Para mi abuelo Ovías, de su rorra.
Hasta ahora, las redes sociales han gozado de una amplia inmunidad editorial respecto de lo que publican sus usuarios, ya que son consideradas intermediarios que facilitan la difusión de contenido. De un tiempo acá, las empresas de redes sociales habían moderado tímidamente las publicaciones de los usuarios para evitar propagar desinformación. Sin embargo, Twitter endureció más su estrategia para combatirla, lo que la llevó a enfrentarse con Donald Trump. Como consecuencia, las redes sociales podrían ser despojadas de su inmunidad, lo cual podría transformarlas en algo distinto a lo que conocemos.
Todo empezó el 26 de mayo, cuando Donald Trump tuiteó que las boletas electorales enviadas por correo electrónico conducirían a un fraude electoral en California. Twitter puso una etiqueta de advertencia en ese tuit, que llevaba a los lectores a una página donde se explicaban las razones por las que se trataba de una afirmación insubstancial que podía confundir a los votantes. En respuesta, Trump anunció que emitiría una orden ejecutiva para quitar a las redes sociales la protección respecto de la responsabilidad editorial.
La orden, emitida dos días después, dice que lo que define como “plataformas en línea” llevan a cabo “censura selectiva”, ya que actúan arbitrariamente al marcar o borrar publicaciones de los usuarios sin darles previo aviso o sin que exista un recurso al respecto. Estas acciones, dice, tienen un claro sesgo político y dañan “ el discurso nacional”. En ese punto, parece que Trump busca que no se modere el contenido político. Sin embargo, también menciona que si las llamadas plataformas en línea restringen contenido, entonces realizan una labor editorial y, por tanto, pueden tener responsabilidad editorial, lo cual es contradictorio, pues dicha responsabilidad implicaría mucha mayor moderación de contenido.
La orden añade que la inmunidad que les otorga lo que se conoce como la sección 230 de la Communications Decency Act se ha distorsionado para permitir que se eliminen posturas políticamente diversas, cuando las plataformas no deben coartar la libertad de expresión, porque son el equivalente virtual a las plazas públicas en las que los ciudadanos pueden expresarse libremente. Como consecuencia de esta orden, se deben emitir las regulaciones necesarias para prohibir lo que él tacha de “prácticas injustas y engañosas” en las que se suprima contenido como consecuencia de una postura política. Esto ha desatado una gran polémica, pues podría hacer responsables a las redes por el contenido que publiquen sus usuarios.
La orden ejecutiva podría parecer más bien una represalia ante el desmentido publicado por Twitter, a pesar de que durante largo tiempo los gobiernos y la sociedad civil han pedido a las redes sociales que moderen el contenido . Hace un par de años, Facebook puso sobre la mesa una iniciativa para combatir la desinformación, manteniendo la postura consistente de que no es un “árbitro de la verdad”. En este diagrama se observa la forma en la que esta empresa busca evitar la proliferación de desinformación. Twitter también cuenta con términos que prohíben la manipulación de la plataforma. La compañía ya había anunciado que marcaría tuits emitidos por líderes políticos que violaran sus Términos y Condiciones que, al igual que los de Facebook y Alphabet, se aplican en forma global. Contrario a lo que mencionó Trump, las redes sí ofrecen recursos para apelar la suspensión o el cierre de cuentas, aunque no hay forma de apelar los tuits marcados.
La Communications Decency Act forma parte del área de telecomunicaciones del Código de Estados Unidos y fue emitida en 1996 como respuesta a la controversia relativa a si los “servicios interactivos de computación”, como entonces se les conocía, debían tener responsabilidad editorial, es decir, si debían ser sujetos a responsabilidad civil por lo que publicaran sus usuarios.
Este ordenamiento jurídico les otorgó inmunidad para que no fueran considerados editores del contenido publicado por sus usuarios y para que pudieran borrar o restringir contenido ofensivo, es decir, aquel considerado “obsceno, procaz, lascivo, sucio, excesivamente violento, acosador u objetable de cualquier otra forma”. Los problemas que se vislumbraban en aquel año eran la pornografía, la protección de los menores frente al contenido inapropiado y los derechos de autor, así que las obligaciones para observar las leyes en esos temas quedaron intocadas. Esto implica que la Sección 230 de la Communications Decency Act no otorga inmunidad editorial total a los servicios interactivos de computación: por eso, si subes un video que pueda violar derechos de autor o una foto mostrando pezones femeninos u otro tipo de desnudez, te lo bajan.
