Jesús Martín Barbero definió la cultura como “la mejor forma de estar juntos que hemos sido capaces de inventar”, con lo cual quiso decir que es posible compartir con otros y dotarlos de derechos por muy diferentes que sean. De este modo crecemos mejor, más completos. Pero esta idea había que legislarla, ponerla sobre el papel. En América Latina, uno de los primeros países en dar el paso fue Colombia.
La Constitución de 1991 es un punto de inflexión. Texto de referencia en la región, le da al Estado las herramientas para que a través de diálogos interculturales se puedan buscar caminos que combatan las exclusiones. La valentía de muchos de sus enunciados hacía concebir esperanzas respecto a la posibilidad de acabar con la violencia que azotaba de forma sistemática gran parte del territorio. Colombia pasó de ser un Estado confesional y autoritario a ser uno constitucional, democrático, republicano y pluralista que propiciaba la inclusión de comunidades ignoradas como los wayuu en la Guajira o los raizales, grupo étnico afrocaribeño del archipiélago de San Andrés.
Pero los marcos legales tienen que venir acompañados de acciones que certifiquen su eficacia. Los ciudadanos no podían constatar los avances porque la guerra seguía frenando cruelmente los intentos de cambio. La debilidad institucional en muchos lugares o, incluso, la ausencia de Estado impedían los encuentros interculturales que la Carta Magna pregonaba. No basta con poner en el papel porque transformar es un proceso muy lento. Mucho más cuando el sujeto de esa transformación es todo un país con más de cien comunidades indígenas, con pueblos afrodescendientes y con una diversidad de género y orientación sexual que cada vez lograba un mayor reconocimiento. Por otra parte, la corrupción debilitaba las instituciones y la credibilidad de quienes las representaban, en particular los sobornos y el hecho de que la ley se aplique solo para beneficio de los grupos en el poder. Sin duda, la corrupción es una de las razones más visibles de la ineficacia de los esfuerzos por lograr la continuidad en los procesos de desarrollo.
Colombia ha vuelto a dar un paso gigante en la legislatura actual con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que arranca con una potente declaración de intenciones: “Sentar las bases para que el país se convierta en un líder de la protección de la vida, a partir de la construcción de un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas.”La idea de un nuevo “contrato social” es una declaración intercultural en sí misma. Como señaló J.J. Rousseau, se establece un acuerdo entre los miembros de una comunidad que limita la acción individual a favor de una mejora de la convivencia social. Esta noción establece que las personas son capaces de vivir juntas gracias a las normas morales que formulan para ello.
Diana Quigua, directora de poblaciones del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, afirma que, entre otros muchos aciertos, el plan se origina en los diálogos entre iguales, en la gobernanza compartida. Eso resultó evidente en la consulta previa para elaborar el documento. Según afirma Quigua, este ha sido el único gobierno que hizo viable la consulta con los 116 pueblos indígenas que habitan en Colombia. Este reconocimiento viene a reparar su ausencia pasada a la hora de elaborar unas políticas culturales incluyentes para la verdadera Colombia.
Alhena Caicedo, directora del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICAHN), afirma que el cambio que adelanta el plan ya se puede ver en la conformación misma del gobierno. Los funcionarios ahora cuentan con una visión más amplia del territorio y de sus habitantes. Además, personas afrodescendientes e indígenas, normalmente eran objeto de políticas y ahora son generadoras de las mismas. Alhena afirma que este PND tiene la intencionalidad de visibilizar las potencialidades que existen, reconocer la diferencia y permitir que sean las poblaciones las que hagan política. Se trata de una visión de gobierno que contará con los sectores más populares, con aquellos que habían sido excluidos de las últimas ediciones de este documento que marca la hoja de ruta nacional
Una política pública de interés es el Programa de Economías Comunitarias, un trabajo mancomunado con la Dirección de Emprendimiento que incluye otras maneras de generar recursos desde los saberes tradicionales, con formas de producción propias, más allá de la artesanía. Son claves la recuperación de conocimientos comunitarios y la relación con la tierra en la que se habita. Un ejemplo de estos procesos es la desestigmatización de la hoja de coca, trabajo que se realiza con el Ministerio de Justicia y la Agencia Antidrogas del país para recuperar los usos tradicionales de esta planta que habían sido prohibidos a cuenta de los prejuicios producto de la acción delictiva del narcotráfico.
Para cambiar y que estos cambios surtan efecto es necesario adecuar los instrumentos que permiten operativizar estas buenas ideas, en especial, replantearse la arquitectura institucional, lo que hace que las modificaciones sean más lentas de lo deseable. Además, no basta con cambiar instituciones y legislaciones, es preciso incidir en los comportamientos de las personas. Desde la educación primaria hasta la formación profesional deben fomentarse nuevas actitudes incluyentes, el espíritu de negociación y la búsqueda de la paz no como una meta sino como un camino que se va construyendo en colectivo. A la paz no se llega, por la paz se transita con el fin de alcanzar los cambios que se precisan. El gobierno enfrenta muchas trabas en la instrumentación de unas propuestas que pretenden incluir a toda Colombia. Las mismas provienen no solamente del pasado; se vinculan con motivaciones ideológicas que no permiten aceptar las diferencias. Es notoria la falta de encuentros con empresarios o con gremios como el ganadero, que han mostrado su desacuerdo con los modos de realizar el Plan de Desarrollo. En las ciudades es complejo hablar con otros grupos políticos que nos son afines a quien ostenta el poder y las reformas quedan estancadas en el Congreso por falta de consensos.
La diversidad es para todo el espectro ideológico colombiano una piedra en el zapato. No reconocerlo así lleva a los gobiernos a pregonar el “ahora nos toca a nosotros” que tanto daño hace, venga de donde venga. Es aquí donde radica la principal dificultad para avanzar. Todo se convierte en un “ahora yo” que ignora lo avanzado en el pasado y trata de construir un nuevo camino con exclusión de sectores adversarios, hábitos difíciles de cambiar que disminuyen las capacidades de transformación de la realidad. Hablar de inclusión excluyendo remite a ideas de venganza. Negociar, la clave del éxito de cualquier legislatura, no destaca como una de las habilidades de quienes ostentan el poder en estos momentos. No cabe duda de que la intención del plan es incluir a quienes estuvieron excluidos, pero hay que tener cuidado de que los caminos escogidos no reediten el enfrentamiento y la violencia que durante tantos años ha azotado Colombia. ~
es experto en gestión cultural. Ha sido funcionario del Convenio Andrés Bello (CAB), de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) y de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). En la actualidad trabaja en la OEI Colombia como asesor para los programas de cultura.
