En ninguno de los países latinoamericanos que conozco es tan notoria la brecha entre realidad y percepción como en Chile. Con un discurso resumido en que “el país se cae a pedazos”, José Antonio Kast obtuvo el 58% de los votos frente al 41% de Jeannette Jara en su tercer intento por llegar a La Moneda. La sensación de estancamiento se explica por el agotamiento del modelo de la Concertación de Partidos por la Democracia que gobernó entre 1990 y 2010 y dejó como saldo una reducción de la pobreza (del 50% en 1990 al 9% en 2018) y la narrativa de que Chile era el “tigre” de la región. Desde el final del primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010) empezó un ciclo de alternancia que se ratificó y puede ser leído como el intento de las izquierdas y las derechas por encontrar una nueva fórmula del éxito. 

El hito más relevante de esta búsqueda colectiva fue el proceso que va desde el estallido social de 2019 hasta el cierre en 2023 de los fallidos intentos institucionales por elaborar una nueva constitución. Si el estallido reveló las grietas del modelo de modernización capitalista surgido en los años ochenta, el empeño constitucional mostró la incapacidad de ambos sectores por instalar un proyecto colectivo mayoritario. Con la elección del candidato que prometió volver al orden y al respeto de la ley pues “Chile no puede normalizar el fuego”, según dijo la noche de su victoria, se cierra el ciclo político iniciado el viernes 18 de octubre de 2019 en que ardieron veinte estaciones del Metro de Santiago. Si la primera fase se caracterizó por el delirio refundacional, el ciclo que se abre se define por la nostalgia restaurativa.

La implosión del “octubrismo” y el ascenso de la restauración

El estallido social ha sido el mayor acontecimiento telúrico de la política chilena tras el retorno a la democracia. Desde su erupción, las élites políticas, económicas y culturales intentaron capitalizar la sentencia de Friedrich Nietzsche de que “no hay hechos, solo interpretaciones”. Como en un partido de fútbol, en el primer tiempo las izquierdas arrollaron a su rival; luego de las multitudinarias marchas y la violencia colectiva y policial que conmocionó al país, la ciudadanía entregó un inobjetable apoyo del 80% para elegir una convención ciudadana y paritaria. La euforia no duró mucho ya que poco después de la puesta en escena de los nuevos padres y madres fundadores, el producto fue una miscelánea de propuestas maximalistas y memes que desacreditaron el delirio progresista. Entonces, un recién posesionado Gabriel Boric, líder de la izquierda posmoderna, calculó que la nueva Carta que había respaldado sería la hoja de ruta de su gobierno. Seis meses después, el rechazo aplastante en las urnas lo dejó sin programa y con una impopularidad mayoritaria de la que nunca se recuperó. 

En el segundo tiempo del partido, las derechas contraatacaron. Como todos entendían que sin una nueva constitución el mandato popular no se había cumplido, los políticos sacaron de la chistera una elección que nadie previó,  que eligió ciudadanos y expertos pues se trataba de acotar el espacio para espontáneos y oportunistas. En poco tiempo, los expertos elaboraron un borrador ampliamente celebrado como viable y moderado, dos requisitos suficientes para una carta política. Sin embargo, la mayoría absoluta del nuevo órgano había quedado en manos de una formación con tres años de existencia, disidencia de la Unión Demócrata Independiente (UDI), el partido más conservador de la derecha chilena. Su líder era José Antonio Kast, un conocido de la política doméstica que había sido diputado entre 2002 y 2018 y candidato presidencial en 2017 y 2021. Como los extremos se tocan, allí también cundió el delirio, pero de signo contrario. Y si la primera Convención soñó con un país plurinacional que rediseñaba instituciones republicanas y reconocía un extenso catálogo de derechos sociales, el segundo órgano electo desecharía prontamente el texto de los expertos y se embriagaría con la idea de restaurar un país que volvía a prohibir el aborto y repotenciaba el llamado ‘Estado subsidiario’, una categoría socialcristiana que sirve para nombrar eufemísticamente el neoliberalismo chileno. Los ciudadanos, asustados una vez más por la pulsión incontenida de los ganadores de querer arrasar a sus contradictores, pusieron el freno de mano y en diciembre de 2023 la ‘Kastitución’ recibió un contundente 55% en contra. 

Sin nueva constitución, gobierno de emergencia

Agotadas las salidas institucionales, la élite política archivó el mandato popular de la nueva constitución. Dos efectos del proceso constitucional fueron decisivos para el triunfo de José Antonio Kast dos años después. Primero, se instaló la narrativa de que todos los males del país surgieron o fueron validados por el “octubrismo”, las protestas de octubre de 2019, un término cuyo eco rojo –la Revolución Bolchevique en Rusia en 1917–  era comunicacionalmente magistral aunque equívocamente ponía en un mismo saco a los defensores de la primera propuesta, a la coalición de izquierdas en el poder y a los delincuentes que quemaron trenes, locales e iglesias. El “octubrismo’ se instaló como la suma de todos los males, un chivo expiatorio ideal para unas derechas que habían demostrado igual incapacidad que las izquierdas para consensuar un proyecto colectivo convocante. Instalado en el imaginario colectivo el “octubrismo” como amenaza agazapada que inspiraba miedo, la seguridad devino como oportunidad electoral para quien supiera aprovecharla. 

