Gelleli tenía 24 años, era mazateca y vivía en San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca. Formaba parte del 30% de las mujeres en edad reproductiva en México y estaba cursando su segundo embarazo. Se encontraba dentro del 49.9% de las personas con derechohabiencia afiliadas al Seguro Popular, lo cual le permitió tener acceso a atención prenatal en el centro de salud de su comunidad. Sin embargo, dicho centro de salud está en huelga, por lo que únicamente da atención a urgencias y a mujeres embarazadas. Además, en San Felipe Jalapa de Díaz hay un hospital que fue construido en 2005, pero que jamás fue puesto en marcha.
El 17 de febrero de 2017, Gelleli empezó a presentar contracciones, por lo que Martín, su pareja, la acompañó al Centro de Salud. Ahí le dijeron que ella estaba muy grave y necesitaba una cesárea de emergencia. La refirieron al Hospital de Tuxtepec, pero debía trasladarse por sus propios medios, ya que no hay servicio de ambulancias en Jalapa de Díaz. Gellei y Martín no podían pagar los 800 pesos que les cobraba el taxi, por lo que solicitaron el apoyo del presidente municipal, quien pagó su traslado. Fue así que llegaron alrededor de las 6 de la tarde al Hospital de Tuxtepec, pero fueron atendidos hasta las 8 de la mañana del sábado. Martín cuenta que los médicos la ingresaron, pero nadie se dirigió a él para decirle cómo se encontraba. Alrededor de las 4 de la tarde, una trabajadora social se acercó a él para explicarle que iban a practicarle a Gelleli una segunda operación. Él se sorprendió porque nadie le había dicho que ya se le había practicado la cesárea, tampoco le dijeron que la segunda operación era por una hemorragia interna. Le hicieron firmar varios papeles sin explicarle de qué trataban, solo le dijeron que los tenía que firmar para poder operarla o ella moriría. Martín y los papás de Gelleli esperaron toda la noche sin noticias sobre su salud. En la mañana del 19 de febrero les informaron que era necesario practicarle una tercera operación, porque seguía con sangrado. Finalmente, el 20 de febrero le informaron a la familia que Gelleli había muerto y su bebé sobrevivido.
En México el 51% de la población está compuesto por mujeres. De esta población de mujeres, casi la mitad, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se encuentra en edad reproductiva, es decir, tiene entre 15 y 44 años. Por lo tanto, en un país como el nuestro resulta indispensable hablar de salud reproductiva, de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de historias cotidianas como la de Gelleli.
La salud sexual y reproductiva está vinculada con el derecho de todas las personas al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Por su parte, los derechos reproductivos “se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos y el espaciamiento de los nacimientos y a disponer de la información y de los medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva”. El objetivo de estos derechos es que las personas puedan tomar decisiones libres e informadas sobre su vida, su sexualidad y su reproducción. Para que estos derechos no se queden en el papel, es indispensable que cumplan con algunos elementos esenciales, como disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.
La disponibilidad se refiere a que el Estado debe contar con suficientes establecimientos, programas y condiciones en los servicios públicos de salud. Actualmente hay 0.020 unidades de hospitalización y 1.082 camas disponibles por cada mil afiliados al Seguro Popular y 1.6 camas por cada mil habitantes en México, comparado con 4.8 camas por cada mil habitantes en la OCDE, lo cual refleja el rezago al que se enfrentan las personas que, como Gellei, requieren atención médica.
Por su parte, la accesibilidad se refiere a que los establecimientos, bienes y servicios sean accesibles de forma económica, geográfica y sin discriminación. Esto se traduce en que las personas sean atendidas cuando lo requieran, independientemente de su sexo, edad, grupo étnico, lugar de residencia, ingresos o condición laboral. Este elemento no se cumple en el sistema de salud mexicano, ya que en principio la afiliación a las instituciones de salud está vinculada con el tipo de empleo con que se cuenta: formal, informal, público, privado o inexistente. Por ello, el 21.5% de la población mexicana sigue teniendo carencias en salud. Al requerir atención de emergencia, Gelleli tuvo un tiempo de traslado al hospital mayor al promedio para los usuarios del Seguro Popular, que es de 58.89 minutos, además de enfrentarse a la huelga en el centro de salud y a la inexistencia de un hospital que se supone que debería funcionar.