Lejos estaba la idea de la manipulación de audiencias para fines políticos, aunque eso bien podría entrar en contenido “objetable de cualquier otra forma” si se relaciona con la forma en la que los términos y condiciones estipulan que se identicará la desinformación, así como las consecuencias para esas publicaciones. Una de las dificultades de la moderación de contenido consiste precisamente en llevarla a cabo en apego a los términos y condiciones, cuyo alcance también fue criticado en la orden emitida por Trump. Esa es, en parte, la razón por la que las redes sociales han insistido en que solo son intermediarios, meros facilitadores para la publicación de contenido por parte de los usuarios.
El efecto de la orden ejecutiva dependerá de las regulaciones y medidas concretas por las que se obligue a acatarla. Pero, a decir de Mark Zuckerberg, podría limitar la libertad de expresión, al poner a las plataformas en la posición de tener responsabilidad legal por lo que los usuarios publiquen en ellas. Pero también podría llevar a prohibir la moderación de contenido, lo cual serviría a los propósitos de Trump y permitiría una mayor proliferación de desinformación. A pesar de todo, Twitter ha seguido poniendo en práctica su política y marcó, días después, otro de los tuits del presidente, emitido en el contexto de las protestas derivadas del asesinato de George Floyd, por glorificar la violencia. La misma publicación se encuentra en Facebook e Instagram, sin que haya sido señalada, ocultada o eliminada en razón de la libertad de expresión, según señaló Zuckerberg.
Trump insiste en restarle valor a la veracidad de los hechos, los confunde con opiniones y pasa de largo aquellas basadas en hechos falsos, que también son desinformación. A la vez, dice que las fake news son el enemigo y que si las redes se purgaran de ellas, CNN desaparecería. Por ello es importante el reporte emitido por la Cámara de los Comunes de Reino Unido, que recomendó usar el término “desinformación” en lugar de fake news, ya que “ese término ha sido empleado para describir contenido con el que el receptor no está de acuerdo o simplemente no le gusta”. El reporte pone el ejemplo del propio Trump, quien ha descrito a ciertos medios de comunicación como “medios de fake news” y “verdaderos enemigos de la gente”. Esta negación de hechos ciertos y verdades objetivas, así como la búsqueda de hechos alternativos que den soporte a un sistema de creencias, generalmente supremacistas, es lo que Lee McIntyre llama posverdad.
Aunque en México no existen regulaciones específicas como la sección 230 de la Communications Decency Act, las redes sociales mantienen una postura global homogénea respecto de que son intermediarios del contenido que publican sus usuarios en el contexto de la libertad de expresión. Para combatir la plaga de la desinformación se han realizado distintos esfuerzos desde el periodismo (como El sabueso, de Animal Político). Ejemplos similares hay en todo el mundo. La manipulación de audiencias a través de la desinformación daña la democracia y nos distrae del fondo del debate, como han expuesto autores como Phillip Howard. Aunque la manipulación de audiencias y la propaganda política no son un tema nuevo, lo novedoso es el medio que se utiliza para propagar y amplificar esas acciones. ¿Se deberían limitar o regular los esfuerzos para exponer la desinformación? ¿Es la responsabilidad editorial la única o la mejor vía para contener este producto involuntario de las redes sociales como vehículo de expresión de sus usuarios?
La responsabilidad editorial parece ser una solución obsoleta para la actividad que realizan las redes, pues insiste en querer encasillar a estos nuevos actores en el mismo saco que los medios tradicionales. Los esfuerzos que se hagan para combatir la desinformación no deberían ser desalentados a través de represalias legislativas absurdas, y más bien se debería favorecer que las redes sociales tomen un papel más activo al respecto, para evitar que el foro público que brindan sea aprovechado para manipular la discusión. ¿Qué nivel de debate podríamos tener si se fomenta el relativismo y la negación de evidencia científica?
Nació el mismo año que se estrenó Blade Runner. Abogada, especialista en tecnología y protección de datos.
