Se cumplen dos meses desde que un autoelegido Consejo Estudiantil de Lucha (CEL) se apoderó de varias instalaciones de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). A nombre de la democracia, desde luego.
Hay quince mil estudiantes y maestros a los que se despojó de su derecho a tomar o impartir clases y de su derecho a organizar sus vidas. Hay 400 millones de pesos desperdiciados, equipo dañado, investigaciones estropeadas. La situación es a tal grado absurda que, aun si se recuperasen los edificios, el segundo semestre de 2012 tendría que cumplirse en el 2013. La UACM tendría que vivir con el reloj atrasado un año.
Apoderarse de los edificios es ponerlos al servicio no de aquello para lo que fueron creados, sino para los intereses privados de sus dominadores (en este caso, forzar la renuncia de la rectora Orozco y otorgarle su sitio a un rector más “democrático”). Se trata, en suma, de la privatización de un espacio público. Paradójico, pues con la excusa de preservar el “proyecto” de la UACM, se ha expulsado de su sede a la UACM, con todo y su proyecto.
Como todo en México da vueltas, repito argumentos que ya sostuve cuando hace doce años mi universidad vivió la misma situación (porque en México no conocemos la historia para impedir que se repita: la ignoramos para que se repita cuantas veces sea posible).
Apoderarse de instalaciones universitarias es fácil. Una táctica casi obligada en las discordias por el control de las instituciones educativas. La posesión de los edificios supone la apropiación de un poder que, sin esa posesión, no sería poder, o sería un poder como los otros, condenado a la crítica y al diálogo, como todos los mortales. Tomar los edificios incluye anular la igualdad entre quienes sostienen posturas contradictorias.
La posesión de los edificios es una coerción sobre los otros, es decir, la imposición de una desigualdad: una degradación de los otros. Esto es especialmente grave en una universidad cuyo proyecto dice que es democrática. Una metonimia fetichista convence a los activistas de que poseer los edificios equivale a poseer la razón. Dirían: nuestro poder es más poder y nuestra razón más razón que la de aquellos que carecen de una fuerza similar. La posesión de un inmueble genera una aristocracia de facto.
No sólo es fácil tomar edificios: es seguro. Desde 1973, cuando González Casanova decidió que la policía no podía entrar a la Ciudad Universitaria a apresar a dos “activistas” delirantes que tuvieron tomada un mes la rectoría y se paseaban armados por CU, los expropiadores de bienes inmuebles universitarios saben que tienen a su favor la cautela de las autoridades a pasar por “represoras”. ¿Quién lo diría? La sombra de 1968 ha terminado por otorgar una patente de corso a quienes, por la fuerza, deciden ser más iguales que sus iguales.
Como ha habido ocasiones en que, a pesar de ello, la policía ha recuperado los edificios para las universidades –con el rector Guillermo Soberón en 1973; con el presidente Zedillo en 2000– no extraña que esta vez los privatizadores hayan incluido entre sus “demandas” la garantía “por escrito” de que no se pediría a la fuerza pública la recuperación de los edificios. A esto accedió de inmediato el secretario de educación del DF, Salvador Martínez della Rocca, quien además anunció que se “desecharán” las actas “para que no existan antecedentes penales” en el historial de los activistas (me pregunto si con la autoridad legal para decidirlo).
Los activistas que se apoderan de los edificios de instituciones educativas se otorgan a sí mismos una “cláusula de desalojo” que ponen en práctica cuando lo desean, impunemente y, en este caso, hasta con garantías. Las instituciones, así, acaban de rehenes de una minoría que se ostenta como su salvaguarda. La paradoja es desquiciante: otorgarse el privilegio de clausurar las instituciones para salvar las instituciones.
Es un escritor, editorialista y académico, especialista en poesía mexicana moderna.
