Hay un intento de encontrar semejanzas entre la invasión del Capitolio de Estados Unidos hace dos años y los actos golpistas y ocupación de los edificios de los tres poderes del gobierno de Brasil que ocurrieron este domingo en su capital. Es natural buscar este paralelismo, dado que detrás de cada uno de estos hechos hay expresidentes derrotados en las urnas. Pero para una mejor valoración de este momento dramático, prefiero llamar la atención sobre las diferencias, que son enormes y fundamentales para entender el proceso que nos trajo aquí.
La primera es que, en el caso estadounidense, ni los militares ni las instituciones de la república se quedaron calladas. Al contrario: con la ayuda de la prensa y la sociedad civil, iniciaron una contundente tarea de defensa de las instituciones democráticas, que condujo a la detención, hasta el momento, de casi un millar de golpistas que participaron de alguna forma en la invasión del Capitolio, el 6 de enero de 2021. También se sabe que el alto mando militar estadounidense temía el golpe de Estado que intentaron los partidarios del expresidente, y se opusieron, situándose prontamente en defensa de la Constitución de ese país. Todavía falta mucha gente por localizar y arrestar, pero las instituciones están trabajando para ese fin.
¿Y aquí en Brasil?
Desde hace meses, por no decir años, hemos visto a un presidente de la república incitar a una parte radicalizada de la población a apostarse frente a los cuarteles y pedir un golpe de Estado. Una de las primeras ocasiones se dio al inicio de la pandemia de covid-19, cuando el mundo miraba con horror el aumento progresivo de muertes y Brasil perdió en aquel único día 2 mil 400 personas como consecuencia de la enfermedad. En ese momento, el expresidente Jair Bolsonaro convocó a la población a acudir al Cuartel General en Brasilia para protestar contra el Congreso brasileño y el Supremo Tribunal Federal.
Ese 19 de abril de 2020, Bolsonaro pidió efusivamente la intervención militar en el país, con el cierre del Congreso y del Tribunal. Dijo entonces: “Estoy aquí porque creo en ustedes. Y ustedes están aquí porque creen en Brasil. No vamos a negociar nada (…) Todos, sin excepción, tienen que ser patriotas y creer y hacer su parte para que podamos colocar a Brasil en el lugar destacado que se merece. El pueblo al poder. Hacer todo lo que sea necesario.
¿Y qué se ha hecho desde entonces?
Nada lo suficientemente fuerte como para prevenir nuevos ataques a la democracia brasileña. En esos días, en algunos canales de noticias incluso se discutió (¡increíble!) si el hecho era realmente grave o no. Pero desde entonces, esas manifestaciones se volvieron más frecuentes y se extendieron a distintas regiones de Brasil. Todas, a su vez, fueron estimuladas y tuvieron algún grado de apoyo del propio Bolsonaro, sus hijos o sus simpatizantes.
A pesar de la inequívoca gravedad de los hechos, una parte importante de las instituciones de la república no puso límites. Nada hicieron las Fuerzas Armadas, nada hizo el ministro de Justicia de la época, el exjuez Sergio Moro, quien días después dejaría su cargo, acusando al presidente de intervenir políticamente en beneficio propio en la Policía Federal. Augusto Aras, procurador general de la república, no actuó en defensa de la Constitución, ni tampoco el entonces gobernador del Distrito Federal, el mismo y apático Ibaneis Rocha, quien apenas hoy reaccionó contra los actos golpistas, aparentemente por temor a que la responsabilidad por el intento de golpe de Estado y los actos terroristas recayeran sobre él. Lo que se ha visto desde entonces, sin embargo, ha sido una cierta naturalización de estas amenazas antidemocráticas en la rutina de la sociedad brasileña.
Por lo tanto, el estallido golpista de ayer no puede ser visto como algo inesperado, ya que estaba siendo preparado desde hace mucho tiempo y turboalimentado desde que el presidente Lula ganó las elecciones. Corresponde ahora que las instituciones cumplan con su deber con mayor celeridad y castiguen con rigor a quienes participan o participaron en las agresiones contra la democracia de los últimos años y en el intento de golpe de Estado de ayer en Brasilia. Es importante recordar las múltiples formas de participación en estos actos, que van desde quienes actuaron presencialmente, invadiendo y saqueando bienes públicos, pasando por quienes organizan y financian al golpismo, sin olvidar las omisiones de quienes debían cumplir con sus funciones constitucionales, cualesquiera que estas fueran.
Después de la tragedia del gobierno de Bolsonaro y las amenazas diarias de ruptura institucional encabezadas por el expresidente, la sociedad optó por acudir a las urnas, en octubre de 2022, para expresar su apoyo a la democracia y condenar el golpe de Estado tan exaltado y alentado por el gobierno derrotado. Pasadas las elecciones, la parte democrática de la población espera que se imponga el imperio de la ley y que los golpistas sean juzgados por sus crímenes contra la patria. El gobierno recién iniciado del presidente Lula tiene que demostrar que entiende ese deseo. ~
Publicado originalmente en portugués en Headline y reproducido con autorización.
Científica política del Instituto de Estudios Avanzados IEA/USP, investigadora del DOXA, Laboratorio de Estudios Electorales, de Comunicación política y Opinión Pública del Instituto de Estudios Sociales y Políticos (IESP) de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, y del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre la Desigualdad (NIED) de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ).
