En junio, Wilson Aerospace, una empresa con sede en Colorado, demandó al gigante de la aeronáutica Boeing por presuntamente robar secretos comerciales y violar derechos de propiedad intelectual. El caso involucra el trabajo de Boeing en el Sistema de Lanzamiento Espacial de la NASA, o SLS (por sus siglas en inglés), un cohete diseñado para eventualmente llevar astronautas y carga a la Luna. Wilson alega que las acciones de Boeing le costaron “cientos de millones de dólares” y pusieron en riesgo a los astronautas.
La demanda se centra en el Fluid Fitting Torque Device patentado por Wilson, una herramienta diseñada para “apretar y aflojar conexiones”, especialmente en “áreas estrechas y de difícil acceso en naves espaciales”. Wilson acusa a Boeing de “robar, apropiarse indebidamente e infringir … propiedad intelectual” para diseñar su propia versión del dispositivo, utilizado para sujetar los motores principales al cohete SLS. Pero Wilson también afirma que el problema va mucho más allá. “Debido a que Boeing robó de manera encubierta la propiedad intelectual de Wilson sin recibir las instrucciones completas sobre cómo construir, instalar y utilizar correctamente el dispositivo”, alega Wilson en su demanda, “varios de los productos aeroespaciales y de aviación construidos por Boeing tienen graves defectos de seguridad que ponen en peligro vidas”.
No está claro cómo se resolverá este caso en particular, cuyas acusaciones Boeing niega. Pero la demanda ofrece una visión de una pregunta más amplia: si la NASA será capaz de supervisar al conjunto de contratistas que seguirán ganando poder en el futuro de la exploración espacial. También presenta una lección importante: a medida que la exploración espacial se vuelve cada vez más concurrida con empresas privadas y más ambiciosa con nuevas misiones, la NASA necesita reformar sus procesos de contratación y supervisión. Las naciones que exploran el espacio también necesitan revisar los tratados y regulaciones que los rigen.
En 2022, la NASA gastó más del 70 por ciento de su presupuesto anual de más de $20 mil millones en contratos con empresas privadas, incluyendo a los principales receptores como Boeing, Lockheed Martin, SpaceX y Orbital Sciences. Estas empresas, a su vez, a menudo emplean diversos subcontratistas para cumplir con las solicitudes de adquisición (como lo hizo Boeing con Wilson). Esto crea una especie de cascada escalonada de responsabilidad de supervisión para la NASA y también podría crear incentivos problemáticos para empresas como Boeing, que enfrentan una creciente presión en la carrera espacial comercial.
El SLS ayuda a ilustrar esta tensión. Si bien la misión Artemis I (la primera de una serie de misiones del SLS, y la que principalmente está en cuestión en la demanda de Wilson) finalmente tuvo éxito, el cohete y la nave espacial Orion llegaron con varios años de retraso y miles de millones de dólares por encima del presupuesto, lo que no fue bueno ni para la NASA ni para las empresas involucradas. De hecho, los problemas de Boeing con la misión del SLS son citados por Wilson Aerospace como motivo: “En 2015, Boeing estuvo peligrosamente cerca de perder miles de millones de dólares en ingresos futuros de la NASA, porque no podía descifrar cómo instalar los motores en el Sistema de Lanzamiento Espacial”, alega la demanda.
Esta presión competitiva es real, porque hay mucho en juego para las empresas privadas en el espacio, ya que la industria presenta oportunidades de expansión rápida, tanto para operaciones privadas como para colaboraciones con la NASA. En 2019, la NASA reveló planes para permitir experimentos y transporte de carga del sector privado, así como astronautas comerciales, en la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés). El sector privado también ha obtenido acuerdos para construir una estación espacial que reemplace a la envejecida ISS.
Sin embargo, el aumento de la privatización también incrementa las responsabilidades de la NASA para garantizar el uso adecuado de los recursos y la seguridad de sus astronautas y otros empleados. Los resultados de la NASA como agencia de supervisión son mixtos. Después del desastroso lanzamiento del Columbia en 2003 y de una revisión muy crítica de la cultura de seguridad de la agencia, la NASA realizó esfuerzos significativos para garantizar la seguridad en los lanzamientos. Y es cierto que la agencia no ha tenido un accidente fatal de una nave espacial en los últimos 20 años.
