En 1961, María Cristina Salmorán de Tamayo se convirtió en la primera mujer en tomar posesión como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Desde entonces, solo catorce mujeres han tenido acceso a esa posición prominente dentro del poder judicial en México. Catorce en los 200 años de historia del máximo tribunal constitucional de nuestro país.
Hoy se abre una nueva oportunidad para las mujeres, ante la posibilidad de que una de las cuatro que son actualmente ministras de la Corte sea también quien la presida, una vez concluya el período de 4 años del actual ministro presidente, Arturo Zaldívar, a las 11:59 pm del próximo 31 de diciembre. De estas cuatro mujeres, dos han manifestado su deseo de convertirse en la primera presidenta de la Corte: Norma Lucía Piña Hernández y Yasmín Esquivel Mossa.
Norma Lucía Piña Hernández es doctora en Derecho. Tiene una gran trayectoria académica y carrera judicial, sin escándalos ni sombras que manchen ni su prestigio personal ni su encargo como ministra. Es docente y especialista en derecho penal, constitucional y amparo; defensora y promotora de Derechos Humanos con una visión progresista.
Con 32 años de experiencia en el poder judicial, Piña fue designada ministra por el Senado en 2015, en sustitución de Olga Sánchez Cordero. Como ministra, ha defendido los derechos de los servidores públicos contra la disposición que les prohibía trabajar en la iniciativa privada por un período de 10 años, así como los derechos de los usuarios de telefonía celular ante la reforma que pretendía imponer el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía, entre otros.
Yasmín Esquivel Mossa es doctora en Derecho, especializada en derecho administrativo, fiscal y sistema financiero mexicano, y tiene 22 años de trayectoria en el poder judicial.
Y aquí debo parar esta semblanza, pues el 21 de diciembre Guillermo Sheridan expuso el probable plagio de la tesis que Esquivel Mossa presentó para obtener el grado de licenciada en Derecho por la UNAM. La tesis de la hoy ministra, presentada en septiembre de 1987, parece ser copia exacta de la que presentó Edgar Ulises Báez Gutiérrez en julio de 1986 ante la misma casa de estudios, a juzgar por las evidencias que Sheridan hizo públicas.
De comprobarse este plagio, la defensa de tesis podría ser invalidada y en consecuencia, también el grado de licenciada en Derecho de la ministra Esquivel Mossa. Con ello, no contaría siquiera con el primer requisito para ser integrante del Pleno, y procedería su remoción a través del juicio político contemplado en el artículo 110 constitucional. Esto, si la ministra no presenta su renuncia en términos del artículo 98 constitucional que, en su caso, debe ser aceptada primero por el Ejecutivo, para posteriormente someterse a la aprobación del Senado.
Pero Yasmín Esquivel Mossa fue la única candidata que López Obrador propuso al Senado, apenas en febrero de 2019, para que formara parte del pleno de la SCJN. Su nominación y posterior designación generaron justificadas muestras de rechazo de integrantes de grupos colegiados de abogados, analistas y sociedad en general, por una razón de peso: el perfil de Esquivel Mossa estaba contaminado por el conflicto de interés, pues es la esposa de José María Rioobó, el ingeniero civil y contratista favorito del presidente, quien recibió, por ejemplo, por adjudicación directa del gobierno de AMLO la ejecución de la obra de los segundos pisos en el entonces Distrito Federal, que ocasionaron un daño patrimonial hasta por 350 mdp.
Rioboó también tuvo un papel importante en la concepción del Aeropuerto Felipe Ángeles y participa en la reconstrucción de la trágica Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. La ministra Esquivel ha avalado la presencia del Ejército en las calles para que realice funciones de seguridad pública, mientras que una de las empresas de su esposo ha recibido contratos por más de 2.6 millones de pesos del Instituto de Seguridad Social para las fuerzas Armadas mexicanas.
Los escándalos han sido parte de la breve trayectoria de Esquivel Mossa en la Corte. Apenas en marzo del 2021, la periodista Dolia Estévez dio a conocer que la ministra y su esposo habrían acudido a vacunarse contra la covid-19 a la Ciudad de San Antonio, Texas. Aunque el “turismo por vacunación” fue un fenómeno común en México ante la negligencia y uso político de las vacunas del gobierno federal, el caso de Esquivel tuvo tintes de aparente corrupción. Según lo reportado, para vacunarse, la ministra presuntamente obtuvo una matrícula consular que la acreditaba como residente mexicana en el Estado de Texas, la cual fue tramitada por Rubén Minutti, cónsul en San Antonio, quien habría sido subordinado de Esquivel Mossa cuando esta encabezaba el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
Luego, en abril de este año, la ministra Esquivel determinó suspender la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dada a la Fiscalía General de la República para que entregara al Instituto Nacional Electoral la carpeta de investigación que llevaba a cabo en contra de Pío López Obrador por los videos revelados a través de la plataforma informativa Latinus, en los que se veía al hermano del presidente recibiendo sobres de dinero de quien era asesor del gobierno de Chiapas, David León.
La SCJN está por transitar a un nuevo período de liderazgo. Tras 4 años de la presidencia del ministro Zaldívar, caracterizada por el desprecio a la colegiación, la promoción personal descarada de la imagen del presidente de la Corte con recursos públicos y el maltrato solapado a los magistrados y jueces por el presidente de la República, la Corte requiere un liderazgo no solo fresco, sino congruente con la naturaleza autónoma del poder judicial y con el propósito de la Corte como órgano de control constitucional.
Se requiere también un liderazgo que garantice, fomente y proteja la actividad jurisdiccional de los embates del gobierno federal, si es que la ciudadanía espera seguir encontrando en la Corte el último muro para la defensa de las libertades ciudadanas. Esto, además, en un momento en que seguramente la mayor de las libertades, la de elegir a los representantes populares, terminará siendo debatida ante el SCJN, con motivo de las reformas al Instituto Nacional Electoral.
Como candidatas aspirantes a presidir el Pleno de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura, tanto la ministra Piña como la ministra Esquivel tienen en el centro de sus propuestas el combate a la corrupción. Pero si algo hemos aprendido los mexicanos y las mexicanas estos últimos 4 años, es que “hechos son amores y no buenas razones”. Y siendo claros, a la luz de los eventos conocidos, solo uno de estos dos perfiles tiene los hechos y el otro, aparentes “buenas razones”.
es licenciada en derecho con especialidad en derecho fiscal por la UDLAP. Activista en favor de la cultura de la legalidad.
