El vendaval de protestas sociales que recorre Latinoamérica llegó anunciado a Colombia.
A finales de octubre, las centrales sindicales y varios grupos estudiantiles fijaron para el 21 de noviembre su huelga general, en respuesta a lo que llamaban “El Paquetazo de Duque”: unas reformas que serían presentadas al Congreso por el partido del presidente Iván Duque, Centro Democrático, y que incluyen medidas impopulares, como permitir que los empleadores paguen la seguridad social de los empleados de tiempo parcial por horas trabajadas y no sobre la base del salario mínimo; que el Estado pueda usar el dinero del presupuesto destinado a educación para pagar indemnizaciones por demandas que pierda en tribunales; que los trabajadores aporten 20% de su salario a pensión, y no ya el 16%; y que a los fondos de pensiones del Estado se les permita hacer inversiones más riesgosas.
Tras las quejas concretas, además, hay descontentos estructurales. A pesar del optimismo generado por la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016, y el consiguiente aumento de la inversión extranjera en el país, Colombia aún cojea en el camino hacia la equidad. Según cifras del Departamento Nacional de Estadística, de Niñez YA y de Oxfam, la pobreza multidimensional en Colombia es del 19.6%, el 62% de los jóvenes que terminaron educación secundaria no accedieron a educación universitaria, y el 81% de la tierra arable pertenece a un 1% de grandes explotaciones agrícolas.
En las semanas previas al 21 de noviembre, al llamado de las centrales y los estudiantes se sumaron los partidos de oposición, con exigencias adicionales. Todo el descontento hacia el actual gobierno cristalizó en un solo día.
“[Los miembros de la Alianza Verde] nos volvimos convocantes de la marcha, pero no organizadores”, dijo Mauricio Toro, un congresista del partido de oposición Alianza Verde. “Nosotros pedimos que el gobierno nos permita sacar los siete puntos de la consulta anticorrupción [presentada en el 2018], que haya cumplimiento de los acuerdos de paz con las FARC y una respuesta que trace rutas de trabajo frente al problema de los líderes asesinados en Colombia”.
Esto último, el asesinato sistemático de líderes locales y defensores de derechos humanos, es la peor crisis humanitaria que sobrelleva el país. En los tres años desde la firma del acuerdo de paz con las FARC, han muerto más de 600.
Además, 10 días antes de la protesta estalló la noticia de que al menos 8 niños reclutados por el crimen organizado –según algunos testimonios hasta 18– habían muerto en un bombardeo del ejército a grupos delincuenciales. El entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, que acalló la tragedia, renunció unas horas antes de que el Congreso votara una moción de censura contra él. No era su primer escándalo. Bajo su mando, el ejército reinstauró la política del conteo de muertes como medida de éxito en la lucha contra los grupos armados ilegales, una práctica que Juan Manuel Santos, presidente de 2010 a 2018, eliminó porque desató la práctica de las ejecuciones extrajudiciales. La misma directiva también sugería que debían colaborar con bandas criminales para perseguir a las disidencias de las FARC y a la guerrilla del ELN, y el ministro Botero protegió con mentiras a los militares que violaron y mataron a sangre fría a un desmovilizado de las FARC. En síntesis, uno más de los motivos para las marchas es el temor de que Colombia esté retrocediendo a la época anterior a los Acuerdos de Paz.
“Las protestas se crecieron por la participación masiva de los jóvenes, y ellos plantean temas muy distintos, en donde además del tema socioeconómico, se plantean los temas ambientales, temas de paz y demandas de participación. Son demandas más amplias y por eso es difícil encontrarle una salida al caso colombiano”, dijo Rodrigo Uprimny, ex magistrado auxiliar de la Corte Constitucional colombiana e investigador del centro de estudios jurídicos y sociales DeJusticia.
El 21 de noviembre, las calles brillaron con la más grande manifestación popular desde el 4 de febrero de 2008, cuando los colombianos protestaron contra los secuestros de las FARC. La cifra oficial del gobierno fueron 207.000 manifestantes, pero algunos han puesto esa cifra en duda. Por ejemplo, el diario El Espectador calculó que solo en Bogotá, Medellín y Bucaramanga hubo 446.549 manifestantes.
