–¿Cómo te acosa? ¿Cómo te amenaza? ¿Qué te dice? –preguntó la asesora jurídica del Ministerio Público Cuauhtémoc II a Claudia.
–Me manda mensajes y me dice que me dará donde más me dolerá; que si me ve con alguien, hará algo –respondió Claudia mientras le enseñaba los mensajes de Whatsapp que Jorge, el hombre con el que salió durante dos meses, le mandaba.
La servidora pública, encargada de dar orientación y turnar al Ministerio Público o a un juez cívico a las personas que necesitan presentar una denuncia, tomó el teléfono celular y leyó los mensajes que decían: “Si no me contestas, te voy a dar donde más te duele”; “Contéstame, puta madre”; “Dame mis cosas”; “No me hagas hacer una tontería”; “¿Quieres pedo? va; “No te voy a regalar ni putas madres”; “Contéstame, voy para tu casa”.
–Sus amenazas no son reales. No dice “te voy a matar” o “te voy a pegar”. Además, dices que no fue tu novio, entonces no entra en la ley para que sea demanda familiar– refutó la trabajadora del Ministerio.
–Yo necesito una orden de restricción. Él amenaza con ir a mi casa. Si me hace algo, ustedes serán los responsables– insistió Claudia, mientras se secaba las lágrimas y apuntaba con el dedo a la servidora pública.
Ese día, ella salió del ministerio sin poder presentar una denuncia que le permitiera obtener una orden de restricción para evitar que Jorge se le acercara y la agrediera. Caminó rumbo a su casa y le envió mensajes a sus amigos para que la acompañaran, pues él iría a recoger los muebles que le prestó.
El estado de indefensión de Claudia es producto del sistema de impartición de justicia al que se enfrentan las mujeres víctimas de violencia en la Ciudad de México. Según la Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016, el 79.8% de las mujeres de quince años y más han experimentado al menos un acto de violencia de cualquier tipo a lo largo de su vida.
El sistema de justicia tampoco funcionó para Claudia porque, desde el primer contacto hasta el último, las autoridades capitalinas no actuaron como lo establece la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, que enfatiza el deber de los funcionarios de estar preparados para brindar información sobre las acciones judiciales que una mujer violentada puede emprender. La irregularidad más grave de este caso fue que las autoridades ignoraron la perspectiva de género y se limitaron a lo que dicta el Código Penal capitalino, lo que no solo impidió garantizar sus derechos –establecidos en las normas mexicanas y en los tratados internacionales– sino que incluso violentó su derecho a la integridad personal, la seguridad, la denuncia, el acceso a la justicia y a la atención y el acompañamiento.
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Claudia conoció a Jorge hace veinte años cuando asistían a la secundaria técnica 6 Enrico Martínez, ubicada en el centro de la ciudad. En diciembre de 2018 coincidieron en una fiesta y, una semana después, él la invitó a salir. Ella aceptó, pese a que una de sus amigas le dijo: “Cuidado, porque me dijeron que él está medio loco. Ha tenido problemas con sus exnovias.”
Salieron durante dos meses sin formalizar una relación de noviazgo. Jorge estaba al pendiente de las necesidades materiales de Claudia; le compró desde muebles hasta un par de aretes y anillos. Sin embargo, a finales de enero recibió otra advertencia sobre el comportamiento de Jorge, cuando se enteró de la orden de restricción que promovió su exnovia para mantenerlo alejado después de que la agrediera. También a ella le exigía que le devolviera los regalos.
Esto provocó que Claudia rechazara sus invitaciones a comer, se negara a salir con él, recibirlo en su casa y responder sus llamadas. Para inicios de febrero, comenzó a ponerse agresivo. Le mandó un mensaje diciéndole: “Contéstame chingada madre, eres una puta, eres una pendeja, no sabes con quién estás hablando. Eres una interesada.”
Claudia bloqueó el número de Jorge, pero él respondió con más agresividad. Le mandaba mensajes por Facebook: “¿Querías conocerme? ¿Cómo me quito el sida, pinche culera?” Por medio del Whatsapp de su mamá, Jorge escribió: “Te voy a dar donde más te duele.”
Incluso recibió llamadas de la madre de Jorge: la culpaba del estado emocional de su hijo, le reclamaba: “Por tu culpa, se quiere matar. Ya quiso lanzarse de la ventana. Eres una vieja más que buscó su dinero.”
Al día siguiente, por el temor a las amenazas y el comportamiento de Jorge, Claudia, de 35 años, buscó protección con las autoridades capitalinas: quiso obtener una orden de restricción para que no se le acercara, tenía miedo de que la agrediera físicamente.
Pero no fue posible. Antes de llegar al Ministerio Público de Cuauhtémoc, Claudia pasó por tres lugares: en ninguno pudo denunciarlo. Los argumentos fueron que Jorge no la había agredido físicamente y que no era su novio.
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La primera vez que intentó denunciarlo fue el 25 de marzo, cuando acudió a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. En la entrada la mandaron al piso dos, donde se encuentra la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales. No la ayudaron porque él nunca intentó violarla ni presionarla para tener relaciones sexuales.
