En tiempos recientes, según reportes:
• El Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional [con] su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes.
• Estas políticas van acompañadas de una retórica pública, utilizada también por autoridades de alto rango, que desacredita y ataca de manera constante a quienes critican al Gobierno o se oponen a él.
• La oposición política, los activistas de derechos humanos y los periodistas, entre otros, son con frecuencia blanco de discursos que los tildan de “traidores” y “agentes desestabilizadores”.
• Los medios de comunicación progubernamentales difunden ampliamente esta retórica.
• Las autoridades han atacado especialmente a determinadas personas y grupos, entre ellos a miembros de la oposición política y a quienes se considera que constituyen amenazas para el Gobierno por su capacidad para articular posiciones críticas y movilizar a otras personas.
Cualquier sensible lector se habría confundido, pues ya se empieza a advertir en el aire esa pulsión. Pero no me refiero al gobierno mexicano. Son citas directas del alarmante Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela –el llamado Informe Bachelet–, que ha reconfirmado lo que desde hace años se denuncia sobre el Estado totalitario bolivariano. Afortunadamente es solo en estos párrafos de la sección sobre libertad de prensa (hay muchas otras dedicadas a la salud, la alimentación y la democracia) donde un mexicano podría leer una advertencia. Los siguientes hechos son por el momento lejanos:
• Han tenido que cerrar docenas de medios impresos y el Gobierno clausuró emisoras de radio e hizo que dejaran de emitir canales de televisión.
• Aumentaron las detenciones de periodistas, incluyendo de periodistas extranjeros quienes fueron expulsados o dejaron el país inmediatamente después de su liberación.
• Actualmente hay centenares de periodistas venezolanos exiliados. Internet y las redes sociales se han convertido en los principales medios de comunicación e información de la población, limitando aún más el acceso a la información independiente de las personas que no tienen acceso a internet.
• La velocidad de la internet está disminuyendo paulatinamente, incluyendo por la falta de inversión en infraestructura. Asimismo, en los años recientes, el Gobierno ha bloqueado sitios web de noticias independientes y ha bloqueado regularmente las principales redes sociales.
• El ACNUDH documentó varios casos de detenciones arbitrarias de personas por expresar opiniones en redes sociales. En los últimos diez años, la ONG Espacio Público ha registrado detenciones arbitrarias y cargos penales contra 55 personas por publicaciones en medios sociales – 24 de ellos en 2018.
Pero si algo sugiere el Informe es que los ataques a la libertad de expresión han ido en aumento en (al menos) los últimos dos años. Sabemos que el poder es expansivo por naturaleza y jamás se autocontiene. En el populismo autoritario, esa inercia encuentra rienda suelta. Y en Venezuela, lo que empezó con discursitos de apariencia inocua sobre adversarios y traidores desde el púlpito presidencial terminó en terror.
Que nadie acuse a un mexicano de exagerar. Lo ingenuo es subestimar.
Es periodista, articulista y editor digital
