Sobre el País VascoAntonio Elorza, Un pueblo escogido, Crítica, Barcelona, 2001, 502 pp.
Miguel Herrero de Miñón y Ernest Lluch, Derechos históricos y constitucionalismo útil, Crítica, Barcelona, 2001, 336 pp.
Ignacio Sánchez-Cuenca, ETA contra el Estado, Tusquets, Barcelona, 2001, 271 pp.
Quizá por su anacrónico dramatismo, más acusado a medida que más se difumina el recuerdo de la Guerra Civil y la dictadura, la violencia nacionalista en el País Vasco ha llegado a convertirse en uno de los temas que mayor interés ha despertado en la reciente producción ensayística española. Pese a que la reflexión sobre el origen y las motivaciones del interminable drama provocado por el terrorismo existía con anterioridad —casi siempre circunscrita al ámbito estricto de especialistas y universitarios—, el éxito alcanzado en 1997 por El bucle melancólico, de Jon Juaristi, desencadenó un generalizado deseo de conocer los materiales empleados en la forja del nacionalismo vasco, en cuyo nombre se ha segado ya un millar de vidas. La publicación del libro de Juaristi coincidiría, además, con una creciente preocupación de los ciudadanos ante el terrorismo, resultado de una sensación de hartazgo ante el monstruoso goteo de sus crímenes, algunos de tanto impacto político y emocional como el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Bajo la doble influencia de la reflexión desmitificadora puesta en boga porEl bucle melancólico y del mayor compromiso cívico contra la violencia, se han reeditado durante los últimos años algunos de los trabajos más importantes acerca del nacionalismo publicados durante los ochenta, como Milenarismo vasco, de Juan Aranzadi, o El linaje de Aitor, del propio Juaristi. Al mismo tiempo, diversos autores como Fusi, Corcuera, Unzueta, Savater o Azurmendi —a los que se volverían a sumar Aranzadi con El escudo de Arquíloco y Juaristi con Sacra Némesis y El bosque originario— retomaron los análisis y las investigaciones acerca del País Vasco y sus mitos, dando sin duda lugar a uno de los momentos más ricos e interesantes del ensayismo español de las últimas décadas. La aproximación intelectual que comparten estos autores los lleva a centrarse más en la crítica de las concepciones culturales e historiográficas de las que se sirve el nacionalismo que en el análisis específico del fenómeno terrorista, y menos aún en la elaboración de propuestas políticas para poner fin a un "contencioso" que, en el supuesto de existir, opera en un sentido único: el de quienes se imaginan en guerra con España.
Un pueblo escogido, la obra más reciente de Antonio Elorza sobre el nacionalismo vasco, se encuentra en esa línea de crítica cultural e historiográfica, llevando a cabo un exhaustivo recorrido por las aportaciones literarias y políticas que, iniciadas en el siglo XVIII por el padre Larramendi, terminaron confluyendo en la síntesis nacionalista de Sabino Arana. Elorza identifica los tres grandes ejes del pensamiento sabiniano, en concreto, la literatura costumbrista, el "historicismo protorromántico" y, finalmente, la interpretación de los Fueros como expresión de una soberanía originaria. Por lo que respecta al primero de estos ejes, Un pueblo escogido deja al descubierto la idealización del mundo rural vasco realizada por novelistas y poetas como Navarro Villoslada, Moguel, Ortiz de Zárate, Araquistain, Campión, Chaho o el poeta Arrese y Beitia, movidos en su empeño por "la penuria de la tradición histórica", y a la vez amparados por ella. De hecho, el "historicismo protorromántico" al que se refiere Elorza como segundo de los ejes del pensamiento sabiniano se solapará en no pocas ocasiones con aquella visión literaria, ofreciendo una aparente solvencia científica a un relato del pasado muchas veces mítico y fabuloso.
Pero es en el análisis del tercer eje de la síntesis sabiniana, en la interpretación de los Fueros, donde el ensayo de Elorza entra en colisión con otro de los libros recientes sobre el País Vasco, Derechos históricos y constitucionalismo útil, coordinado por Miguel Herrero de Miñón y Ernest Lluch. Elorza desmiente que los Fueros sean reminiscencia de una remota unidad política, mostrando en apoyo de esta afirmación evidencias concluyentes acerca de una larga evolución del pensamiento fuerista que, sólo al final del recorrido, se identifica con el nacionalismo. Por otra parte, Elorza señala que la misma existencia de fueros en cada uno de los territorios vascos refuerza la idea de que Euskadi o Euskal Herría nunca existió como entidad unitaria en el pasado y, por consiguiente, nunca pudo gozar de una soberanía de origen.
