El 24 de octubre de este aƱo, la CĆ”mara de Senadores aprobĆ³ la reforma a la Ley OrgĆ”nica del Poder Judicial de la FederaciĆ³n, por la cual desaparecen 13 fideicomisos de dicho poder, que acumulan poco mĆ”s de 15 mil millones de pesos y comprenden fondos de ahorro de pensiones de los trabajadores del PJF, otros que se destinan a la atenciĆ³n de enfermedades catastrĆ³ficas, asĆ como aquellos que apartan recursos para la reubicaciĆ³n de juzgadores (una medida establecida con el fin de procurar su imparcialidad, al no generar lazos con la comunidad que puedan afectar el desempeƱo de sus funciones e incluso, en algunos casos, por el riesgo inminente que corren al resolver sobre asuntos que tienen que ver con el crimen organizado en general).
En lo pĆŗblico, la desapariciĆ³n de los fideicomisos afecta tambiĆ©n el desempeƱo de los tribunales federales, que se verĆ”n obligados a recortar personal, o impedidos para ampliar el campo de acciĆ³n de la funciĆ³n jurisdiccional mediante la construcciĆ³n de nuevos tribunales que puedan atender a cada vez mĆ”s poblaciĆ³n.
No resulta difĆcil comprender que la desapariciĆ³n de los fideicomisos obedece a la intenciĆ³n del presidente LĆ³pez Obrador de generar la percepciĆ³n de que el poder judicial āel mismo que lo obligĆ³ a vacunar a los infantes contra la covid-19 o detuvo el traspaso del mando civil de la Guardia Nacional a la Sedenaā es ineficiente, para asĆ lograr que la campaƱa de desprestigio del actual mĆ©todo de conformaciĆ³n de los integrantes de la Suprema Corte y demĆ”s tribunalesĀ federales āestablecido para garantizar la objetividad judicialā, que serĆ” bandera del oficialismo en las elecciones presidenciales y legislativas del prĆ³ximo aƱo, permee entre el electorado y lleve a Morena a ganar la presidencia y la mayorĆa en las cĆ”maras. El objetivo Ćŗltimo es conseguir que su candidata, Claudia Sheinbaum, concentre todo el poder a partir del 2024, mediante el control absoluto de los poderes legislativo y judicial, que ya no representarĆ”n ni contrapeso ni dique de contenciĆ³n a la voluntad presidencial.
Pero la ambiciĆ³n rapaz comete errores. La voracidad por hacerse de todo el poder pĆŗblico ha mostrado el rostro del obradorismo en toda su crueldad y desprecio por la ley y la vida, la salud, la seguridad y la dignidad humana.
En medio de un intenso debate pĆŗblico, los esfuerzos de los trabajadores del poder judicial para informar a la opiniĆ³n pĆŗblica sobre los derechos laborales que le fueron arrebatados por esta reforma se vieron interrumpidos por la llegada del huracĆ”n Otis, que azotĆ³ las costas de Guerrero durante el 24 y 25 de octubre, afectando severamente al puerto de Acapulco y 46 municipios mĆ”s.
A la poblaciĆ³n de ese estado no se le advirtiĆ³ con la urgencia necesaria sobre la magnitud del fenĆ³meno que avanzĆ³ hacia ellos. Hoy sabemos, de boca del propio presidente, que omitiĆ³ deliberadamente emitir la Declaratoria de Emergencia (un instrumento que permite al ejecutivo poner en marcha estrategias de prevenciĆ³n y atenciĆ³n a la poblaciĆ³n civil antes, durante y despuĆ©s de que un desastre natural ponga en riesgo grave al nĆŗcleo susceptible de afectaciĆ³n, mediante la acciĆ³n concertada del ejĆ©rcito, la marina y protecciĆ³n civil, entre otros). En su lugar, segĆŗn dijo en su conferencia matutina del 9 de noviembre, decidiĆ³ emitir un post en la red social X, lo que no es en sĆ mismo un acto ejecutivo, e irse a dormir.
De hecho, la declaratoria de Emergencia āpor lluvias intensas y fuertes vientosā se emitiĆ³ hasta el 30 de octubre, seis dĆas despĆŗes de que Otis devastara al puerto que concentra el 80% de los ingresos por turismo del estado y otros 46 municipios, y tres dĆas despuĆ©s de que fuera publicado en el Diario Oficial de la FederaciĆ³n el decreto que desaparece los fideicomisos judiciales para su reintegraciĆ³n a la TesorerĆa de la FederaciĆ³n. En la capacidad de decisiĆ³n del ejecutivo, el allegarse del dinero de los trabajadores del poder judicial estuvo por encima de la vida, la salud, la seguridad y la atenciĆ³n de mĆ”s de un millĆ³n de personas damnificadas en Guerrero.
