A vista de pájaro, el fenómeno de Trump en Estados Unidos parece guardar fuertes parecidos con la oleada de populismo de derecha que se ha extendido por Europa en tiempos recientes. Trump fue un temprano partidario del Brexit. Admira a Boris Johnson y a Viktor Orbán y ha recurrido a una retórica que recuerda Le Pen y Salvini. Como todos los populistas de derechas, Trump ha presentado a una parte del pueblo estadounidense como el conjunto mientras combinaba al resto de los ciudadanos junto a inmigrantes y extranjeros como el enemigo. Una parte parece muy familiar: enfrentar al hombre común frente a los expertos y la élite, y arrojar en la mezcla una buena dosis de misoginia; lanzar una campaña política por la presidencia proclamando que los mexicanos son criminales que quieren entrar ilegalmente en Estados Unidos; y apresurarse a lanzar un decreto presidencial que ordena una “prohibición de musulmanes”. A diferencia de Orbán, Trump carece del poder de adoptar una nueva constitución adecuada para sus ambiciones autocráticas, pero eso no le ha impedido mascullar que sus poderes constitucionales son ilimitados, y esto en un país en el que cada escolar aprende que el objetivo fundamental de la constitución estadounidense de 1787 era asegurarse de que nadie en la nueva nación independiente se acercara al estatus legal del rey británico contra el que las colonias estadounidenses se habían rebelado con éxito. También a diferencia de Orbán, Trump hasta ahora no ha tenido la oportunidad de nacionalizar o comprar la prensa de su país. Sin embargo, Trump ha caracterizado sistemáticamente la información periodística que le parece poco favorecedora de “fake news”, y la prensa en general como “enemigo del pueblo”. Además, se ha permitido la intimidación verbal de periodistas que cubren sus mítines mientras inflamaba las pasiones de sus entusiastas seguidores.
El excepcionalismo
En la estela de la globalización, Estados Unidos ha experimentado similares crecimientos de la disparidad en la riqueza; de hecho, Estados Unidos ha generado las mayores de esas disparidades entre las naciones industrializadas occidentales. Es significativo, sin embargo, que parece haber dos distinciones importantes entre Estados Unidos y los países europeos, y los dos tienen que ver con el “excepcionalismo” estadounidense afamado para unos pero infame para otros. La primera de esas preocupaciones es la autopercepción estadounidense como superpoder que en modo alguno está subordinado a cualquier gobernanza o autoridad global o transnacional, frente a los estados miembros de la Unión Europea que se ven como dependientes y a veces subordinados a Bruselas o tribunales transnacionales en Luxemburgo y Estrasburgo. En esta perspectiva, el Brexit se recibe como una emancipación que permite al Reino Unido reintegrarse en lo que muchos estadounidenses consideran el orden legal y político superior inventado y nutrido por los pueblos de habla inglesa. Vinculada a ella, la segunda de esas distinciones se basa en la idea muy estadounidense de que EEUU ha tenido una historia constitucional única y un destino que carece de paralelos en otros lugares. Antes de la caída de la Unión Soviética, la mayor parte de los estadounidenses tendían a considerar que sencillamente su constitución era superior a todas las demás. Desde entonces, hay una aceptación creciente de que muchos otros países pueden tener constituciones comparablemente adecuadas, pero sigue existiendo una firme creencia en que a causa de su longevidad interrumpida, la Constitución estadounidense de 1787, todavía en vigor, hace que Estados Unidos sea la democracia constitucional más sólidamente instalada del mundo, y que sea potencialmente perpetua.
A primera vista, el excepcionalismo político y constitucional estadounidense hace que el país sea poco adecuado para el trumpismo. Políticamente, Estados Unidos ha desempeñado un papel protagonista en la globalización, moldeando y curvando el campo de juego transnacional legal y político, y exportando su ideología de libre mercado y su cultura popular por todo el mundo. Es cierto que Estados Unidos ha firmado para ser parte de regímenes legales y regulatorios transnacionales, pero sigue siendo dominante en ellos como muestra su poder de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidos, su capacidad de dar forma a la Organización Mundial del Comercio para que sea un garante de un libre mercado mundial y su tradicional presencia directiva en las Naciones Unidos. Además, aunque Estados Unidos hace mucho que se proclama faro de los derechos humanos y presiona a otros países en ese sentido, se le han encontrado carencias al respecto, ha eludido sistemáticamente cualquier rendición de cuentas cuando se le ha exigido y ha evadido el examen judicial transnacional rechazando presentarse ante el Tribunal Penal Internacional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No es una exageración proclamar que frente al introspectivo nacionalismo europeo, y las quejas por la pérdida de soberanía nacional bajo el yugo de la intrusión sistemática de la Unión Europea, el nacionalismo estadounidense no solo ha sido generalmente de un optimismo exuberante sino también enfocado hacia fuera, porque muchos estadounidenses piensan desde hace mucho que exportar las virtudes y valores arraigados en su identidad nacional sería bueno para todos los demás países del mundo. Finalmente, mientras que buena parte del nacionalismo europeo reciente, desde Orbán a los defensores del Brexit, es extremadamente contrario a la inmigración, Estados Unidos se ha promocionado tradicionalmente como país de inmigración, aunque su expediente real sobre el asunto está lejos de ser consistente o estelar.
