Mi papá siempre me decía que el sentido común es el menos común de los sentidos. En este momento parece que la sensatez hubiera decidido tomarse unas prolongadas e inmerecidas vacaciones. Existe una incapacidad absoluta para confrontar y resolver problemas concretos que requieren soluciones evidentes e inevitables.
Quizá es injusto imputarle toda la culpa a esa aparente ausencia de racionalidad. Por una parte hay poderosas fuerzas a las que conviene preservar el status quo, a pesar de que esto implique un suicidio a largo plazo. Si, como dijo Keynes, en largo plazo todos estaremos muertos, estas fuerzas parecen negarse a buscar soluciones de fondo –educación, edad de retiro, beneficios, etc.- cuyo impacto se notará décadas más tarde. Por otro lado, ciertamente, también estamos viviendo tiempos que no tienen precedente histórico y eso genera, en el mejor de los casos, enorme confusión; en el peor, provee pretextos para justificar inmovilidad o emprender acciones equivocadas a largo plazo.
Hay grandes temas que permanecen parcial o totalmente ausentes en el debate. El primer tema es el demográfico. Los sistemas de pensiones y previsión que se establecieron hace décadas en países industrializados cometieron un enorme error actuarial. Independientemente de casos ridículos como el retiro de ciertos sectores en Grecia a la edad de 50 años o en Francia a los 60, en el caso estadounidense se estableció la edad fija de retiro en 65 años, sin considerar que la esperanza de vida iría aumentando. En aquel momento, se esperaba que la gente viviera 63 años, ahora viven casi 80. Esto provoca dos grandes problemas. Primero, que la gente ahora o depende del Estado y/o de su propia capacidad de ahorro durante la última cuarta parte de su vida total. En términos de gasto en salud, esos son los años en los que más recursos tendrá que desembolsar para hacer frente a los males causados por el envejecimiento y. En casos extremos, como el de ciertos trabajadores gubernamentales, estarán en retiro durante más años de los que estuvieron laboralmente activos. Segundo, que simplemente tiene menos años para generar ingreso y ahorrar, los últimos años de actividad pueden ser un periodo que permite buen ahorro porque usualmente el gasto en la educación de los hijos ya acabó, y en muchos casos la vivienda ya está también totalmente pagada.
La aritmética simplemente no da y urge un cambio. La gente tiene que retirarse no un poco más tarde, sino mucho después. Se debería considerar el retiro a los 70 o 75 años e ir ajustando esa edad a la esperanza de vida, que seguramente seguirá aumentando, al menos en países desarrollados. Esto permitiría que la gente dependa del sistema o de su ahorro durante menos años y que tenga cinco o diez años más para ahorrar.
En América Latina, los sistemas privados de retiro tuvieron su origen en los ochenta en el sistema chileno de AFP’s que ha sido replicado con menores o mayores variantes en muchos países latinoamericanos como México, Colombia y Perú. Argentina era parte de esa lista hasta que su gobierno populista decidió robar esos recursos (perdón por utilizar ese verbo tan duro, pero no hay otro que describa mejor lo ocurrido). Dado que fueron los precursores, los primeros chilenos en aportar al sistema se están retirando ahora y se topan con una dura realidad: no les alcanza para vivir con los recursos ahorrados porque el número de años durante los que ahorraron fue muy corto. Además, la proporción del ingreso que se ahorró en forma obligatoria fue, quizá, demasiado baja (aunque el problema sería menor si la gente simplemente trabajara más años). Por último, quizá nunca debió definirse esa aportación como una solución única para la pensión, sino como un ahorro que requería de ser complementado con otras fuentes de ahorro voluntario, o con fondos del gobierno para la parte de la población con menores ingresos.
En los países industrializados el problema es mucho mayor. En Estados Unidos, los planes de beneficios a los que se han comprometido los gobiernos estatales implicará la su quiebra técnica, pues no han reservado suficientes recursos para hacerle frente a esa obligación que crece exponencialmente. ¿Por qué posponer el momento de enfrentar el problema y por qué seguir dejando que crezca? Nuevamente, toda respuesta desafía al sentido común. En Europa, dado el profundo arraigamiento de la creencia de que es responsabilidad del Estado encargarse de sus ciudadanos desde que nacen hasta que mueren, incluyendo temas de vivienda, educación y salud, la situación presupuestal es gravísima, particularmente cuando uno incorpora la variable del crecimiento poblacional que es ínfimo en los mejores casos y negativo en los peores.
¿Cuáles serían las soluciones óptimas? Además de incrementar la edad de retiro e indizarla a la esperanza de vida, habría que considerar la necesidad de cambiar todos los sistemas de pensiones de beneficio definido por sistemas de aportación definida. Esto quiere decir que ningún Estado, empresa pública o privada tiene que lidiar con la contingencia de pensiones eternas en las que lo que recibirá el retirado será sensiblemente superior a la suma de sus aportaciones individuales acumuladas. Según un cálculo del Urban Institute, en Estados Unidos una pareja casada que se retiró en 2011 a los 65 años y que percibió un ingreso medio, recibirá en promedio tres dólares de beneficios de Medicare por cada dólar que aportó de impuestos a ese sistema, si solo uno de los conyuges estuvo en la fuerza laboral, la proporción es de seis a uno. En cuanto a pensiones del seguro social estadounidense, un retirado promedio recibe hoy 192 mil dólares más de lo que aportó por concepto de retenciones a su salario durante su vida laboral. Aritméticamente, eso garantiza que las generaciones actualmente activas tendrán que aportar más de lo que recibirán cuando se retiren. Los viejos están despojando a los jóvenes. ¿Por qué se permite esto? Porque los viejos votan, los jóvenes no tanto, y porque hay poca conciencia de que el abuso actual al sistema es insostenible.
Adicionalmente, hay que estar conscientes de que los recursos que los gobiernos dan para programas de apoyo a ancianos, pensiones o de gastos médicos tienen que concentrarse exclusivamente en la parte de la población que realmente los necesita. La reciente propuesta que hace el gobierno de México para apoyar a mayores de 65 años (erróneamente reduciendo la edad de 70 años, que era el límite previo), implica que Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, empezará a recibir ayuda del estado. Si las matemáticas no me fallan, creo que a él no le hace falta ese apoyo.
Si la situación es tan apremiante, ¿por qué no se están haciendo ya los cambios al sistema que son necesarios? No se hacen porque el problema no va a reventar mañana y porque es extraordinariamente impopular hacer cambios en el sentido necesario. Mientras antes se incremente la edad de retiro y se haga más eficiente el uso de recursos públicos menor será el problema fiscal. Pero, la actitud de los políticos parece ser en todo el mundo la misma. Obama ha hablado de que no es necesario incrementar la edad de retiro en Estados Unidos; Francois Hollande ha echado para atrás el incremento de la edad de retiro por dos años que al gobierno de Sarkozy le costó enorme daño político y violentas manifestaciones en las calles parisinas.
Incrementar la edad de retiro para todos no va ser posible de la noche a la mañana. Se tiene que hacer concesiones para aquellos que ya se acercan al retiro, y los incrementos más radicales solo podrían afectar a quienes apenas se van a unir a la fuerza laboral, pues no sería justo cambiar las reglas del juego a la mitad. Evidentemente, habrá enorme resistencia por parte de sindicatos y organizaciones sociales, los partidos políticos de izquierda buscarán hacer leña del árbol caído. Pero, ese no es un motivo razonable para no hacer algo. Es, simplemente, cosa de sentido común.
Es columnista en el periódico Reforma.
