La crisis política que vive Brasil es la más grave desde el regreso de la democracia a ese país. Lo que está en juego ya no es la popularidad o el futuro político de la presidente Dilma Roussef, sino la estabilidad de la primera economía de América Latina y de una de las democracias más grandes del mundo. Tres escándalos de corrupción han dañado irremediablemente la reputación de Dilma: uno por presunto financiamiento ilegal en su campaña presidencial, otro por el supuesto uso indebido de dinero de bancos del Estado para cubrir déficits presupuestales y, el más reciente, por presunta obstrucción de una investigación de desvío de recursos de Petrobras, la empresa estatal petrolera, a favor del Partido del Trabajo.
La onda expansiva del escándalo alcanzó al mítico ex presidente Luiz Inacio “Lula” Da Silva, considerado hasta ahora un estadista de primer nivel y símbolo de la izquierda moderna de América Latina. Hoy, Lula es acusado de ser un político sucio que se vende a cambio de dinero y lujosas casas regaladas por una poderosa empresa de construcción de infraestructura. Sí, es difícil de creer, pero esas cosas pasan.
La respuesta de Dilma ha sido tratar de convencer al pueblo brasileño de que las investigaciones en su contra son un golpe de Estado, un ataque contra la democracia y las instituciones, contra el debido proceso y la presunción de inocencia. En un discurso reciente, afirmó que:
“Condenar a alguien por un crimen que no cometió es el acto de violencia más grande que se puede cometer en contra de cualquier persona. Es una injusticia brutal. Es una ilegalidad. He sido víctima de esta injusticia una vez durante la dictadura, y lucharé para no ser víctima de nuevo, en plena democracia. En este caso, no caben medias tintas: lo que está pasando es un golpe contra la democracia. […] Así que no renunciaré bajo ninguna circunstancia.
Sin embargo, el discurso de la presidente Roussef carece de un elemento clave para la persuasión: credibilidad. Ya hemos hablado en esta bitácora sobre cómo se construye la credibilidad en el discurso, básicamente con congruencia (haciendo lo que uno dice) y transparencia (diciendo lo que uno hace). Y Dilma Roussef falló en ambos frentes. Prometió en su campaña de reelección que no haría ajustes fiscales…pero los hizo. Aseguró a los empresarios que contendría los efectos de la caída de los precios de las materias primas…pero su manejo económico empeoró la recesión y disparó la inflación y el desempleo. Hoy, sus aliados oportunistas del Partido del Movimiento Democrático Brasileño le han dado la espalda y ya se frotan las manos para encabezar un gobierno interino en caso de que la destituyan vía juicio político.
Mientras tanto el Poder Judicial brasileño, autónomo y fuerte, ha asumido el control de la agenda pública del país y tiene contra la pared a toda la clase política y empresarial. En un estira y afloje dramático, Lula ha sido arrestado como testigo clave y luego liberado para horror de sus simpatizantes de izquierda y júbilo de sus detractores a la derecha. Dilma lo quiso nombrar jefe de gabinete para darle inmunidad, pero la Suprema Corte bloqueó la maniobra. Han sido días de manifestaciones y drama que bien pueden concluir con la destitución de la presidente, la demolición del legado de Lula, o ambas.
¿Qué lección nos deja en México lo que hoy se vive en Brasil? Una fundamental: la transición de una sociedad corrupta a una sociedad que se rige bajo la ley puede salirse de control muy rápidamente, si no hay consenso entre las élites políticas y económicas sobre el rumbo debe seguirse.
En México, la solución imaginada por muchos para detener la corrupción es que llegue al poder una persona honesta y decidida, un outsider del sistema, que investiga a todos y mete a la cárcel a los corruptos. El problema con esta salida es que en países como Brasil –y México– la corrupción no es parte del sistema, sino que es el sistema. Y por eso al seguir el rastro del dinero no hay prácticamente nadie que se salve. Se apagó la música, se encendió la luz y todos los asistentes a la fiesta fueron sorprendidos en el desfiguro. Escándalo. Vergüenza. Destituciones. Arrestos. Crisis política. La justicia politizada. La política judicializada. ¿Por dónde empezar a poner orden? ¿Por la presidente y el expresidente? ¿Por los senadores y gobernadores? ¿Por los funcionarios de Petrobras y los empresarios cómplices? ¿Por los jueces y los fiscales venales? ¿Por todos sin distinción? ¿Quién va a quedar para cerrar la puerta de la cárcel por fuera?
Como dijo algún primer ministro británico, “en la construcción del Estado de derecho, los primeros 500 años son la parte más difícil”. Así que, de la misma manera en la que construimos consensos entre las élites mexicanas para transitar de una economía cerrada a una abierta, y de un sistema de partido único a una democracia electoral multipartidista, más nos convendría comenzar a construir un consenso mínimo para realizar, de forma ordenada, nuestra tercera transición: la transición de la corrupción al Estado de derecho. Cuando veas las barbas de Lula cortar… pon las tuyas a remojar.
Especialista en discurso político y manejo de crisis.