“El gobierno piensa que con unas becas y unos millones de más para el presupuesto nacional va a poder solucionar el problema, pero esos son paños de agua tibia para estas protestas. No están sintonizados con la presión social, y eso nos va a conducir a la violencia: otra vez a la represión u otra vez a la insurrección armada”, dijo Saúl Santoyo, un médico cirujano que marchó el 21 de noviembre.
“No pensamos que esto se fuera a agrandar de esta manera”, contó durante la protesta un miembro de la Central Unitaria de Trabajadores, una de las organizaciones que originalmente convocó a la huelga. “Se ha trasmitido el mensaje a la gran mayoría. Se trata de reunirnos en protesta contra este gobierno neoliberal”, añadió el sindicalista, que pidió mantener reserva de su nombre.
Los descontentos sociales en Colombia se suman a protestas en once países de América Latina, cada una con una mezcla particular de ingredientes locales y regionales. “Yo veo algo en común, que es una explosión de indignación y una crisis de representación en la democracia”, dijo Uprimny. “Los partidos existentes no logran canalizar bien esas demandas, ni siquiera los movimientos sociales clásicos logran canalizarlos bien, y eso está combinado con la búsqueda de nuevas formas de expresión”.
Violencia y xenofobia
Desde antes incluso de comenzar la huelga, el gobierno la atacó con una campaña de miedo y represión. En los días anteriores, dio orden al ejército para que patrullara con armas largas las calles de la ciudad, y la policía allanó colectivos de artistas y medios de comunicación independientes, porque supuestamente las autoridades habían recibido denuncias contra estos, por parte de estudiantes de universidades públicas vinculados a “grupos terroristas”. Más adelante, estos allanamientos fueron declarados ilegales por jueces de garantías.
Si bien hubo disturbios y saqueos en la ciudad de Cali, la marcha del 21 de noviembre transcurrió de manera pacífica en Bogotá hasta que, a las 5pm, jóvenes con el rostro cubierto trataron de forzar su entrada a la sede del Congreso. Los “encapuchados”, como se les llama en Colombia, chocaron con la policía y de inmediato llegaron los antimotines para dispersar a los manifestantes en la Plaza de Bolívar, donde están la Alcaldía Mayor, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso y la Catedral Primada. Los manifestantes especulaban que los encapuchados habían sido enviados por la misma policía para darle un sustento a la represión política.
El alcalde de Cali declaró toque de queda el 21 de noviembre y el de Bogotá lo hizo el 22. Los ciudadanos, entretanto, respondieron a las restricciones estatales con “cacerolazos”, un símbolo de protesta emblemático en otros países de América Latina, pero nunca antes usado en Colombia. Fueron tantos los bogotanos que desafiaron el toque de queda de forma pacífica con sus cacerolas, que hubo barrios donde la policía no pudo hacerlo cumplir.
Los saqueos y disturbios, sin embargo, también motivaron una respuesta xenófoba contra los inmigrantes venezolanos, a quienes se les acusaba en redes sociales de aprovechar el caos para robar. Los mensajes de odio proliferaron, y aunque por fortuna no se reportaron agresiones físicas contra venezolanos, las autoridades colombianas expulsaron a 59 de ellos por motivos relacionados a los disturbios, sin que se probara que en efecto eran culpables.
En días posteriores, al tiempo que el Estado denunció saqueos a comercio y daños a los sistemas de transporte público, los manifestantes compartieron en redes sociales videos de abusos de fuerza por parte de la policía, y en particular del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD). Esta institución, que responde directamente al Ministerio de Defensa, ha sido blanco de duras críticas porque, según algunos investigadores, 43 civiles han muerto en situaciones donde el escuadrón ha participado desde 1999, cuando fue creado. Es tal el rechazo al ESMAD que una de las exigencias de los manifestantes es disolverlo. La policía, a su vez, afirma que desde el 21 de noviembre han sido heridos 359 uniformados.
