Todo político que se presenta a unas elecciones, lo hace con la esperanza de ganarlas, pero en los últimos tiempos abundan los que no están dispuestos a perderlas. Con distintos grados de intensidad, Donald Trump, Tayep Erdogan y Pedro Sánchez son ejemplo de ello. Al día siguiente de la derrota socialista en las elecciones municipales y autonómicas, el presidente reunió a los diputados salientes de su partido para comunicarles la noticia de que había decidido la inmediata convocatoria de las generales. Se presentó como lo hiciera horas un Erdogan inesperadamente victorioso, con la mano derecha puesta sobre el corazón. No era preciso analizar qué había pasado, qué errores se habían cometido, para llegar al desastre electoral. Solo hacía falta activar de inmediato el mecanismo de la revancha, disolviendo las Cortes sin preocuparse por el ritual dispuesto en el artículo 115 de la Constitución y fijar una fecha favorable, cuando las vacaciones de verano pueden generar una diferencial positiva de participación para el voto de izquierda. Y puesto a ello el PSOE no tiene que detenerse a pensar; solo movilizarse a las órdenes de Pedro Sánchez para el combate en las urnas con el enemigo.
Hasta hoy, con los ejemplos vivos de Putin, Xi Jinping o el propio Erdogan, a partir de la agonía de la república en Roma, pasando por las ciudades-Estado de la Italia medieval, la voluntad lograda de perpetuación en el poder ha llevado siempre a la destrucción de la democracia (en el caso chino citado, de la colegialidad en la dirección). Es un proceso activado siempre desde una iniciativa individual, y que por ello resullta susceptible de ser frenado en un marco democrático. El problema se plantea cuando el aspirante a la continuidad indefinida de su mando encuentra los instrumentos para vulnerar los límites temporales legalmente establecidos para el ejercicio del cargo. Ello puede ser logrado, bien mediante una reforma legal, casos recientes de Chávez o Putin, bien generando una relación asimétrica que coloca en inferioridad manifiesta a la oposición a la hora de competir en las elecciones. Tal ha sido el método Erdogan en Turquía: plena disposición en los medios públicos para su propaganda, solo treinta minutos concedidos en la TV de Estado a su competidor en la carrera por la presidencia.
El pluralismo político vigente hace de momento inviable una pretensión similar en España, pero la orientación en ese sentido es clara. Desde su instalación en el gobierno, y de modo particular desde la formación del gobierno de coalición con Podemos, con el aliciente de las grandes dificultades suscitadas por el Covid, Pedro Sánchez desarrolló una estrategia política cuyo objetivo fundamental fue su mantenimiento a toda costa en el poder. A ese fin ha ido sometiendo uno tras otro todos los mecanismos del sistema político, incluido su propio partido, a un riguroso ajuste, de manera que sin tocar la normativa constitucional, se trasformen en instrumentos eficaces de su mando. Así, en el Congreso del partido, de octubre de 2021, el PSOE es definido como un “partido de militantes” que con disciplina siguen las directrices de su secretario general. Todo pluralismo es eliminado. Es la consigna de “unidad” por encima de todo lo que preside la actual campaña.
La justificación de esa exigencia reside en el dualismo radical con que contempla las relaciones políticas. El patrón definido en la primera etapa del covid, con el refuerzo de Podemos, se mantiene hasta hoy. El gobierno encarna el progresismo, los intereses de “la gente”, de “las clases medias y trabajadoras”; la derecha, pronto “extrema derecha” del PP (luego hermanado con Vox a efectos de descalificación), los intereses minoritarios de los económicamente poderosos que impulsan la reacción. Pobres contra ricos. La fórmula era y es, con ligeras variantes, de aplicación universal, tanto al cuestionamiento de la política anti-covid como a las medidas económicas o a la política internacional. Por mucho tiempo, Pablo Iglesias con sus tesis sobre “las cloacas” fue aquí un eficaz refuerzo de Sánchez. Solo en el interior del gobierno habita la verdad, y como el covid desapareció por fin, el éxito de su actuación se da por descontado. Para ello hace falta olvidar el temerario mantenimiento de la convocatoria del 8-M en 2020, los informes borrados de Fernando Simón para los primeros días, las mascarillas innecesarias cuando no las había, la descentralización prematura de la gestión, la comisión de expertos a la francesa que nunca existió, la adquisiciones catastróficas, y sobre todo el ataque a fondo contra el intento de investigación de una jueza, la cual acabó cediendo, mientras el alto oficial de la Guardia Civil que realizó la investigación sin someterse al gobierno, lo pagó con su carrera profesional. Fue el momento en que el diario de mayor prestigio asumió abiertamente el papel de vocero de Sánchez y Marlaska.