Peor aĆŗn: el 9 de noviembre se publicĆ³ tambiĆ©n en el DOF la terminaciĆ³n de la Declaratoria de Emergencia, con lo que se dan a su vez por terminados los trabajos que proveen y garantizan servicios pĆŗblicos como luz, agua potable, limpieza y remociĆ³n de escombros y basura, provisiĆ³n de medicamentos y atenciĆ³n sanitaria y de acceso a la salud. Mientras tanto, los habitantes de Acapulco āsolo uno de los 47 municipios afectadosā siguen removiendo escombros, y buscando a sus familiares y amigos en el mar y entre montĆculos de cascajo y tierra, rodeados por el hedor de la basura que se acumula en las calles destruidas.
Persiste la Declaratoria de Desastre, que atiende Ćŗnicamente daƱos patrimoniales, publicada el 2 de noviembre, pero Ćŗnicamente para dos municipios de Guerrero: Acapulco y Coyuca de BenĆtez; los otros 45 municipios fueron excluidos de todo presupuesto federal para la reconstrucciĆ³n de viviendas y vĆas pĆŗblicas. Cientos de miles quedan sin la posibilidad de acceder a fondos federales para conseguir al menos un techo que los cubra. Sin embargo, en el presupuesto de egresos aprobado por la CĆ”mara de Diputados para el ejercicio fiscal 2024, los diputados del partido en el poder no destinaron un solo peso a la reconstrucciĆ³n de los municipios afectados por Otis. La Ćŗnica clĆ”usula aƱadida establece que, en caso de que se recupere todo o parte de los recursos concentrados en los fideicomisos del poder judicial, se destinarĆ”n a la reconstrucciĆ³n de Acapulco y Coyuca de BenĆtez.
Por su parte, el pasado jueves 8 de noviembre la jueza del Noveno Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de MĆ©xico, Elizabeth Trejo, otorgĆ³ la suspensiĆ³n definitiva a los trabajadores del poder judicial, que impide que el gobierno federal tenga acceso a los fondos de los 13 fideicomisos desaparecidos. Esta decisiĆ³n es congruente con la protecciĆ³n constitucional sobre derechos laborales adquiridos, y contra violaciones en el proceso legislativo que dieron lugar a la aprobaciĆ³n de la reforma.
Por otro lado, el mismo gobierno federal estimĆ³ que se requieren mĆ”s de 3 mil 400 millones de dĆ³lares para la recuperaciĆ³n y reconstrucciĆ³n de Acapulco y Coyuca de BenĆtez. Y aunque en el presupuesto de 2023 se crean tres nuevos fideicomisos para las fuerzas armadas (y que, a lo largo del sexenio, los fideicomisos militares han acumulado casi 100 mil millones de pesos), en la conferencia matutina del viernes 10 de noviembre, LĆ³pez Obrador y la secretaria de GobernaciĆ³n echaron sobre los hombros de los trabajadores del poder judicial la responsabilidad sobre la tragedia que siguen viviendo los cientos de miles de damnificados en Guerrero.
Que quede claro: si bien fenĆ³menos naturales como Otis son inevitables, el presidente es responsable de no haber advertido a la poblaciĆ³n de las dimensiones del huracĆ”n que se aproximaba y de la importancia de resguardarse ante Ć©l, asĆ como de la tardanza en activar a todas las autoridades competentes para ejecutar todas las acciones tendientes a proveer seguridad, atenciĆ³n mĆ©dica y de servicios pĆŗblicos con suficiencia y eficacia tras el paso de Otis.
Los trabajadores del poder judicial estĆ”n en lo correcto al defender sus derechos laborales y adquiridos. Y ninguno de ellos estĆ” facultado para administrar el presupuesto de la FederaciĆ³n ni para comandar a la Marina, el Ejercito y la CoordinaciĆ³n Nacional de ProtecciĆ³n Civil. LĆ³pez Obrador, sĆ. ~
es licenciada en derecho con especialidad en derecho fiscal por la UDLAP. Activista en favor de la cultura de la legalidad.
