Una mirada de conjunto sobre la democracia en Centroamérica resulta desalentadora de cara al crecimiento económico y la disminución de la pobreza. Según cifras del Índice de Democracia de la revista británica The Economist, la región tiene una puntuación más baja en promedio (4.67) que el resto de América Latina (5.68). En esta evaluación pesa especialmente la calidad de funcionamiento del gobierno, la cual se mide por cuatro aspectos: el control democrático de la gestión; la relativa influencia de grupos poderosos en relación con las instituciones democráticas; la existencia de mecanismos suficientes para garantizar la rendición de cuentas gubernamental; y la capacidad de la administración pública para implementar políticas gubernamentales.
Si se desagrega el mismo estudio por país, el panorama cambia. Costa Rica está considerada como una de las tres democracias más destacadas de América Latina, junto con Chile y Uruguay. Panamá se califica de democracia defectuosa aunque funcional, frente a la autoritaria Nicaragua y los regímenes híbridos de Guatemala, Honduras y El Salvador, estados que celebran elecciones pero en donde los gobiernos manipulan e incumplen las leyes de manera sistemática. ¿La mayor estabilidad política y mejor calidad institucional se traducen en una economía más próspera y menores índices de pobreza?
Los números son concluyentes. Según el Banco Mundial, Costa Rica tiene una renta per cápita de 13,365 dólares y Panamá de 17,357 dólares, con una clara diferencia respecto a Guatemala ($5,473), El Salvador ($5,127), Honduras ($3,040) y Nicaragua ($2,255). Desde 2008, el promedio anual de Inversión Extranjera Directa (IED) de Costa Rica alcanza el 5.38% del PIB y el de Panamá 6.78% del PIB. Guatemala y El Salvador han mantenido promedios mucho más bajos, de 2.02% y 1.81% del PIB, respectivamente. Si bien Nicaragua mostró números alentadores en el mismo periodo, con inversiones equivalentes al 7% del PIB producto de las medidas de liberalización económica implementadas bajo el mandato de Daniel Ortega, el éxito quedó en el pasado.
De acuerdo a los datos de la CEPAL, Panamá ostenta el menor índice de pobreza de la región (14.35%), seguido por Costa Rica (16.6%). El contraste es dramático respecto a las otras naciones: Honduras (67.8%); Guatemala (50.5%); Nicaragua (46.3%); y El Salvador (29.8). En estos cuatro países las remesas constituyen no menos del 19% del producto interno bruto. En el caso de Nicaragua, el peso de las remesas en la economía ha crecido considerablemente en los últimos años.
Costa Rica y Panamá han logrado superar a sus vecinos sumergidos en crisis políticas e institucionales. La dictadura Ortega-Murillo ha hecho retroceder económicamente al país desde que comenzó la crisis política en 2018. La inversión ha disminuido porque los inversionistas han tenido dificultades para operar en medio de la represión extrema desatada por el gobierno sandinista mientras que las remesas, como ya se indicó, son fundamentales en medio de la precariedad creciente. Nayib Bukele propone un modelo de corte autoritario que busca atraer inversiones a El Salvador con el señuelo de la seguridad. Hasta ahora, la apuesta por el bitcoin no ha traído frutos tangibles y, en definitiva, el modelo Bukele puede presumir de logros en materia de seguridad a costa del respeto a los derechos fundamentales, pero no de un crecimiento económico tangible.
Honduras, el país más desigual de Centroamérica, está gobernada por Xiomara Castro, aliada de los gobiernos de izquierda más recalcitrantes del continente, como son Venezuela, Nicaragua y Cuba. El caos económico y social de su régimen dificulta la lucha contra la pobreza. En el caso guatemalteco, la violencia y las crisis políticas han sido constantes.
Sin embargo, Costa Rica y Panamá deben estar alertas a mediano y largo plazo: la seducción del autoritarismo podría crecer a causa de la incidencia del crimen organizado en la región, una indudable amenaza para la democracia liberal. Costa Rica, un país que además de ser estable, también había sido seguro, es víctima del avance feroz y acelerado del narcotráfico. Los próximos años determinarán si la famosa excepcionalidad “tica” dentro del panorama centroamericano es capaz de enfrentar este fenómeno criminal dentro del marco de su hasta ahora exitosa democracia.
Es imprescindible que los países de centroamericanos mejoren su calidad institucional manteniendo su aspiración democrática. Hay signos alentadores: Guatemala consiguió superar un fallido intento por desconocer la voluntad popular expresada en las urnas en 2023 y Panamá acaba de salir de un proceso electoral aceptado por todas las partes.
La apuesta por la democracia liberal es también una apuesta por los pobres: el principal desafío es la construcción de democracias de alta capacidad, es decir, combinar la democracia con Estados orientados a proveer bienes públicos, no solo de infraestructura sino también en terrenos como la paz, la justicia y el bienestar social. La lucha contra la pobreza se dificulta en medio de la violencia del narcotráfico y la inexistencia de Estados fuertes con democracias funcionales que mantengan el orden sin vulnerar los derechos humanos, limiten los poderes en juego en la sociedad, den seguridad jurídica e impidan la corrupción. ~
es abogado por la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y Máster en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Profesor universitario especializado en derecho constitucional y riesgo político. Editor asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL).