De ahí la mandaron al piso cuatro, a la Fiscalía de Procesos en Juzgados Familiares, donde la atendió un funcionario, a quien le relató el acoso y le enseñó los mensajes de Jorge. “O bajas o voy a subir [a tu casa] y vas a tener que abrirme”; “¿Querías conocerme emputado? Va. Ya lo lograste”; “Lo único que espero es que no estés embarazada de mí y te tomes las putas pastillas. No mames”. El funcionario tampoco la ayudó: “Tú lo aceptaste”, le dijo, “en los mensajes no te dice que te va a matar o a hacer un daño físico; entonces, no podemos hacer nada.”
La mandaron al Juzgado Cívico CUH-8, situado en la colonia José María Pino Suárez, donde otra vez le dijeron que no podían levantar una orden de restricción y la enviaron a un lugar más: el Ministerio Público.
Ninguna de las primeras tres instancias reconoció que Claudia es víctima de violencia psicoemocional que, según el artículo 6 de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, se define como todo aquello que pretenda “intimidar o controlar acciones, comportamientos y decisiones”. La misma ley pone algunos ejemplos, que coinciden en el caso de Claudia –“coacciones […] intimidaciones, insultos, amenazas […] chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, […] actitudes devaluatorias”– que provocan un daño a la autoestima o a “un área de la estructura psíquica”. Para la procuraduría y ambas fiscalías, esta clase de violencia solo sería válida si Jorge fuera novio o exnovio de Claudia, porque así lo establece el artículo 200 del código penal de la Ciudad de México (que incluye la posibilidad de que el agresor sea el marido, concubino o pariente consanguíneo).
El 27 de marzo, después del trabajo, Claudia fue al Ministerio que está detrás de la alcaldía Cuauhtémoc, donde también se encuentra el Módulo de Atención Oportuna, que debe dar asesoría jurídica general y enviar a los ciudadanos ante las autoridades correspondientes. Claudia se acercó al módulo, donde la atendió una de las asesoras. Luego de más de treinta minutos, recibió la misma respuesta que en las oficinas que visitó dos días antes: no le permitieron levantar una denuncia contra Jorge, reiterando el argumento de que no fue su novio.
Al ver que Claudia se exaltaba, la asesora llamó a la representante de las abogadas de las mujeres que están en las agencias del Ministerio Público; son parte de un programa de la Secretaría de las Mujeres capitalina que fue anunciado el 4 de marzo de este año por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. La abogada del ministerio de Cuauhtémoc II fue por Claudia y la llevó hasta su área de trabajo.
–No te sientas culpable de lo que pasa. Puedes hacer algo, pero debes decir que [Jorge] es tu pareja; si no, no va a proceder la denuncia– le recomendó y la envió a otra dependencia.
Así, Claudia pasó de una dependencia a otra, aunque los artículos 31 y 32 de la ley local para evitar la violencia contra las mujeres haya establecido el protocolo de Modelo Único de Atención, que debería garantizar que se implementen los mismos lineamientos de “atención social, psicológica, jurídica y médica” e impedir que esta se fragmente en distintas instituciones. El primer funcionario que tenga contacto con la víctima, de acuerdo con esta ley, aunque no esté especializado en la violencia contra las mujeres, debe conocer y ubicar las áreas que sí lo están para informar de manera adecuada sobre los servicios y canalizar los casos a las instituciones correctas.
Los funcionarios también debieron haber integrado sus datos a la Red de información de violencia contra las mujeres, por medio de la Cédula Única de Registro, que sirve para identificar las necesidades y redes de apoyo de la víctima, sus factores de vulnerabilidad y discriminación, los tipos de violencia que vive y las características de su agresor. La cédula forma parte de una base de datos a la que tienen acceso las dependencias y entidades de la Ciudad de México con la finalidad de que todas tengan la misma información, puedan darle seguimiento continuo a los casos y existan antecedentes y datos del presunto culpable por si la víctima vuelve a ser agredida. El deber de las autoridades es dar de alta a cualquier mujer que haya sufrido violencia, incluso si no procede jurídicamente la demanda contra su agresor.
En el caso de Claudia, no hay antecedentes de las agresiones de Jorge. Si fuera atacada físicamente por él, la autoridad no podría identificarlo como primer sospechoso del delito. Al salir del ministerio sin un folio, Claudia no es una de las 5,676 mujeres y niñas víctimas de violencia de género que iniciaron una carpeta de investigación apoyadas por el programa Abogadas de las Mujeres entre el 4 de marzo y el 31 de agosto. Además de la violencia de Jorge, Claudia es víctima de la impunidad y de la violencia institucional que obstaculizó el ejercicio de sus derechos y su acceso a las políticas públicas destinadas a ella.
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En mayo, Jorge se fue de la Ciudad de México; le avisó a Claudia y ella se sintió tranquila. Dejó de tener miedo de verlo aparecer en su casa o en su trabajo. Pero regresó dos semanas después.
La volvió a buscar. Insiste en verla. Le manda los mismos mensajes, las mismas amenazas. Claudia los guarda, dijo, “por si algo [me] pasa”.
(Ciudad de México, 1978) es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM y estudiante de la Maestría en Periodismo sobre Políticas Públicas del CIDE.