Además de los obstáculos que enfrentó Gelleli, las mujeres en México se enfrentan a la discriminación jurídica que implica el que tengan mayores o menores derechos, como el del aborto, de acuerdo a la legislación del estado en que viven, ya que en México el aborto es un delito que se regula a nivel estatal. Actualmente, la Ciudad de México es la única entidad del país que ha despenalizado el aborto hasta las doce semanas por voluntad de la mujer, y el aborto por violación es la única causal legal en todo el país.
Finalmente, la calidad se refiere a que los establecimientos, bienes y servicios deben ser médicamente apropiados. Los servicios de atención médica en México distan mucho de cumplir este criterio, ya que, como Gelleli, el 20.80% de los usuarios del Seguro Popular tienen que esperar mucho para recibir atención médica. Y en el caso de la atención del parto, como Gelleli, el 33.4% de las mujeres de 15 a 49 años que tuvieron un parto en los últimos 5 años sufrió algún tipo de maltrato por parte de quienes las atendieron. Esta forma de maltrato y violencia en el parto se denomina violencia obstétrica, que es una forma de violencia institucional que consiste en cualquier acción u omisión por parte del personal de salud que cause daño físico o psicológico a la mujer durante el embarazo, parto y posparto. Como consecuencia de la violencia obstétrica, que en el caso de Gelelli implicó una falta de atención médica oportuna, incomunicación y carencia de consentimiento informado, ella perdió la vida. Por esto, su caso es uno de muerte materna. En México, la razón de muerte materna es de 36.4 por cada cien mil nacidos vivos y el 53.7% de las mujeres que mueren tenían seguro popular, como Gelleli.
La historia de Gelleli nos muestra la adversidad del panorama al que se enfrentan las mujeres en el ejercicio de sus derechos reproductivos. Sin embargo, hay algunos avances. Uno de ellos es la modificación de la NOM 046, que da lugar a que las mujeres mayores de doce años puedan acceder al aborto por violación sin necesidad de presentar una denuncia, autorización o del consentimiento del padre, madre o tutor. O el Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de la Emergencia Obstétrica, que obliga a las instituciones de salud a proveer el servicio más allá del tipo de seguridad social que las mujeres tengan.
En este proceso electoral los temas de salud y los derechos reproductivos de las mujeres han estado poco presentes. El único candidato que en su proyecto de nación menciona explícitamente el tema es Andrés Manuel López Obrador, pero son menciones marginales y no aterrizan en propuestas concretas. Ha dicho, sin embargo, que implementará un sistema de urgencias efectivo, lo cual podría impactar en la calidad de los servicios de salud reproductiva. José Antonio Meade y Margarita Zavala, por su parte, han hecho propuestas sobre el acceso a estancias infantiles. Adicionalmente, el primero ha dicho que reforzará el primer nivel de atención y que fortalecerá el Seguro Popular para ampliar el acceso, lo cual sin duda beneficiaría a las mujeres como Gelleli. Por su parte, Margarita Zavala ha ofrecido incentivos a las empresas que cuenten con mejores permisos de maternidad y paternidad así como con capacitación continua.
Dada su importancia, no hay que perder de vista estos temas. Considero que las y los candidatos deben comprometerse con los derechos reproductivos de las mujeres por medio de acciones como son: 1) Garantizar el acceso universal a las mujeres que requieran servicios de salud obstétrica, particularmente en trabajo de parto. 2) Promover que las mujeres embarazadas y en trabajo de parto conozcan sus derechos, se reconozca su voluntad y se garantice el consentimiento informado. 3) Vincular y consolidar la atención de los servicios de primer nivel con acciones preventivas y de atención, aprovechando la infraestructura disponible, asegurando la referencia oportuna y una red funcional de atención con los servicios de segundo y tercer nivel para la resolución de urgencias obstétricas. 4) Garantizar el acceso al aborto por causales y la salvaguarda del secreto profesional para proteger el derecho a la salud y a la vida privada de las mujeres que acuden a sus servicios y así evitar su criminalización.
De lo contrario, corremos el riesgo de perder lo que hemos ganado, de que las mujeres sigamos sin las condiciones para poder tomar decisiones libres e informadas y de que quienes sigan recibiendo las peores consecuencias sean las mujeres en situación de pobreza, las adolescentes y las mujeres indígenas.
es feminista y se dedica a analizar los temas de derechos reproductivos de las mujeres en México.