La realidad era sustituida por la visión gubernamental de la realidad según sus intereses. A partir de aquí fue emprendido el proceso de sometimiento de las instituciones, empezando por las claves del sistema político democrático, de acuerdo con un alegalismo manifiesto. El Congreso se convirtió en la cámara de registro de la elaboración legislativa mediante el recurso permanente a los decretos-leyes. Acentuando una situación ya implantada por el PP, el fiscal general del Estado pasó a actuar como simple mandadero de las instrucciones del gobierno, y solo la resistencia corporativa de la derecha judicial, llegando al incumplimiento radical de las normas de renovación, impidió que hasta ahora se consumase la sumisión del tercer poder al ejecutivo.
Sánchez tiene la virtud de ser implacable en el cumplimiento de sus designios de control absoluto de todo el aparato de Estado, con los jueces convertidos, no ya en leones bajo el trono, como pidiera el rey absolutista Jacobo I de Inglaterra, sino mastines bajo el poder, del mismo modo que una televisión pública y de una prensa que de la orientación favorable al PSOE pasan a la militancia abierta al servicio del Estado y contra la oposición.
Conviene recordar que en el período de gestión del PP por Pablo Casado, su visión apocalíptica del sistema político se ajustaba a la perfección a la estrategia de Sánchez, pero de nada sirvió el paso a posiciones más matizadas. De nada sirvió que el PP hiciera posible que Sánchez enmendara el bodrio del “sí es sí”: el encubrimiento llegó hasta una información nocturna del voto en TVE, mientras se mantuvieron intactos los ataques a los conservadores por ser enemigos de la mujer. Vuelven las dos Españas, solo que ahora la auténtica España es la capitaneada por Sánchez, y la conservadora es la Antiespaña. De ahí la pertinencia de una Ley de Memoria Democrática que devuelve las cosas, invirtiéndolas, al dualismo del 36. Y como lo que no conviene a Sánchez no existe, la supuesta memoria democrática salta hasta la República y la Guerra Civil, e ignora el asalto que para la transición representó el terrorismo de ETA. Fue y es la manipulación de la historia, puesta al servicio de una estrategia de la tensión.
Todo se subordina al fin principal de la primacía de Sánchez, que para sobrevivir necesita los votos de aquellas formaciones como ERC y Bildu cuya finalidad es precisamente la destrucción del orden constitucional y de la propia España. El fraude político llega al extremo de que en el programa electoral del PSOE para estas elecciones, el problema catalán simplemente no existe. El terror de ETA tampoco existe y solo reaccionarios impresentables, como los demócratas que lo sufrieron y los “populares” se atreven a evocarlo, siendo descalificados violentamente de modo inmediato
Tampoco existen el problema de las difíciles relaciones internacionales con Marruecos, y el drama costoso del abandono de la solidaridad con el Sahara. El objetivo de Pedro Sánchez no es someter a discusión y explicación los aspectos más complejos y representativos de su política, sino exhibir su permanente acierto y destruir a la derecha. El contenido de la democracia resulta así totalmente vaciado en su campaña electoral, reducida a un plebiscito en torno a su persona.
La situación es tanto más grave cuanto que a medio plazo, los problemas planteados por independentistas catalanes y vascos se han aplacado, pero a costa de un aplazamiento que incluye, en el caso catalán, el desarme total del Estado frente a una nueva declaración unilateral de independencia, y en el caso vasco, un aval a los herederos de ETA que les convierte en el primer partido de un País Vasco ahora bajo total hegemonía nacionalista. Y en la vertiente opuesta, que como fruto de la insistencia en el regreso simbólico al 36, el neofranquismo se presenta con Vox convertido en una fuerza ascendente, imitadora de la vocación posfascista de Giorgia Meloni en Italia, y con posibilidades reales de entrar en un gobierno Feijóo. La experiencia de las alianzas después de mayo así lo indica, y entonces sí que el regreso a los valores predemocráticos sería inevitable. No podía ser menos elevado el precio de un progresismo simplificador y maniqueo, sometido a unos intereses estrictamente personales. Por una parte, la confirmación electoral de Pedro Sánchez el 23J supondría también la de su sultanismo, más que caudillismo, el control absoluto de los tres poderes en su mano, con una clara deriva populista en el plano económico; su derrota, con el ascenso de Vox a áreas de gobierno, un regreso cultural al pasado y una insoportable agudización de las tensiones políticas y sociales, impulsadas a modo de réplica desde la extrema izquierda. No se trata, pues, de elegir entre dos proyectos de país, sino de un lado entre la organización de la convivencia, que en buena lógica y de manera improbable debieran asumir los dos grandes partidos, y de otro, un camino de destrucción que afectaría al propio Estado.
Antonio Elorza es ensayista, historiador y catedrático de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid. Su libro más reciente es 'Un juego de tronos castizo. Godoy y Napoleón: una agónica lucha por el poder' (Alianza Editorial, 2023).