Constitucionalmente, por otro lado, la sensación de continuidad y adhesión al imperio de la ley en Estados Unidos ha persistido a lo largo de una guerra civil, turbulencias en torno a la desegregación racial y grandes aumentos en los poderes de la presidencia que se remontan a la época de Franklin Roosevelt, que guio a su reacia ciudadanía a la Segunda Guerra Mundial. Por debajo de la superficie, la odisea constitucional estadounidense estuvo lejos de ser sencilla o armoniosa: empezó con el asentimiento a la esclavitud y requirió una guerra civil, que algunos han etiquetado de segunda revolución, para abolirla y adoptar por primera vez la igualdad de derechos que la declaración francesa de 1789 había consagrado casi un siglo antes. Pero, a pesar de eso, y en contraste con las cinco repúblicas y muchas constituciones francesas, interrumpidas por regresos a la monarquía y por los imperios napoleónicos, Estados Unidos ha mantenido la democracia constitucional por todas partes. Y, aunque la moderna presidencia estadounidense ha sido caracterizada como “imperial”, los presidentes estadounidenses, incluyendo a Truman en medio de la guerra de Corea y Nixon en el escándalo del Watergate, se han echado atrás y cambiado de dirección al enfrentarse a una decisión adversa del Tribunal Supremo.
Cómo se explica Trump
¿Cómo puede explicarse el ascenso de Trump a la presidencia de Estados Unidos en estas circunstancias? Y, además, ¿cómo se explica su sostenida popularidad como presidente, con alrededor del 45% del pueblo estadounidense, ante su comportamiento vulgar, su enfoque divisivo, escandaloso, a menudo indiscutiblemente incompetente, abiertamente nepotista y corrupto al gobierno; y su descaradamente desdeñosa opinión del imperio de la ley y de los pesos y contrapesos constitucionales?
De hecho, en 2017 Trump firmó que había buenas personas entre los neonazis armados con rifles automáticos que desfilaban y mostraban amenazadoramente la esvástica mientras cantaban eslóganes amenazadores; y en lo peor de la pandemia que mata a miles de personas de estadounidenses en cada día, Trump expresó su apoyo a manifestantes armados de manera similar que habían irrumpido en el parlamento estatal de Michigan para debatir la extensión de un confinamiento destinado a reducir las muertes provocadas por el coronavirus. Y esto a pesar de que los hombres amenazantes y en general sin mascarillas desafiaban las directrices federales en las que el propio Trump había insistido. Trump ha dicho que los jueces que emitieron fallos contra él o algunas de sus políticas son “supuestamente jueces”; ha rechazado sistemáticamente lo que, bajo los presidentes anteriores, había sido la vigilancia rutinaria de políticas y programas del ejecutivo por parte del congreso de Estados Unidos; y ha acusado al Partido Demócrata de conspirar o por lo menos desear que se produjera el mayor número posible de muertes estadounidenses a causa de la pandemia ya que, a su juicio, creen que es la única esperanza que tienen de derrotarlo en la elección de noviembre de 2020.
Si lo pensamos un poco más, a pesar del extendido desconcierto que ha producido, el ascenso del trumpismo en Estados Unidos no debería considerarse aberrante si tenemos en cuenta la confluencia de tres factores. El primero comparte mucho con la emergencia del populismo xenófobo de derechas en Europa y otros lugares. El segundo y el tercero, por otro lado, son claramente estadounidenses. Uno de ellos se origina en una falla que se remonta hasta la Declaración de Independencia y la Constitución de 1787. Otro figura como un producto de una corriente política más reciente hacia la confrontación sectaria entre los dos principales partidos del país. Esa confrontación apareció por primera vez durante la presidencia de Clinton y se ha convertido en una disfunción cada vez más aguda, que a veces se acerca al borde de la parálisis en torno a operaciones gubernamentales claves confiadas al gobierno federal.
Los descontentos de la globalización
La globalización e incluso la evolución de la economía interna en Estados Unidos condujo a la dislocación y al exacerbamiento de las disparidades en riqueza comparables a otras economías amenazadas, y eso a pesar del dominio estadounidense en el mercado mundial. Así, por ejemplo, los trabajos de manufactura fueron ampliamente exportados a países con costes laborales más bajos; muchos otros empleos desaparecieron por la automoción; algunas industrias como las minas de carbón se encaminaban a una caída libre a medida que el país se volvía hacia fuentes de energía más limpias y eficientes; y sindicatos ya debilitados se volvían cada vez más marginales. Además, tanto las administraciones republicanas como democráticas habían apoyado de manera uniforme el libre comercio internacional y habían participado en múltiples acuerdos regionales y transnacionales de libre comercio. Es interesante que, aunque ahora lo apoya más del 90% de los republicanos, Trump entró en la competición para la nominación presidencial de ese partido en 2016 abrazando una posición poulista, proteccionista y aislacionista que era vigorosamente criticada por el establishment republicano. En ese momento, y desde entonces, los más ardientes partidarios de Trump y el núcleo de su “base” eran hombres blancos sin educación universitaria. Abrazando el eslogan “America First” –que adoptó a comienzo de los años 40 un movimiento organizado que recurrió a retórica profascista y antirretórica en su oposición a la idea de que Roosevelt llevara a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial–, Trump se puso a hacer campaña contra todo lo que presentó como enemigos internos y externos de los trabajadores estadounidenses, muchos de los cuales afrontaban trabajo por debajo de su formación o empleos de salarios bajos y baja cualificación, para regresar a una versión idealizada, distorsionada y borrosa de unos tiempos más felices, que posiblemente se remontaban hasta los años cincuenta.
