Tras la publicación de la entrevista que el New York Times hizo al presidente Calderón, el debate sobre si el gobierno debe pactar o no con las bandas del crimen organizado tomó nuevos bríos. El argumento más socorrido es que, dado el entorno de violencia, el gobierno debería hacer lo que hacía antes: negociar con el crimen organizado y permitirles operar a cambio de que no incurran en actos violentos en contra de la ciudadanía.
Sin embargo, este llamado a la negociación hace oídos sordos a la corrupción implícita del argumento e ignora los cambios que el mercado de drogas ilegales en México ha sufrido en los últimos años. Hasta finales del siglo pasado en nuestro país existía un número reducido de organizaciones criminales (Arellano Félix, Sinaloa, Juárez y Golfo) dedicadas, primordialmente, a trasladar cocaína a través del territorio nacional hasta Estados Unidos, además de producir una cantidad moderada de marihuana y heroína. Para realizar estas actividades ilegales hacían uso de la violencia, sí; pero de manera puntual y estratégica ya que cualquier exceso atraía la atención de las fuerzas del Estado que, en ese entonces, sostenían el monopolio indiscutible del uso de la fuerza a través del ejército y de la hoy extinta Policía Judicial Federal. Más aun, la centralización del poder que caracterizó a nuestro país durante tantas décadas fue sin duda un componente importante para la operación de las bandas criminales ya que, como lo ha establecido Luis Astorga, requerían del permiso de los gobernadores y la colusión de la Policía Judicial o de las Fuerzas Armadas para operar.
El proceso de descentralización del poder iniciado en la década de los noventa (y que cristalizó en el año 2000), el boom del mercado de drogas sintéticas, el inicio de pago en especie de los organizaciones criminales colombianas a las mexicanas, así como el incremento de las medidas de seguridad en la frontera con Estados Unidos después de los atentados terroristas del 11 de septiembre, también contribuyeron a generar una transformación fundamental en el mercado ilegal de drogas en México.
Hoy más de una docena de organizaciones criminales se disputan el trasiego de drogas hacia Estados Unidos (y el mundo) y el mercado de consumo interno en México. La disputa por las altas ganancias económicas que este mercado genera ha hecho que las organizaciones criminales utilicen la violencia de manera indiscriminada. Mediatizar esta violencia ha sido fundamental para intimidar a oponentes, fuerzas del orden y ciudadanía, además ha sido una herramienta fundamental para expandirse hacia otras actividades ilícitas como el secuestro, la extorsión y la trata de personas. Aunado a esto, está la creciente capacidad de fuego que estas organizaciones criminales han obtenido, en gran medida gracias a la disponibilidad de rifles de asalto en Estados Unidos.
Estamos frente a un escenario que no solo ha multiplicado el número de organizaciones criminales, sino que estas han expandido sus actividades para controlar las ganancias económicas del mercado de drogas y cuya capacidad de fuego constituye un serio desafío al monopolio del uso de fuerza del gobierno federal, y que ha sobrepasado el estatal y local.
Por otro lado –y si negociar fuera pensable– una negociación requiere que cuando una de las partes rompe el acuerdo, la otra tenga la capacidad de coaccionarla y hacerla cumplir su parte del trato. Hace un par de décadas cuando el mercado de drogas ilegales se focalizaba en el trasiego y en la producción, el Estado tenía la capacidad de coaccionar a las organizaciones criminales que rompían los acuerdos. Sin embargo, en un entorno en el que las organizaciones criminales han incrementado su capacidad de fuego y el monopolio de la fuerza del Estado está siendo disputado por las organizaciones criminales, ¿Cómo podría una autoridad gubernamental negociar con una contraparte que tiene capacidades similares o incluso superiores de fuerza ante un rompimiento del acuerdo? ¿Qué incentivos podría ofrecer una autoridad gubernamental para entablar una negociación? ¿Qué pasa si no todas las organizaciones quieren negociar? Más aun, ¿cómo impedir que las que hayan entrado en la negociación rompan el acuerdo para obtener más ganancias económicas o que las que no hayan decidido participar afecten el acuerdo de las otras con la autoridad? ¿La negociación comprendería estados, municipios, colonias y calles de operación? ¿Qué garantías podría ofrecer el Estado de los acuerdos de operación fueran respetados por todos los organizaciones criminales?
Las preguntas anteriores hacen que la posible negociación entre el gobierno mexicano y el crimen organizado sea un embuste. Cualquier acción en esta dirección tendría como resultado que nuestro país continúe en la situación en la que se encuentra: inmerso en la violencia.
Politólogo mexicano interesado en las políticas públicas de seguridad. Ha trabajado en el gobierno federal y como consultor en temas de seguridad, inteligencia y políticas públicas.