Éste es, por el contrario, el presupuesto inicial del libro coordinado por Herrero y Lluch, una obra dirigida a identificar soluciones que favorezcan la desaparición del terrorismo. Para ellos, la foralidad "consiste en dos extremos: la afirmación de una personalidad política originaria —los cuerpos de Provincia ayer, el pueblo vasco hoy— y una relación paccionada de dicha personalidad con terceros". A partir de esta doble constatación, juzgada como incontrovertible, los editores de Derechos históricos y constitucionalismo útilsugieren que la Constitución de 1978 dispone de un mecanismo capaz de dar respuesta a la incomodidad de los nacionalistas en el actual encaje territorial de España: el establecido en la Disposición Adicional Primera. Siempre según Herrero y Lluch, se trataría así de actualizar —lo que no consiste en "modernizar, sino en pasar de la potencia al acto"— los derechos históricos del pueblo vasco, ofreciéndole la posibilidad de permanecer o no en España en virtud de que se logre alcanzar un pacto con el Estado. Un procedimiento de esta naturaleza permitiría a los nacionalistas encontrar su espacio en el marco de una Constitución como la del 78, de la que hasta ahora no se han sentido parte. Y, en cualquier caso —concluye Herrero en el epílogo—, "a los españolistas nos corresponde, históricamente, la tarea de plantear en su día la autodeterminación y obtener de ella la integración".
Como es fácil observar, los editores de Derechos históricos y constitucionalismo útil necesitan distanciarse de la crítica historiográfica de Elorza —y con ella de la mayor parte del reciente ensayismo sobre el País Vasco—, puesto que, de aceptarla, toda su construcción jurídica carecería de fundamento. En realidad, ahí radica el principal escollo de la propuesta de Herrero y de Lluch, en su excesiva dependencia de un relato del pasado no sólo cuestionable, como queda de manifiesto en Un pueblo elegido, sino también de un relato del pasado formulado a través de unos términos y giros lingüísticos y no de otros. Resulta ilustrativo a este respecto el frecuente uso de expresiones similares a "se privó a los vascos o catalanes de sus leyes" a lo largo de su libro. ¿Qué ocurriría si, en lugar de narrar de este modo, se dijera que "se reorganizó la estructura del Estado una vez vencida la resistencia de los partidarios del sistema austracista en Cataluña y, más tarde, en el País Vasco"? ¿Acaso el recurso lingüístico utilizado en Derechos históricos y constitucionalismo útil —"se privó"— no lleva implícita ya la necesidad de la reposición? A los efectos de enjuiciar la propuesta de Herrero y de Lluch, no se trata de sugerir que una fórmula sea preferible a la otra, sino de mostrar la fragilidad de las bases sobre las que se desarrolla.
Una fragilidad que se extiende a otro aspecto decisivo del problema, como es la voluntad política del nacionalismo de constituir un Estado propio. La propuesta de Herrero y de Lluch podría resultar fecunda si el propósito de los sectores políticos del País Vasco que se encuentran incómodos con el actual encaje territorial de España fuera el de rehacer el marco previsto en la Constitución del 78, no prescindir sencillamente de él. En este último supuesto, que es el que se encuentra sobre el tapete después del Pacto de Estella y de la victoria nacionalista en las elecciones autonómicas, los no nacionalistas entienden, y no sin razón, que cualquier reconocimiento de una soberanía originaria del País Vasco reforzaría la deriva secesionista del nacionalismo democrático. Y lo que es aun peor, reafirmaría a los terroristas en la convicción de que matan por una causa justa y reconocida por todos.
El trabajo de Ignacio Sánchez-Cuenca, ETA contra el Estado, aborda por extenso esta cuestión, al dedicar uno de los más sugerentes capítulos de su libro a subrayar la importancia que los terroristas conceden al hecho de que otras fuerzas políticas persigan fines coincidentes con los suyos. El punto de partida de Sánchez-Cuenca es que, contrariamente a lo que se suele sostener, los terroristas no sólo matan a quien pueden y donde pueden, sino que lo hacen de acuerdo con una estrategia tan monstruosa como se quiera, pero al fin y al cabo una estrategia. Para oponerse con eficacia a ellos, el Estado está obligado a desentrañarla y a anticiparse, de modo que la tentación del desistimiento se encuentre siempre del lado de los terroristas. Con este propósito, Sánchez-Cuenca sugiere que el modelo de la teoría de juegos, y en concreto el de la guerra de desgaste, resulta útil para explicar el comportamiento de quienes asesinan en nombre del nacionalismo. Tras la detención de su cúpula en Bidart —explica Sánchez-Cuenca—, los terroristas inician un giro estratégico que es el que posibilitará el Pacto de Estella. Conscientes por fin de que el Estado no desistirá por la presión de sus crímenes, entienden que la única manera de lograr el objetivo de la independencia es a través de un acuerdo con el nacionalismo democrático. En este contexto, mantenido a lo largo de la tregua de 1998, una propuesta como la de Herrero y Lluch se hubiera traducido en un severo y quizá irreparable retroceso de las posiciones no nacionalistas.
