Hasta ahora, la reacción del gobierno mexicano se ha limitado a implementar medidas extraordinariamente desorganizadas, miopes e ineficientes. La primera ha sido cruzar los dedos para que el peso electoral específico de los hispanos mueva la balanza legislativa en su favor. Esto no sólo tomará décadas, sino que su resultado es incierto. Empíricamente le puedo afirmar que hay pocas personas más anti inmigrante que muchos de los migrantes legales. Piénselo bien, ¿si a usted le costara un enorme sacrificio ser finalmente aceptado en un club, querría usted que cuando finalmente logró ser miembro las reglas para la membresía se hagan más laxas o más rígidas? Muchos migrantes legales, que son quienes pueden votar, resienten la posibilidad de que el recientemente inmigrado compita con él y reduzca sus aspiraciones salariales.
La segunda es aún más incomprensible. El presidente Calderón grita y protesta a los cuatro vientos en contra de las “medidas racistas”, sabiendo que su reacción es totalmente contraproducente pues lo hace ver como un cínico a los ojos del estadounidense promedio, que no entiende por qué el presidente de un país incapaz de proveer empleo y seguridad a su población se siente con el derecho de reclamarle al país que los recibe. Tristemente, aunque él sabe que su discurso es contraproducente, lo sigue haciendo exactamente por la misma razón que la gobernadora de Arizona, porque cree que gana capital político internamente con ello.
México tiene suficientes armas para implementar un cabildeo efectivo. México es uno de los socios comerciales más importantes para Estados Unidos y las empresas mexicanas en la Unión Americana son numerosas y emplean a miles de estadounidenses. Esto provee abundantes vehículos para influir legalmente en procesos electorales a nivel legislativo. En el extremo, sería posible incluso que empresarios y gobierno unieran fuerzas para dirigir la inversión mexicana hacia distritos electorales estratégicos y maximizar el impacto.
Como el cabildeo israelí ha demostrado, los procesos legislativos tienen que ver con un estado de resultados en el cual congresistas y senadores ponderan sus pérdidas y ganancias de capital político al adoptar una iniciativa. En el caso israelí, las pérdidas siempre parecen abrumarlos. Esto explica, entre otras cosas, que Israel –un país desarrollado de siete millones de personas- sea el principal receptor de ayuda económica internacional estadounidense. México, un país en vías de desarrollo con ciento diez millones de habitantes y tres mil kilómetros de frontera con ellos, es cada vez más irrelevante (a no ser que nuestra forma de adquirir importancia sea con la amenaza de bandas de crimen organizado que empiezan a ser importantes “empresas” transnacionales).
México tiene que emprender pronto una campaña de relaciones públicas inteligente que le quite la imagen de narcoestado potencialmente fallido ante los ojos del estadounidense común y corriente porque, de no hacerlo, veremos una fuerte caída en la inversión extranjera y el turismo. Es urgente acabar con el absurdo mito de que una porción creciente de los inmigrantes se dedican a delinquir y de que la mayoría del tráfico de drogas en Estados Unidos lo hacen mexicanos. Hay que dejar claro, de una vez por todas, que los inmigrantes ilegales pagan mucho más en impuestos -y cuestan menos en servicios- de lo que usualmente se cree. Estas mentiras, repetición de por medio, se acabarán volviendo verdades.
El problema no está en que Arizona, un estado tradicionalmente conservador y cerrado, actúe para aplicar legislación federal que ya existe. La problemática real está en que, según una encuesta publicada el cuatro de mayo en el diario New York Times, sesenta por ciento de los estadounidenses apoyan la medida (nueve por ciento entre éstos creen, incluso, que la ley estatal de Arizona no va “suficientemente lejos”), y sólo 35% la consideran excesiva.
