“La guerra global a las drogas ha fracasado” reza la primera frase del Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas presentado el pasado 2 de junio, tras años de trabajo y múltiples líneas de investigación. Tal vez la enorme relevancia de esta sentencia no provenga tanto de la claridad y contundencia con que se expresa, sino de quienes, reunidos en esta Comisión, la han comunicado. Casi todos los integrantes son funcionarios o ex funcionarios públicos del alto nivel, entre ellos se cuenta a ex presidentes de Suiza, Colombia, Brasil y México, a los que alguna vez fueron Altos Comisionados, dirigentes o relatores especiales de la ONU, a los ex secretarios de Estado de Alemania y Estados Unidos, y a empresarios, banqueros e intelectuales (Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa) de talla mundial.
La explicación de este fracaso es tan multidimensional como el fracaso mismo; el documento es un análisis ‘informado y con bases científicas’, que busca romper con tabús, abrir nuevas líneas de debate y cambiar el enfoque con que se ha tratado el problema de las drogas. Este problema, muy a menudo, se ha concebido como un bloque de actos ilícitos todos e ilegales en su mayoría de producción – distribución – transporte – venta y consumo de sustancias naturales o procesadas para aturdirse, prenderse, alivianarse, o reventarse cuerpo y mente juntos. Así que el primer acierto del Informe es el de reconocer el fracaso de una guerra llevada también en bloque contra un fenómeno tan complejo, desde un enfoque único que es el de la represión y la criminalización de actos y actores, y con un liderazgo casi único como ha sido el de Estados Unidos mediante su “certificación” en el combate a las drogas.
Antes de hacer cualquier recomendación, el Informe reflexiona acerca de los conceptos y los prejuicios que se han articulado alrededor del problema. En primer lugar, lo que usualmente se concibe como "exitoso" en esta guerra y que tiene que ver sobre todo con los arsenales confiscados, los kilos de polvo, hierba y líquidos decomisados, las decenas o cientos –o como en México, las decenas de miles- de asesinatos, arrestos, o encarcelamientos. Pero más que discutir la eficacia y la legitimidad de tal enfoque, el documento prefiere señalar la poca o nula reducción de daños que se pueden observar a lo largo del tiempo: daños en salud, en desarrollo (individual y social), e incluso seguridad. Solo en contados países, por ejemplo, se ha podido controlar la incidencia de VIH en usuarios de drogas intravenosas; y en general se tiende a dar el mismo tratamiento judicial a un delincuente que vende o distribuye drogas para costearse su propia adicción, que a uno que no es adicto y que además vende cantidades más cuantiosas en redes más extensas, o a una víctima que ha sido obligada a contrabandear como es el caso de los niños y de las mujeres frecuentemente. Tampoco se ha logrado vencer el estereotipo de las personas que se drogan como personas amorales, perniciosas o problemáticas –cuando de los 250 millones de usuarios en el mundo menos de 10% es considerado un ‘dependiente problemático’– ni el estereotipo del productor violento, cruel y próspero, cuando la mayoría de quienes cultivan hoja de coca o cannabis son pequeños agricultores procurándose el sustento familiar. No se ha entendido, por otro lado, que las campañas de prevención de adicciones deben ser mucho más focalizadas, y creativas, y que la prohibición o la severidad de las sanciones no disuaden ni el consumo ni la venta o la producción. Se señalan finalmente resultados pobres en los modelos de atención a personas con adicciones, obviándose el estrés psíquico y físico que implica la abstinencia de sustancias adictivas u obviándose incluso el respeto a los derechos humanos básicos como la dignidad, la libertad o la vida misma.
Desde este punto de vista, hay de productores a productores, de vendedores a vendedores y de consumidores a consumidores. Es un argumento que hila más fino, que invita a la voluntad política y a la reflexión colectiva sobre cómo se podría tratar en formas diferenciadas y contundentes la dinámica multifactorial del mundo de las drogas. Desde este punto de vista, parte de las recomendaciones, y las que por supuesto han causado más controversia, son la descriminalización de los consumidores no infractores de otras leyes y la regulación legal de los pequeños productores y narcomenudistas no pertenecientes al crimen organizado.
La respuesta del gobierno mexicano por ejemplo ha sido, además de breve, defensora de la estrategia armada y del gasto en seguridad pública: "la legalización no termina con la delincuencia organizada ni con su rivalidad y violencia". Es cierto que el crimen organizado no solamente se involucra en el tráfico de drogas, y que su existencia no depende del mercado negro de narcóticos, pero según la propia Comisión, el hecho que se siga una estrategia de represión y prohibición sistemática resulta en mayores niveles de corrupción, intimidación y violencia en general. Al menos en México, el crimen organizado tiene tantos medios para armarse como el propio Ejército y la tesis de la “carrera armamentista” entre agencias del orden público y mafias se sostiene. Es acertada entonces la petición del gobierno de separar el debate sobre la legalización de las drogas y el del combate a la inseguridad. Pero “abatir” al crimen organizado no parece ser la intención de la Comisión Global al proponer la descriminalización y despenalización de sustancias como la cannabis o la hoja de coca. Cualquiera que haya leído el Informe habrá entendido que se reprocha al enfoque policiaco represivo-prohibitivo no haber logrado nada, y se invita a adoptar, o por lo menos a reflexionar, un esquema que nos permita reducir el número de muertos, que haga de los retenes militares y policiacos lugares más certeros y seguros, que impida que la demanda de drogas siga incrementándose como lo ha hecho y que la oferta esté cada vez más empapada en sangre.
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Socióloga, maestra en Estudios Políticos, asesora de desarrollo social y bloguera.
