Obama, entonces, está entre la espada y la pared. Sabe que la única forma de desincentivar el consumo de petróleo es incrementando el costo de la gasolina, pero resulta políticamente imposible hacerlo en medio de la peor recesión desde los años treinta. En un intento políticamente costoso por reducir, al menos, la dependencia estadounidense por petróleo importado, el presidente decidió autorizar la perforación en aguas profundas en el Golfo de México semanas antes de la debacle de BP.
Ahora, el presidente está en una situación sumamente incómoda. La ira de su partido y de los ambientalistas le ha llevado a imponer una moratoria de seis meses a cualquier perforación marítima. Pero, al hacerlo, da señales también de su concepción de gobierno, de regulación, y de cómo interactúan las empresas con éste.
En un desplante en el cual la revista The Economist dice que Obama convenció a los mercados de que es el equivalente estadounidense a Vladimir Putin –y que a mí me parecería francamente chavista- el presidente recurrió a la extorsión para forzar a que BP creara un fondo de veinte mil millones de dólares para cubrir cualquier costo ocasionado a terceros por el derrame. Hacer eso en un país que sí tiene un estado de derecho, en el cual las cortes funcionan, y que es particularmente proclive al litigio, es no sólo autoritario sino profundamente irresponsable.
Esta medida se añade a la exigencia tanto de Obama como de Nancy Pelosi, líder Demócrata en el congreso, para que BP evitara darle un dividendo a sus accionistas. El ataque del gobierno estadounidense a BP ha provocado una reducción en el precio de la acción que ha reducido el valor de la empresa en casi noventa mil millones de dólares. Esta cifra excede, por mucho, aun a las más pesimistas estimaciones del costo total del desastre. En forma por demás absurda y excesiva, el gobierno espera que BP compense incluso a aquellas empresas que se alistaban para iniciar trabajos de perforación en el golfo, antes de verse afectadas por la moratoria. Esto a sabiendas de que es cada vez más claro que la displicencia con la que BP ha tratado los cuidados ambientales alrededor de este tipo de instalación está también presente en otras empresas con instalaciones similares.
La crucifixión de BP tiene un fuerte efecto sobre miles de inversionistas “rentistas” que compraron acciones de la petrolera debido a su predecible y estable pago anual de dividendos. La eliminación del dividendo “sugerida” por el gobierno estadounidense afecta, sobretodo, a miles de pensionados británicos, tensando la relación entre el gobierno estadounidense y el flamante gobierno conservador de Cameron.
Recordemos que esta es la segunda muestra del ínfimo respeto que el Sr. Obama tiene a los inversionistas. La primera ocurrió en mayo de 2009 cuando acusó públicamente a los tenedores de bonos de Chrysler por no aceptar la conversión que el gobierno sugería, acusándolos de falta de patriotismo, e ignorando la responsabilidad legal y fiduciaria de los gestores de fondos de inversión que tenían la obligación –moral y legal- de maximizar el beneficio económico para sus inversionistas. El criterio de Obama, claramente sesgado a favor del sindicato y en contra de los acreedores de la empresa automotriz, violaba reglas importantes que dan sustento al orden que debe imperar en toda quiebra. ¿Deberían los mercados, entonces, empezar a castigar el precio de las acciones de aquellas empresas que operan en sectores políticamente sensibles? Ésa parece ser una posición cada vez menos disparatada.
Pero esto nos lleva a otra observación pertinente. Para explicarla, permítame darle un ejemplo que parece no relacionado. Como usted sabe, los mercados financieros permiten protegernos ante cualquier riesgo. ¿Entonces por qué no comprar acciones y simplemente cubrir cualquier posible pérdida en caso de que el precio de ésta baje? No lo hacemos porque el costo seguramente sería mayor o cuando menos igual a cualquier posibilidad de ganancia. En forma análoga, una pregunta fundamental es ¿qué debería esperarse –con parámetros de rentabilidad razonables- que las empresas petroleras hagan para evitar que un desastre ambiental así vuelva a ocurrir?
Es columnista en el periódico Reforma.