El gobierno mexicano tiene que darse cuenta, de una vez por todas, de que el mapa político estadounidense cambió radicalmente. La redistribución de distritos electorales (en el proceso llamado “Gerrymandering” en inglés) ha permitido que los distritos que eran republicanos o demócratas permanezcan así debido a que aquellos con poblaciones mixtas han sido divididos. Esto hará que ambos partidos políticos se polaricen pues la lucha real se dará ahora en las elecciones primarias, a las cuales acuden los electores más ideológicamente puros. Lejos de lo que se cree, la posición antiinmigrante es tan puramente republicana como demócrata. En el primer caso porque la inmigración ilegal se percibe como un atentado a la seguridad nacional (y, en el extremo, a la homogeneidad racial y religiosa de la población), y en el segundo porque los sindicatos siempre han estado opuestos a ésta.
En el estado de Arizona la radicalización política se ha acentuado conforme, por ejemplo, el partido republicano estatal decidió impedir que electores no formalmente registrados como republicanos participen en sus primarias, lo que ha puesto en riesgo la reelección al senado de un político moderado (dentro del espectro republicano) como John McCain, imposibilitándolo a oponerse a la ley migratoria estatal, a pesar de haber sido uno de los artífices de la propuesta de reforma integral a la ley migratoria federal durante el gobierno de Bush.
Urgentemente, el gobierno de México debe hacer todo lo posible por provocar que se elimine cualquiera posibilidad de que el gobierno de Obama ponga hoy una reforma migratoria encima de la mesa, pues sólo hay que analizar los elementos que proponen las iniciativas demócratas para entender el peligro potencial. Por ejemplo, exigen la adopción de tarjetas de identidad infalsificables con apoyos biométricos para evitar a toda costa la contratación de trabajadores indocumentados, e incrementan radicalmente las penas para quienes violen la ley al contratarlos. Las asociaciones de derechos civiles y quienes apoyan a los inmigrantes tienen que haber fumado algo para pensar que, en medio de la peor crisis de empleo en décadas, cualquier político en su sano juicio patrocinará una amnistía, o programas generosos de empleo temporal.
La ley adoptada por Arizona caerá por su propio peso. Como dice el politólogo conservador David Brooks (PBS NewsHour, abril 23 de 2010), es una ley que invita al abuso y pone demasiada responsabilidad en las manos del policía común y corriente. Ningún gobierno estatal puede arriesgarse a tener una numerosa población en ghettos en los que prospere el crimen y surjan formas extra-legales de autoridad cuando la población no pueda llamar a la policía por miedo a la deportación (imagine, por ejemplo, que el vendedor ambulante que alertó por el explosivo de Times Square el sábado hubiera evitado hacerlo por ser “ilegal”). A ningún gobierno le convendrán los focos de infección que surgirán de una gran población sin acceso a salud, ni la marginación de grupos sin acceso a educación.
Dado que ni Obama ni las cámaras baja y alta quieren poner un tema tan explosivo sobre la mesa, particularmente antes de una elección de noviembre y después de una contienda tan acalorada como la reforma al sector salud, hay algo de tiempo para organizarse, pero no tanto.
Si el gobierno mexicano sigue viendo la paja en el ojo ajeno y la crisis económica estadounidense arrecia, cualquier cosa podrá pasar, pues la crisis fiscal a nivel de los estados se agravará en 2011 y 2012, por lo cual los estados usarán este tipo de disputa para torcerle el brazo al gobierno federal para que incremente el apoyo. Siempre se puede decir que el costo fiscal de la inmigración ilegal es mucho más de lo que es, particularmente si nadie defiende el argumento contrario. Para muestra basta un botón, pues la reciente reforma de salud marginará en forma preocupante a quienes no puedan acreditar su estancia legal en el país.
Como en cualquier divorcio, en una crisis de este tipo ambos lados tienen parte de la culpa. Ha llegado el momento de que el gobierno mexicano deje de creer que ésta será una crisis que será resuelta gritando en los medios masivos de información. Recordemos que a éstos les conviene amarrar navajas para que crezca el conflicto.
La falta de acción inteligente del gobierno mexicano podía calificarse como miope y negligente, en un entorno como el actual se ha vuelto imperdonable.
Es columnista en el periódico Reforma.
