Una de las promesas de campaña del presidente Donald Trump fue la de confiscar las remesas a México. En 2016, el total de las remesas sumó casi veinticuatro millardos de dólares, equivalente al 2% del PIB nacional, según el Banco Mundial. Más allá del total, su impacto real está en su contribución al gasto diario de muchas de las familias mexicanas de escasos recursos. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, las remesas se destinan principalmente al pago de alimentos, transporte, vestido y educación. Las posibilidades y el impacto de lo planteado por Trump pueden ser analizados desde varios puntos de vista.
Legalmente sería anticonstitucional confiscar activos financieros o dinero de alguien sin una orden judicial o evidencia de obtención criminal de dichos recursos; mucho menos si dicha presunción se basa en la nacionalidad de origen de su tenedor o en su estado migratorio legal. También sería legalmente cuestionable imponer un impuesto al monto de la remesa con argumentos de defensa de la propiedad privada y de doble tributación.
Menos complejo es aplicar un impuesto sobre la cuota de la transacción, mismo que se pudiera hacer extensivo a las transferencias bancarias. Según expertos de la industria, el impacto del impuesto sobre la cuota no sería apreciable en la remesa recibida, ya que por el tipo de cambio actual el destinatario recibiría igual o más pesos que antes. Además, esta modificación tendría que ser aplicable a todas las remesas salientes de Estados Unidos, y no solamente a las destinadas a México. El impuesto se podría implantar localmente, como ya se hace en Oklahoma. Por medio de este impuesto, se podrían recabar unos setecientos millones de dólares anuales (por todas las remesas desde Estados Unidos), lo que implica que se necesitarían treinta años para amortizar el costo del muro.
Desde un punto de vista migratorio, Donald Trump ha ordenado la deportación de aquellos migrantes indocumentados que hayan cometido crímenes. Según el Migration Policy Institute, cerca de la mitad de los mexicanos en Estados Unidos (6.1 millones) podría ser deportada; de ella, el 7% tiene mayores probabilidades de deportación por tener antecedentes de crímenes serios. En caso de deportación, ya sea de 450 mil o de los 6.1 millones, el impacto sería en las familias mexicanas que necesitarían alguna compensación a su ingreso. El costo y la dificultad para deportar a los 6.1 millones son de proporciones enormes.
Otros posibles efectos de una medida como la anunciada serían la pérdida de confianza en el sistema financiero de Estados Unidos (que permite a migrantes y turistas abrir cuentas bancarias sin contar con residencia permanente), así como la creación de un mercado negro para el envío y transporte de remesas. Ello si se obliga a los migrantes a presentar alguna identificación oficial que acredite su residencia legal en Estados Unidos. Una disposición en este sentido convertiría a los empleados financieros en inspectores migratorios, lo que lo hace difícil de implantar a nivel legal.
Es importante señalar que los activos de los mexicanos deportados difícilmente podrían ser confiscados por las autoridades, a menos que se tenga evidencia de su obtención ilegal. En el caso de los deportados, esta condición no afectaría su capacidad de acceso a sus cuentas bancarias, las cuales podrían seguir siendo consultadas y operadas a distancia. Será necesario, en todo caso, redoblar esfuerzos en educación financiera y en el uso de las herramientas digitales. ~
Fue subsecretario para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores entre 2013 y 2015. Actualmente es presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, Comexi.
