La tan famosa ley de amnistía que el gobierno de Pedro Sánchez pactó con los independentistas de Junts fue a cambio de siete votos. Se ha dicho muchas veces, pero nunca suficientes: el presidente del gobierno prometió al partido que lidera desde el extranjero un fugado independentista un cambio radical del ordenamiento jurídico español, con consecuencias devastadoras para la igualdad ante la ley, a cambio de siete votos en su investidura. Los independentistas de Junts insistieron, además, en que su apoyo sería circunstancial: sus votos solo servirían para hacer presidente a Sánchez, nada más. Es decir, no había ningún pacto de legislatura. Como ha recordado José Antonio Zarzalejos, “a mediados del pasado mes de agosto, el entorno de Carles Puigdemont filtró que el expresidente haría ‘mear sangre’ a Pedro Sánchez.”
Esta semana, el gobierno llevó al Congreso tres decretos repletos de medidas (la herramienta del decreto es ya la que usa el gobierno por defecto). Eran los primeros de la nueva legislatura y una prueba de la lealtad entre Junts y el gobierno después de la investidura. En la votación, hasta el último momento, Junts amenazó con no apoyar el decreto. Finalmente salió adelante, pero solo porque el gobierno acabó concediendo aún más privilegios a los independentistas. Entre ellos está la transferencia de las competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña. Es una concesión delirante por muchas razones, pero una de ellas tiene que ver con la patrimonialización de toda Cataluña que hacen los independentistas. Junts no solo habla en nombre de los catalanes como si estos fueran todos independentistas. Al haber negociado estas concesiones con el gobierno, también se ha comportado como si gobernara la Generalitat. Pero no es así. Junts es la tercera fuerza en el parlamento catalán, y la Generalitat está presidida por ERC, un partido que además ha criticado la deriva xenófoba de Junts (se entiende que critican su xenofobia hacia extranjeros; ambos partidos llevan años practicando la xenofobia contra la población española). Hace un mes, varios alcaldes de Junts en la comarca del Maresme propusieron la expulsión de España de los delincuentes multirreincidentes extranjeros, una medida que gozó del apoyo del secretario general de Junts, Jordi Turull. Ante esto, ERC acusó al partido de acercarse a las posiciones “de formaciones ultras y de la extrema derecha”. Ahora Junts consigue que sea la Generalitat la que gestione las competencias de inmigración.
La otra gran crisis que se ha producido durante la votación de los decretos la han protagonizado Podemos y Sumar, enfrascados en una batalla pueril por las últimas migajas de poder que le queda a la izquierda alternativa que surgió tras el 15M. Unidas Podemos votó en contra del decreto sobre el subsidio de desempleo, y agregó un matiz que realmente sonaba a excusa: su negativa era un intento de demostrar autonomía y pureza después de que el grupo parlamentario de Podemos se escindiera de Sumar. Hoy Podemos es una marioneta con cada vez menos poder y controlada desde fuera por Pablo Iglesias, que usa su televisión Canal RED como herramienta de propaganda del partido.
El gobierno no se ha preocupado en buscar apoyos para sus propuestas, sino que ha insistido en su estrategia de siempre: imponer y esperar que los demás se plieguen. Como dice el editorial de El País “aunque la legislatura haya arrancado con retraso, nada obligaba a llevar a un solo pleno tantas y tan diversas propuestas mezcladas. Y a la vista de los resultados, con tan insuficiente negociación.” El gobierno además nunca justifica realmente las concesiones que da. Como dicen en El Confidencial, “La euforia por convalidar los decretos hizo que el Ejecutivo orillara las cesiones hechas a Junts. Solo se conocieron porque las hicieron públicas los independentistas. El Gobierno ni las contó ni las explicó.” Lo que es bueno no se explica, cae por su propio peso, parece pensar siempre el gobierno.
Lo que queda claro tras este episodio es que no será nada fácil gobernar con tantos grupos, y sobre todo con aquellos cuya principal estrategia es el desmantelamiento del Estado y el chantaje. También queda claro que a Sánchez no le interesa la permanencia de sus políticas, solo su permanencia en el poder, pero eso llevamos años sabiéndolo.