Tras el cambio de estrategia de los terroristas, Sánchez-Cuenca advierte que la guerra de desgaste ya no se establece entre dos únicos actores —ETA de una parte y el Estado de otra—, sino que un tercero aparece súbitamente en escena: el Partido Nacionalista Vasco. "Para que las esperanzas etarras del frente nacionalista se derrumben definitivamente —escribe Sánchez-Cuenca—, es preciso que el PNV haga creíble la imposibilidad de colaborar de nuevo con los etarras, con tregua o sin ella." Y continúa: "habiendo decidido el Estado no ceder al chantaje terrorista y habiendo renunciado ETA a la guerra de desgaste, son los nacionalistas democráticos los que han de aclarar si están dispuestos a seguir dando esperanzas a los terroristas con su ambiguo programa soberanista o si por el contrario van a cerrar filas con el resto de partidos democráticos en el aislamiento de ETA". Es desde estas premisas desde donde cabe interpretar la presión ejercida por populares y socialistas sobre el PNV, y también la propuesta de acuerdo político avanzado por Sánchez-Cuenca: intentar reconstruir la unidad frente al terrorismo sobre la base de que el PNV acepte suspender cualquier reivindicación soberanista mientras continúe la violencia, en tanto que el resto de fuerzas políticas se avienen a discutir sobre la autodeterminación una vez que se acabe con el terrorismo.
De algún modo, lo que Sánchez-Cuen ca está proponiendo es una actualización del Pacto de Ajuria Enea, en la que los no nacionalistas ya no se comprometen sólo a apoyar medidas de reinserción al término del proceso, sino también a discutir las demandas políticas en las que coinciden terroristas y nacionalistas. Es en esta divergencia de aspecto insignificante donde mejor se advierte el retroceso de las posiciones no nacionalistas en el curso de la última década, en la que se ha pasado de un acuerdo general acerca de que el terrorismo no se traduciría en ventajas políticas para nadie a admitir ya que el fin de la violencia puede suponer un avance para las demandas del nacionalismo. Sánchez-Cuenca interpreta que, justamente por eso, el PNV podría estar interesado en una solución como la que él propone, y ojalá fuera así. Pero cabe también la hipótesis contraria, la de que, sabiendo que el fin del terrorismo abrirá el debate sobre la autodeterminación, el PNV inicie su particular guerra de desgaste contra el Estado, su propia "acumulación de fuerzas" con vistas a la negociación, dedicándose a deteriorar y deslegitimar las instituciones para llegar al momento decisivo en las mejores condiciones para sus intereses. La ruptura del consenso sobre la Ley del Concierto y otras materias, ¿no parece confirmar que existe una estrategia de esta naturaleza por parte de los nacionalistas? Por otra parte, ¿qué influencia tiene sobre la posible aplicación de la propuesta de Sánchez-Cuenca el hecho de que el PNV gestione ya un programa soberanista, al que los vascos concedieron una importante mayoría en las últimas elecciones?
Por más que cueste reconocerlo, lo cierto es que el margen de maniobra y la capacidad de iniciativa de los no nacionalistas no han hecho más que reducirse durante los últimos años, en buena medida debido a los propios errores y mezquindades. Un término tabú en la política española de hace una década, como autodeterminación, es hoy moneda corriente incluso en boca de las más altas magistraturas del país. Al mismo tiempo, una organización terrorista como ETA, que atraviesa uno de los peores momentos de su carrera criminal, está alcanzando paradójicamente sus mayores cotas de desestabilización política, al punto de que cada atentado se traduce en un nuevo y más profundo debilitamiento de las instituciones vascas. Quizás haya llegado el momento de que los no nacionalistas se pregunten, nos preguntemos, cómo se ha alcanzado una situación como la actual, aunque para ello tengamos que enfrentarnos a preguntas que obligarán a desenterrar los demonios de la reciente política española. Preguntas referidas a quién, cómo y por qué se rompió el Pacto de Ajuria Enea, no con el ánimo de recrearse en acusaciones o venganzas que carecen de sentido cuando hay vidas en juego, sino de disponer de un análisis no marcado por ningún ventajismo de partido, y menos aún por la necesidad de ocultar comportamientos que invocaban los más altos propósitos y valores con el objetivo no de aplicarlos, sino de instalarse en el poder. Preguntas, en definitiva, acerca de la conducción de la política antiterrorista y de la política autonómica.
Trabajos como Un pueblo escogido, Derechos históricos y constitucionalismo útil o ETA contra el Estado, cada uno con sus hallazgos y sus puntos débiles, añaden nuevas perspectivas intelectuales a la solución de un problema cuya perpetuación no se debe ya a una falta de conocimiento, sino a una gestión política que no consigue articular las mayorías necesarias para aislar a los asesinos sin renunciar a los valores constitucionales. Si bien se mira, no se trataría de ninguna novedad: es lo que todas las fuerzas políticas lograron tejer en 1988, antes de lanzarse insensatamente a destejer tan sólo cinco años más tarde. –
