Hace veinte años, tuve la oportunidad de trabajar en la oferta pública de acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) que se realizó después de su privatización, en 1993. De primera mano –trabajaba en el banco japonés Nomura, entonces el más grande del mundo–, constaté la muy positiva reacción de aseguradoras, fondos de pensiones y otros grandes inversionistas de Japón, Australia, Nueva Zelanda, Suiza, Inglaterra y Escocia.
El gobierno de Carlos Saúl Menem había lanzado un agresivo plan para privatizar empresas estatales, invertir en infraestructura e insertar a su país en la modernidad. El ministro de Economía, Domingo Cavallo, recibía a los grandes inversionistas en Buenos Aires y proveía de robustos argumentos a quienes tratábamos de que el flujo de inversión global privilegiara a América Latina sobre el también ascendente sudeste asiático. En las juntas que teníamos los ejecutivos de la nueva empresa y miembros del gabinete de Menem, los potenciales inversionistas preguntaban cómo tener certidumbre en un país que había transitado de las estatizaciones de Perón en los cuarenta y cincuenta a las ignominiosas dictaduras militares de los setenta y ochenta. Cavallo respondía que la lección estaba aprendida. Argentina quería ser un país internacionalmente competitivo y eso se lograría estimulando a las empresas privadas. Los inversionistas preguntaban sobre el riesgo de controles de cambios; el ministro respondía que ellos entendían que el capital solo entra en países donde se tiene la certeza de que podrá salir de vuelta. Los inversionistas aplaudían, al igual que los políticos locales, incluido Néstor Kirchner, gobernador del estado de Santa Cruz.
YPF habría de sufrir un fuerte revés en 1995 con la trágica muerte de su presidente, José Estenssoro, cuando volaba sobre Ecuador. Esto ocurría en un momento crucial para la empresa, que intentaba adquirir a la compañía texana Maxus Energy con la intención de convertir a YPF en un contendiente global. Además, el vertiginoso despegue argentino habría de sucumbir pronto por la camisa de fuerza cambiaria que se impuso el gobierno, por los altos niveles de corrupción gubernamental y por el regreso del voraz estado clientelar. En 1999, la española Repsol tomó control accionario de YPF, en medio de un entorno global complicado por la crisis asiática de 1998. Repsol podía conseguir crédito en los mercados internacionales a precios y en montos que no eran accesibles para Argentina, cuya situación empezaba un deterioro que culminaría en la suspensión del pago de cien mil millones de dólares de deuda pública, declarada en 2001.
País ejemplar diez años antes, la relación de Argentina con el mundo cambió, yendo en sentido opuesto a los demás. Se peleó con los inversionistas internacionales en un momento en el cual la inversión extranjera directa empezaba a crecer de forma exponencial. Argentina se fue volviendo cada vez más una isla, un anacoreta que al no tener acceso a mercados internacionales de crédito tiene menores incentivos para jugar con reglas globalmente aceptables. Comenzaron los controles de precios, que incluían gasolina, gas para uso doméstico y electricidad. Obviamente, al subsidiar precios de cualquier producto, la demanda crece, lo cual, aunado a un ambiente poco propicio para invertir, acabaría garantizando la imposibilidad de autoabastecimiento. Aerolíneas Argentinas se estatizaría, así como AYSA (proveedora de agua), que hoy pierden cerca de mil millones de dólares al año siendo administradas por el gobierno. El servicio postal también fue nacionalizado, lo cual sirvió de paso para asestarle un golpe al Grupo Macri, propiedad del padre del principal político opositor a Kirchner.
Algunas empresas internacionales optaron por salirse, sabiendo que era solo cuestión de tiempo que corrieran la misma suerte. Pero Repsol decidió una estrategia alternativa, que probaría ser errada: escuchó el canto de las sirenas entonado por el presidente Kirchner, quien sugirió en 2007 un blindaje a través de la sustancial participación accionaria al Grupo Petersen, propiedad de la familia Eskenazi, parte de la oligarquía cercana al mandatario. El grupo acabó haciéndose de una cuarta parte de la empresa a cambio de… nada. Recibieron un crédito –de varios bancos y del propio Repsol– por 3,400 millones de dólares, que tendría que ser pagado con dividendos provenientes de la propia petrolera (en este momento, siguen debiendo alrededor de 1,200 millones de dólares que tenían como colateral a las propias acciones de YPF, cuyo precio está en caída libre, una situación nada envidiable). Ciertamente, hasta el deceso de Néstor, en octubre de 2010, el blindaje funcionó, pero Cristina respondería a otros intereses y compromisos.
