad de aquellos que manifiestan preferencias sexuales atípicas. En “Los laberintos del fracaso”, un texto publicado en La Jornada Semanal en 1996, Regis Debray señala. “Pureza de los ángeles exterminadores: el Che, como Fidel, nunca toleró a su alrededor a homosexuales, desviados o ‘corruptos’”.
En 1988, las autoridades cubanas, presionadas por la comunidad internacional, relajaron las restricciones de la movilidad de los portadores de VIH y los enfermos de sida. En 1993 las puertas de esos reclusorios se abrieron y la atención ambulatoria se volvió la norma. A la fecha, solo subsisten cuatro de aquellos sanatorios y la población de internos se ha reducido considerablemente. Sin embargo, el estigma, la persecución y el control persisten. Un portador de VIH entrevistado en la Habana por la revista The Body señaló: “En Cuba hay una falta general de libertad, pero la cosa se pone más dura para el VIH-positivo. Las autoridades nos ven como una amenaza”.
Investigador del Centro de Investigación en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública.