El 23 de noviembre, un miembro del ESMAD le dio un disparo por la espalda a Dilan Cruz, un joven de 18 años del Colegio Ricaurte, ubicado en un barrio popular de Bogotá. La munición tipo “bolsa de fríjol”, que son unos balines de plomo envueltos en kevlar, y según protocolos internacionales sólo pueden dispararse contra el torso y las piernas de los manifestantes, cuando estos suponen un riesgo para los agentes, se incrustó en el cráneo de Dilan, que murió tres días más tarde de un coma inducido. El episodio le dio un impulso renovado a la indignación y al descontento ciudadanos.
La respuesta de un gobierno fragmentado
El apoyo del presidente, dentro y fuera de su partido, se ha desplomado desde las protestas. Fernando Londoño Hoyos, un abogado de ultraderecha que adquirió irregularmente unas acciones de la compañía petrolera Ecopetrol, y que fue ministro de gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, sugirió que el presidente Duque debía renunciar. Las palabras de Londoño, que representa el ala más radical del partido de gobierno, revelan un resquebrajamiento dentro del Centro Democrático. Una encuesta publicada por Gallup Poll el 4 de diciembre arrojó que, a un año y medio de comenzar su mandato, el presidente Duque tiene un nivel de desaprobación del 70%.
Entretanto, el presidente ejerce una contradictoria mezcla de aislamiento y exceso de reuniones. Ha abierto unos grandes “diálogos nacionales” con toda suerte de actores, pero solo accedió a reunirse con el comité organizador del paro después de semana y media de marchas, y con la condición de que no se hicieran más protestas. Los organizadores, en lugar de aceptar el diálogo, invitaron a otra jornada de marchas el 4 de diciembre. A este último grupo se sumaron comunidades indígenas de la provincia del Cauca, cuyos líderes han sido sistemáticamente asesinados desde la firma de los acuerdos de paz: tan solo en 2019 han muerto 14.
Las conversaciones del gobierno han sido, por lo pronto, con empresarios, con rectores de universidades, con miembros de la sociedad civil, con alcaldes y gobernadores, pero no con los ciudadanos que tienen las cacerolas en la mano. Hasta la oferta más reciente de diálogo, la condición que había puesto el presidente es que estuvieran presentes los gremios de empresarios y comerciantes, la Procuraduría y la Fiscalía; oferta que también rechazaron de plano los líderes de la marcha.
La presión, entonces, no ha terminado. Todos los días hay manifestaciones en las calles, en su mayoría pacíficas y pequeñas. La marcha nacional del miércoles 4 de diciembre tuvo eco en las principales ciudades y logró llenar la Plaza de Bolívar de Bogotá. Por su parte, el gobierno solo ha cedido en que ya no se usará el presupuesto de la educación para pagar demandas al Estado, y ofreció establecer tres días al año en que los ciudadanos no tendrían que pagar el impuesto al valor adquirido (IVA).
“No podemos permitir que se destruya la esperanza que nació en las protestas. Eso sería una tragedia. Colombia ha vivido un momento de energía democrática como pocas veces ha tenido, pero no es claro cómo impedirlo. Todo el mundo sabe que el comité del paro no es plenamente representativo, entonces la única salida es que el gobierno tuviera gestos audaces, pero no los ha habido”, dijo Uprimny.
La marcha ha sufrido un cierto desgaste. Una encuesta del Centro Nacional de Consultoría, una compañía de investigación de mercado, dada a conocer el 2 de diciembre dijo que, si bien el 55% de sus encuestados estaba a favor de la marcha, el 60% quería que las cosas regresaran a la normalidad. Cada vez son menos quienes salen a la calle y las disrupciones en la vida cotidiana erosionan la paciencia de quienes simpatizan con la protesta, pero no están dispuestos a interrumpir indefinidamente su ritmo laboral. El reto de las organizaciones que convocan es ejercer la suficiente presión para que el gobierno se siente a negociar con ellos, pero no perder el apoyo popular en el camino. Por lo pronto, no hay diálogo entre las partes.
(Bogotá, 1981) es un periodista que escribe para medios hispanoamericanos. Ha estado radicado en Sudáfrica y en China, y actualmente reside en Colombia.