Sin embargo, existen preocupaciones documentadas sobre la eficacia de las pruebas integradas de la NASA (donde se prueban juntos los componentes de una misión) y el propio Panel Asesor de Seguridad Aeroespacial de la agencia ha expresado preocupaciones sobre su cultura de seguridad. Roger Handberg, profesor en la Universidad de Florida Central especializado en política espacial, tecnología y defensa, me comentó que a medida que la infraestructura de las misiones se subcontrata cada vez más a empresas fuera de la NASA, a veces las personas dentro de la agencia encargadas de supervisar los componentes de la misión “son técnicamente competentes, pero no están familiarizadas con lo que está sucediendo exactamente, porque no han construido cohetes antes”. Además, empresas como SpaceX y Boeing han obtenido más supervisión sobre sus propias naves espaciales en misiones tripuladas; tras la explosión del cohete SpaceX Falcon 9 en 2015, a la empresa se le permitió liderar su propia investigación sin revisión independiente de la NASA.
Estas lagunas en la supervisión también se extienden a cuestiones logísticas y financieras. La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de los Estados Unidos ya ha solicitado una mayor supervisión de las misiones Artemis, argumentando que los enfoques previos de la agencia “ponían miles de millones de dólares en riesgo de ser insuficientemente supervisados por la NASA”. Incluso el lanzamiento de nuevos trajes espaciales por parte de la agencia para un futuro aterrizaje en la Luna resultó ser costoso y se retrasó, lo que llevó a la agencia a gastar más dinero en dos contratos comerciales para el desarrollo de opciones alternativas.
Entonces, ¿qué se puede hacer? Es útil pensar en dos tipos diferentes de regulación en el ámbito espacial. En primer lugar, es necesario asegurar que las misiones dirigidas por la NASA mejoren su historial de cumplimiento de contratos privados en tiempo y presupuesto. Esto incluye, como ha señalado el inspector general de la NASA, Paul K. Martin, mejorar el sistema de contratación de la NASA para garantizar una mayor competencia entre los licitadores y actualizar las operaciones de gestión de proyectos. Martin también destacó la necesidad de combatir el fraude en las subvenciones, incluidos los costos laborales inflados y las declaraciones falsas en las solicitudes de empresas privadas. Es importante que la NASA también se incline hacia contratos de precio fijo, que obligan a las empresas privadas que construyen sistemas espaciales a asumir gastos imprevistos. (La alternativa, los contratos de costo más bonificación, a menudo obligan a la NASA a asumir costos adicionales que surgen por retrasos o excesos más allá del contrato original, como los aumentos de costo con el SLS).
En segundo lugar, Estados Unidos y otras naciones espaciales importantes necesitan mejorar la regulación de las operaciones espaciales privadas. El Tratado del Espacio Exterior de 1967 forma la base del actual derecho internacional del espacio, pero este marco no podría haber previsto las necesidades regulatorias del presente. En su forma actual, cada estado parte individual en el tratado es responsable de la “autorización y supervisión” de las empresas comerciales privadas que operan en su jurisdicción. Esto es crítico porque las organizaciones privadas no son parte en el tratado ni están sujetas a sus obligaciones. Aunque Estados Unidos es un líder en la industria espacial, incluso sus regulaciones nacionales para los vuelos espaciales privados son lamentablemente insuficientes. Para garantizar operaciones seguras, definir los derechos de propiedad, mitigar los desechos y proteger la seguridad estatal, ese país necesita un nuevo marco regulador centralizado. Estas decisiones políticas difíciles también requerirán negociar con naciones extranjeras que a veces discrepan con la interpretación de Estados Unidos del Tratado del Espacio Exterior.
A medida que la exploración espacial se expande, se descentraliza y se privatiza, los reguladores y funcionarios de Estados Unidos necesitan con urgencia métodos más efectivos para garantizar su seguridad y eficiencia. También necesitamos acuerdos transnacionales más efectivos para la creciente atmósfera científica y comercial en el espacio. En su ausencia, la humanidad podría dar fatales pasos en falso, en lugar de saltos gigantescos. ~
Este artículo es publicado gracias a la colaboración de Letras Libres con Future Tense, un proyecto de Slate, New America, y Arizona State University.
es un periodista independiente que cubre temas de ciencia, tecnología y medio ambiente. También es estudiante de doctorado en el Departamento de Antropología de la Universidad de California Santa Barbara, donde investiga la ecología política de la conservación de las ballenas y las actividades recreativas en el Pacífico.