Mientras la “marcha más grande de Chile” del 25 de octubre de 2019 se diluía en el recuerdo y se iba reduciendo año a año,  entre el universo de ciudadanos que reconocían que en aquellos días de efervescencia colectiva protestaron, justificaron la violencia colectiva y desaprobaron rabiosamente la represión estatal, crecía el temor hacia el crimen organizado y el rechazo hacia la inmigración ilegal. La narrativa instalada por las derechas fue eficaz en poner el foco en las angustias coyunturales y no en la indignación estructural, unas fibras emocionales más fáciles de tocar por los opositores como muestra la pendularidad latinoamericana de la última década. Los medios y las redes, afanados por los clics, volvían insistentemente sobre la faceta delictual del estallido dejando como nota al pie sus sentidos reclamos sociales y que no todos los males habían entrado por la frontera. No todo fue narrativa, por supuesto. La diáspora desde Venezuela siguió y el Tren de Aragua y otras organizaciones ampliaron sus tentáculos y portafolio criminal.

En este contexto, el segundo efecto del proceso constitucional fue que, por la gracia de un discurso implacable contra el gobierno Boric y a pesar de haber sido el responsable de que a sus copartidarios se les hubieran ido las luces redactando un texto restaurador para los “chilenos de bien”, José Antonio Kast se erigió como ángel exterminador del “octubrismo”. Sus fórmulas simples (expulsar a los migrantes irregulares, endurecer los pasos fronterizos) y su diagnóstico indignado de la situación sonaron como música celestial en una campaña de tono autoritario en que la candidata de la centro derecha no descartó reimplantar la pena de muerte y otro candidato propuso sembrar minas personales en la frontera con Bolivia.

Así, en el transcurso de un lustro la agenda del país había girado desde los reclamos posmateriales (dignidad, derechos sociales, plurinacionalidad, feminismo, reconocimiento de los pueblos originarios, lenguaje inclusivo) hacia las demandas materiales clásicas (orden, seguridad, respeto por la ley, crecimiento económico, cárceles). Por eso el “vamos a restablecer el respeto a la ley” pronunciado por el presidente electo en su discurso de victoria sonó como un mantra. En todo caso, Kast recibió un mandato acotado en su objeto y en el tiempo: devolverle al país la tranquilidad perdida, una tarea apremiante para “un país angustiado”, como él mismo lo diagnosticó, y cuyo antídoto es el gobierno de emergencia que promete. Por ahora, problemas estructurales como la pobreza, la desigualdad, la baja tasa de natalidad, la epidemia de salud mental y la corrupción deberán esperar. Tras el fin del delirio refundacional, la reforma se convirtió en una mala palabra. 

¿Un pinochetismo democrático?

Católico, casado, padre de nueve hijos y defensor de una agenda ideológica contra el aborto, el matrimonio de parejas del mismo sexo y el enfoque de género, José Antonio Kast es a la familia tradicional lo que Sebastián Piñera era al empresario exitoso: un ejemplar de manual. La noche de la victoria dijo que “es un triunfo de la gente que trabaja, de las familias que crían a sus hijos con esfuerzo y quieren vivir tranquilos”. Fue precisamente esta versión del conservadurismo hispánico la que inspiró la Constitución de 1980, cuyo padre intelectual fue Jaime Guzmán, ideólogo del régimen cívico-militar y mentor de Kast. No extraña entonces que estén en duda las credenciales democráticas y liberales del nuevo presidente de Chile. En cuanto a lo primero, no existen indicios de alarma: dos horas después de la publicación de los resultados oficiales ya había conversado telefónicamente con el presidente Boric y había recibido a la candidata derrotada. Chile exhibe una institucionalidad republicana y una civilidad democrática que sobresalen en un contexto de asfixiante polarización afectiva.

En el campo de los derechos y las libertades el panorama es diferente, aunque por ahora solo del centro hacia la izquierda se habla sin volteretas semánticas del talante autoritario del presidente electo. De un lado, su cercanía personal y alianza programática con Javier Milei auguran un gobierno ultraliberal en lo económico caracterizado por rebajas de impuestos a las empresas, flexibilización contractual (léase, precarización y despidos) apostándole, como le gusta a los empresarios, a que si el gran capital crece, los más pobres recibirán las sobras. O dicho de otro modo, que la macroeconomía resolverá las angustias para llegar a fin de mes, en un país en que la mitad de la población gana 665USD o menos y solo el 3% cobra más de 3.000 USD mensuales. De otro lado, su vinculación con el club de Orban, Abascal, Meloni & Cía hacen que la pregunta sobre si es liberal sea un tanto retórica. Sus defensores aclaran que en esta campaña guardó bajo llave las armas de la batalla cultural y él mismo ha prometido enfocarse en seguridad, migración ilegal y crecimiento económico. Sin embargo, los antecedentes de sus copartidarios permiten sospechar que no renunciarán a restaurar aquello que contradiga la moral cristiana y las buenas costumbres. 

En Chile, el voto en el plebiscito de 1988 ha sido una señal de identidad política y hasta ahora todos los presidentes desde el retorno a la democracia habían votado No a la continuidad de la dictadura de Augusto Pinochet. José Antonio Kast será el primer presidente que votó por el Sí. En todo caso, un Senado equidistante entre las izquierdas y las derechas y una Cámara de Diputados cuyo fiel de la balanza es un partido demagógico moderarán o profundizarán el ciclo restaurador que viene.