Hay elementos difíciles de entender entre los argumentos de Cristina Fernández de Kirchner para estatizar la mayor parte de la participación de Repsol en YPF. La queja es que la producción de la empresa cayó y llevó a que el país importara hidrocarburos por primera vez en diecisiete años. La producción se redujo de 45.4 millones de metros cúbicos a 35.3 millones, lo que equivale a un tercio de la producción total del país. Pero esa caída no es exclusiva de YPF. Otras empresas estatales ineficientes, como Pemex y PDVSA, sufrieron el mismo problema, ambas con el mismo origen: estados que demandan altos “dividendos” y acaban dejando pocos recursos para reinversión, exploración y mantenimiento. En los casos mexicano y venezolano, las petroleras tienen que alimentar al fisco. En Argentina, la falta de inversión proviene, además de la necesidad de repartir dividendos elevados para permitir que los Eskenazi paguen su deuda, de los mínimos incentivos provistos por un mercado local que impide que la gasolina y el gas se vendan a precios internacionales. Ninguna empresa seria invertiría en un país que impone esas condiciones; a pesar de ello, la inversión de Repsol en YPF fue creciente (según cifras de Repsol, se adquirieron bienes productivos por 2,990 millones de dólares en 2011). Es poco creíble la justificación de la estatización con ese argumento, además, pues si YPF es solo un tercio de la producción total del país, sería razonable estatizar con el mismo criterio a las otras multinacionales que participan en el mismo mercado y cuya producción ha caído proporcionalmente más que en YPF.
Este es un momento de libro de texto para gobiernos proclives al populismo: los precios de las materias primas alcanzan máximos históricos, mientras la situación fiscal del país es endeble. Se vuelve tentador violar títulos de concesión o cambiar el tratamiento fiscal para pedir más a empresas extractivas sujetas a concesiones públicas cuando estas más se benefician de altos precios internacionales. El populismo entiende poco de inversión. ¿Estarían dispuestos los mismos gobiernos a dar subsidios a esas empresas privadas cuando los precios de minerales y otras materias primas estén en la parte opuesta del ciclo? Las víctimas –las grandes empresas multinacionales– despiertan poca simpatía. Tienen en general acceso en este momento a cuantiosos recursos por su crédito a tasas históricamente mínimas y porque, al haber caído la demanda proveniente de Europa y Estados Unidos, invierten menos (por ello, las empresas estadounidenses, por ejemplo, tienen más de 2.2 millones de millones de dólares en caja).
En un país con un Estado de derecho endeble, la rabieta contra ellas se manifiesta en forma de expropiación. No olvidemos que este mismo gobierno robó (perdón, a veces no hay calificativo más preciso) 27,000 millones de dólares de fondos de ahorros para el retiro de individuos en 2008, cuando Cristina Fernández decidió terminar con el sistema de AFJP (equivalente a las afore mexicanas) para reemplazarlo con un “único régimen estatal de reparto”. Así, un gobierno sin acceso a mercados de crédito internacionales se hacía de suficientes recursos para evitar un colapso económico en 2009, manteniendo incluso sus programas de subsidios. De forma similar, la enajenación de la petrolera estatal ahora le dará suficientes recursos para evitar un desplome, buscando comprar tiempo para reformar la constitución con el objeto de reelegirse en 2015, o quizá para que su hijo Máximo desarrolle un perfil que le permita volverse en algún momento el heredero de la presidencia.
Sin embargo, eso no explica por qué eligieron a Repsol-YPF entre las otras empresas. La respuesta puede estar precisamente en que, después de la muerte de Néstor Kirchner, los Eskenazi han perdido el favor de la corte (y ahora tendrán que ver cómo pagan su deuda, o se deshacen de sus acciones) y nuevas agrupaciones kirchneristas nacionalistas, como La Cámpora, tienen la simpatía de Máximo. No es casual que uno de sus miembros, el joven viceministro de Economía Axel Kicillof, esté ahora al mando de la empresa.
Los gobiernos argentinos se han mostrado incapaces de tomar decisiones a largo plazo correctas. A pesar de ello y de no tener acceso a los mercados internacionales de crédito, la economía argentina logró crecer 7.7% en promedio entre 2003 y 2011, recibiendo el formidable beneficio del enorme salto en los precios internacionales de la soya. Sin embargo, el crecimiento que se espera se reducirá a 3% este año. A la larga, una vez que haya acabado de saquear las arcas de todas las empresas a su alcance, el gobierno de Kirchner tendrá que enfrentar una realidad incómoda al haberse vuelto, por iniciativa propia, el paria del mercado. ~
Es columnista en el periódico Reforma.
