El lunes 8 de noviembre, mientras el presidente volaba con destino a Nueva York, la Secretaría de Salud impugnó ante tribunales la resolución que ordenó al gobierno federal incluir en el Plan Nacional de Vacunación contra la covid-19 a los menores de edad de entre 12 y 17 años. Y al día siguiente, mientras López Obrador fungía como orador inicial en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, padres de familia de menores de edad se manifestaron a las afueras del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para exigir el acceso a la salud a sus hijos.
Sin embargo, la renuncia de Santiago Nieto como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP acaparó la conversación pública. Como se sabe, la renuncia fue consecuencia del escándalo mediático que desató la boda de Nieto con Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral, tanto por la suntuosidad de la ceremonia como por la incautación de 35 mil dólares en efectivo por autoridades aduanales guatemaltecas a invitados que acudían en un vuelo privado a la boda.
Viajaba con ellos la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix Díaz, que fue la primera en caer por contravenir la “política de austeridad” –que, junto con el combate a la corrupción, es uno de los dos pilares del proyecto de la actual administración– al viajar en avión privado. Claudia Sheinbaum dio por terminado el asunto aceptando la renuncia, sin hacer mención ni de la responsabilidad administrativa en que incurrió la exfuncionaria al ausentarse de la ciudad mientras se llevaba a cabo una de las principales actividades de su cargo (la celebración de la Fórmula Uno en el Autódromo Hermanos Rodríguez) ni de las circunstancias que rodearon a esta ausencia, justificada o no.
Tampoco se le dio especial relevancia al conflicto de interés y posible tráfico de influencias que el viaje dejó al descubierto, dada la relación que la exsecretaria de Turismo guarda con uno de sus proveedores, Alejandro Gou, a quien ella misma adjudicó de manera directa un contrato para realizar el desfile de Día de Muertos en la capital de México. Para el gobierno de la Ciudad de México, el combate a la corrupción queda supeditado al mantenimiento de la austeridad simulada.
La renuncia de Santiago Nieto no le pide nada a la de Félix Díaz en cuanto a incongruencia e hipocresía se refiere. En primer lugar, porque no parte de la ética propia de un servidor público que, siendo el encargado de prevenir y sancionar los delitos por lavado de dinero entre otros, contrajo matrimonio con una consejera del Instituto Nacional Electoral, que tiene entre sus facultades la fiscalización de los gastos y recursos financieros de candidatos y partidos políticos. Este conflicto de interés –por el probable intercambio de información entre el encargado de liderar investigaciones en el máximo secreto por el seguimiento de las operaciones y recursos a investigar y la consejera con acceso directo a los reportes de gastos e ingresos de los partidos– no habría podido ser subsanado por la mera declaración del mismo, dada la delicada y particularmente grave naturaleza del objeto de la propia UIF.
Tampoco renuncia por la adquisición del nuevo matrimonio de una casa “aspiracionista” valuada en 24 millones de pesos, para el establecimiento del nada austero hogar conyugal. Ni porque entre los asistentes a la boda se encontraban personajes relevantes que forman parte de los partidos “neoliberales” que, según el presidente, son los causantes de todos los males de México. La renuncia obedece a que López Obrador calificó como “asunto escandaloso” la revelación de los datos sobre el lujo en que se llevó a cabo el enlace matrimonial en Guatemala. Por lo visto, para la presente administración no es problema que haya funcionarios de primer nivel que no viven bajo las reglas de la supuesta “austeridad” que pregona Andrés Manuel: el verdadero problema es que la farsa sea expuesta.
Para colmo, este escándalo ha mostrado que existen privilegios en el régimen que ha hecho del desprecio de los privilegios su perorata constante. Mientras Santiago Nieto renunció a su posición en el actual gobierno porque su forma de vida opulenta fue exhibida, Manuel Bartlett sigue siendo director de la Comisión Federal de Electricidad tres años después de que una investigación periodística revelara la existencia de numerosas propiedades a nombre de su pareja y sus hijos, que no fueron mencionadas en su declaración patrimonial. La opulencia, la impunidad, la simulación y la corrupción (por incompetencia, ineptitud, tráfico de influencias o conflicto de interés) son características ya innegables de los gobiernos emanados del partido en el poder, tanto a nivel federal como estatal.
En la puesta en escena de la autodenominada “Cuarta Transformación”, lo verdaderamente relevante sucede en los entretelones. Mientras el presidente decide condenar ante el Consejo de Seguridad la corrupción de aquellos que esconden fortunas en paraísos fiscales, el ex consejero jurídico de la presidencia de la república, Julio Scherer; el actual secretario de comunicaciones y transportes, Jorge Arganis Díaz Leal o el Senador por Morena Armando Guadiana aparecen involucrados en la reciente revelación de los “Pandora Papers”, por utilizar paraísos fiscales para ocultar sus fortunas (investigación, por cierto, que deja pendiente Santiago Nieto con su renuncia).
Mientras el presidente condena la distribución inequitativa de las vacunas contra la covid-19 en el mundo, en México permanece oculta la información relativa a los contratos celebrados por el gobierno federal para la adquisición de las vacunas; se negó el acceso prioritario a la vacuna al personal de salud que trabajaba en el sector privado, se niega el derecho a la salud a los menores entre 12 y 17 años de edad y se mantiene en la opacidad el destino de 6 mil millones de dólares entregados por la presente administración a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), como ha denunciado María Elena Pérez-Jaén en días pasados.
Mientras López Obrador propone la instauración de un estado de Bienestar Universal a partir de donaciones de las grandes fortunas privadas mundiales a una instancia internacional que no fue creada para tal fin, en México funcionarios de primer nivel del gobierno federal y familiares allegados se erigen en exitosos inversionistas inmobiliarios o prósperos empresarios cerveceros o chocolateros emergentes, incrementando su patrimonio de manera no proporcional a sus ingresos y actividades. A la par, el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) dejó a 16 millones de mexicanos sin acceso a la salud y los programas federales para el Bienestar no evitaron que haya 3.8 millones de personas más en situación de pobreza.
Y por esos asuntos escandalosos no renuncia nadie.
es licenciada en derecho con especialidad en derecho fiscal por la UDLAP. Activista en favor de la cultura de la legalidad.
