Como ha dicho David Cabo, es importante no confundir el plan de acción por la democracia con el plan de gobierno abierto, el consenso para la administración abierta, el plan de parlamento abierto o la ley de administración abierta. En el plan de acción democrática aprobado por el consejo de ministros esta semana lo primero que destaca es su falta de credibilidad. Para empezar, defiende esta regeneración alguien que lleva seis años en el poder: es responsable directo del deterioro que señala.
No es verosímil el compromiso con la libertad de información y la calidad democrática de quien empieza a cargar contra los medios y los “bulos” cuando salen noticias verídicas sobre su mujer. Tampoco es verosímil que encuentre una mayoría suficiente para muchas de sus propuestas. Algunas son sobras recalentadas: la despenalización de las injurias a la corona o de las ofensas a los sentimientos religiosos aparecen cada pocos meses, y de vez en cuando vemos a un líder a la izquierda del PSOE diciendo que ahora sí, vamos a derogar la ley mordaza: siempre mañana y nunca mañanamos.
Algunas propuestas sobre la transparencia y publicidad institucional son exigencias del Reglamento Europeo de Libertad de Medios. El reglamento también pide proteger la independencia editorial de los medios públicos, pero el gobierno ha olvidado incluir ese aspecto, cuando las televisiones públicas, a nivel estatal y autonómico, son herramientas de propaganda de los gobiernos. La publicidad institucional, dicen, ha de ser más transparente y la medición de audiencia también: esto puede tener ventajas y desventajas, por el efecto involuntario de las buenas intenciones y por la consecuencia buscada de las malas intenciones. Los medios que no están en castellano no se sujetarán a las mismas reglas que los demás, así que el plan de acción para la democracia suspende sus estándares para contentar a los nacionalistas y satisfacer sus políticas clientelares.
Exigir la autorregulación a los medios recuerda al chiste del comunista que les hacía la autocrítica a los otros. Sancionar los bulos parece un desafío epistemológico insuperable incluso para Patxi López, y el honor ya está protegido. El objetivo principal es intimidar; más a los medios pequeños. Cuesta imaginar mayorías que conviertan en ley las propuestas, pero entretanto podemos proponer otras nuevas: una regeneración democrática que explique las bondades de prescindir del poder legislativo porque, total, ya llega dinero de Europa; donde el CIS sobrevalore por ley y no por gusto las opciones electorales de la izquierda; donde se explique que nadie como un exministro para evaluar al frente del Banco de España las políticas que diseñó él mismo cuando era ministro, y donde los únicos bulos saludables sean los del Gobierno, porque van destinados a aumentar la calidad democrática.
Publicado originalmente en El Periódico de Aragón.
Daniel Gascón (Zaragoza, 1981) es escritor y editor de Letras Libres. Su libro más reciente es 'El padre de tus hijos' (Literatura Random House, 2023).
