En Estados Unidos el reto demográfico es resultado del envejecimiento de la población que disfrutó del “baby boom” desde fines de los años sesenta hasta principios de los noventa (más de 70 millones de estadounidenses nacieron entre 1946 y 1964) y ahora, los estados de la unión americana se están dado cuenta de lo que no tienen los recursos para pagar lo que le prometieron, hace años, a sus trabajadores. El estado de Nueva York, por ejemplo, paga al año 18.5 miles de millones de dólares –una quinta parte de todo su presupuesto operativo- en salarios y prestaciones a sus burócratas, y esa cifra crecerá exponencialmente conforme la población envejezca.
La edad de retiro en Estados Unidos es a los 65 años, cuando los trabajadores tienen acceso a programas de salud estatales como Medicare. Esta edad quedó establecida cuando la esperanza de vida era de 63 años; hoy es de 78.
Los sindicatos adquirieron poder en la década de los treinta cuando las empresas seguían los principios de Frederick W. Taylor, pionero del desarrollo de estudios de tiempos, movimientos y otras estrategias enfocadas a optimizar el desempeño de los trabajadores en las líneas de ensamblaje. Los estudios de Taylor concluían en que los trabajadores debían especializarse en una sola actividad que realizarían en forma repetitiva, día tras día, hasta alcanzar cierto grado de eficiencia. En el camino, el trabajo de ese obrero resultaba aburrido y detestable y los roces entre gerencia y obreros no se hicieron esperar.
A partir de estos enfrentamiento, sindicatos tan poderosos como la UAW (sindicato de trabajadores automotrices), lograron negociar, en 1970, un límite de treinta años al empleo y un seguro de salud para su retiro, pues si empezaban a trabajar a los 20 años de edad y se jubilaban a los cincuenta, seguirían estando a quince años de ser elegibles para los programas de Medicare. Esto significa que un empleado quizá podría vivir de su pensión durante más años de los que estuvo activo laboralmente.
El modelo sindical de retiro negociado por los trabajadores automotrices fue copiado en el estado de Michigan por el sindicato de maestros y lograron, también, implementar cláusulas que protegían al obrero conforme iba envejeciendo, por ejemplo, prohibían despedir a obreros en función a su desempeño. En caso de despido, el primero en salir es el último obrero que entró a la nómina sindical, independientemente de su desempeño. El desempeño laboral tampoco podía influir para determinar una compensación económica.
El máximo beneficio personal ha sido la esencia de los contratos sindicales y, desafortunadamente, han ido abusando cada vez más. Otro ejemplo, la pensión toma como referencia el nivel del último ingreso anual que obtuvo el trabajador. Dependiendo de cada empresa o cada estado, obtendrá un porcentaje mayor o menor a ese ingreso. Por ello, una práctica común entre trabajadores estatales es acumular horas extra trabajando durísimo en su último año activo, y así establecer una base más alta para sus años de retiro. No es poco usual ver maquinistas de ferrocarril o policías percibiendo ingresos anuales de 120 mil dólares al año o más. En términos de despidos, un maestro, en una escuela pública en California, no puede ser despedido. En casos extremos de abuso sexual u otra infracción igualmente gravedad deja de asistir al salón de clase, pero va a la escuela y sigue recibiendo su sueldo y prestaciones completas.
En el estado de Wisconsin está ocurriendo un enfrentamiento que definirá la forma en la que gobierno y sindicatos se relacionarán entre sí. La quiebra de este estado ha sentado las bases para que el gobernador republicano Scott Walker decida enfrentarse a los poderosos sindicatos de trabajadores públicos. Su motivación son los excesivos beneficios que décadas de irresponsabilidad política han entregado a estos sindicatos. En este juego de ajedrez político, el gobernador se ha lanzado con todo y busca que los trabajadores no solo contribuyan más al pago de su seguro de gastos médicos y su programa de retiro, también busca que cedan una parte importante del derecho con el que hoy cuentan para negociar en forma colectiva, reduciendo ese derecho al ejercicio de negociaciones salariales.
Como siempre ocurre, detrás de esta confrontación hay intereses que no se aprecian a simple vista. Los sindicatos son los principales contribuyentes del financiamiento de las campañas políticas del Partido Demócrata. En el caso de Wisconsin, sin embargo, tanto el sindicato de policías como el de bomberos apoyaron a Walker en su campaña y, en forma poco sorprendente, éstos están exentos de las restricciones que intenta imponer el gobernador republicano.
Por otro lado, el Partido Demócrata sabe que tiene que apoyar a los sindicatos pues son el único contrapeso posible a la disposición tomada por la Suprema Corte el año pasado para permitir que empresas hagan donaciones en campañas políticas en forma ilimitada. Estas donarán, predominantemente, al Partido Republicano. Los sindicatos públicos son la única opción en un país en el que sólo 7% de la fuerza laboral está sindicalizada en el sector privado y 36% lo está en el sector público. Esa tendencia es aún mayor en estados clave para definir elecciones, como es el caso de California y Nueva York, dos de los estados con mayor peso electoral por el tamaño de sus poblaciones.
La pregunta de fondo es ¿se debe permitir que los burócratas se sindicalicen?
(Continuará)
Es columnista en el periódico Reforma.