La divisoria de la raza
Hay una línea divisoria profundamente integrada en Estados Unidos que ha explotado Trump de camino a la presidencia: la raza. Esta línea divisoria se manifestó ya en el contraste que hay entre la Declaración de Independencia de 1776, con su famosa frase “Todos los hombres son creados iguales”, y la Constitución de 1787, que introducía una cláusula inapelable que prohibía interferir con el comercio de esclavos, algo que duró toda una generación. Además, para evitar un conflicto entre los estados del norte y del sur, la Constitución estipuló que los esclavos deberían contar como tres quintos de una persona a la hora de determinar el tamaño de la delegación de representantes electos que cada estado esclavo tenía derecho a enviar a la Cámara de Representantes. Hizo falta una guerra civil sangrienta para introducir enmiendas a la Constitución que prohibieron el esclavismo, en 1865, y establecieron la igualdad de derechos, en 1868.
La lucha entre aquellos que apoyaron y lucharon por la igualdad racial y aquellos que promovieron políticas racistas o racialmente divisivas ha existido durante toda la historia de los Estados Unidos. Además, si bien los afroamericanos han sido de lejos el grupo peor tratado y victimizado, otros grupos, como los inmigrantes chinos en el siglo XIX y los estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial, han sufrido también políticas racistas y sorprendentemente humillantes. Es indudable que ha habido progreso en la igualdad racial desde los años cincuenta, cuando el Tribunal Supremo determinó que la segregación racial era inconstitucional, pero la lucha para acabar con el racismo nunca ha alcanzado un éxito rotundo ni se ha producido sin baches periódicos. Para aquellos comprometidos con la igualdad racial, la elección de Barack Obama en 2008 representó un punto de inflexión enorme que condujo a muchos a afirmar de manera demasiado optimista que Estados Unidos estaba entrando una nueva era de política “posracial”.
Trump, que por entonces era solo un empresario privado con un perfil público como personalidad televisiva, se convirtió en el representante de todos aquellos que buscaban desacreditar a Obama en busca de un objetivo racialmente divisivo. Durante años, desde 2011, Trump promovió agresivamente el movimiento birther, la mentira sobre la nacionalidad de Obama, que nació en el estado de Hawaii de padre keniata y madre del medio oeste de Estados Unidos. Como la Constitución prescribe que solo los ciudadanos estadounidenses pueden llegar a presidente, el movimiento birther se convirtió en un ataque constante contra Obama, al que se le acusaba de ser un usurpador ilegítimo del cargo más alto del país. Junto a la acusación falsa promovida por Trump de que Obama era musulmán, la mentira del movimiento birther se convirtió en la plataforma de promoción presidencial de Trump, que creó una campaña cargada de cuestiones racialmente divisivas y posiciones antiinmigración. Cuando venció, Trump continuó con estos objetivos racialmente divisivos, como demuestra su ya mencionada “prohibición de musulmanes”; su oposición a la inmigración de países con mayorías negras, que ha llamado “estercoleros” (shit holes); y sus constantes guiños a los supremacistas blancos, que han apoyado repetidamente sus políticas. En resumen, ha liderado la reacción contra lo que muchos vieron como el logro culminante de los partidarios de la igualdad racial.
El sectarismo y la guerra tribal
La segunda gran causa interna que explica el éxito de Trump es la caída progresiva de la política estadounidense en el sectarismo y la guerra tribal, que ha conducido a la parálisis total. La política democrática en un contexto constitucional funciona mejor cuando los partidos enfrentados mantienen una actitud de adversarios pero siguen las mismas reglas de juego y consideran al otro una oposición leal. Por otra parte, cuando el partido opuesto se considera un enemigo y antipatriota, como Trump ha caracterizado constantemente al partido Demócrata y a sus líderes –una tendencia que es típica de los populistas contemporáneos de derecha–, las leyes, los derechos y la Constitución se vuelven herramientas manipulables para imponer la voluntad de la facción política de uno a todo coste y ahogar las políticas que van en contra. Al contrario que los partidos políticos en una democracia parlamentaria multipartidista, los dos partidos dominantes en Estados Unidos han sido amalgamas complejos que crean extraños compañeros de cama. Por ejemplo, en los años sesenta y setenta, el partido Republicano albergaba a ultraconservadores como Barry Goldwater con moderados y progresistas sociales como Nelson Rockefeller. El partido Demócrata, por su parte, tenía a héroes progresistas de los derechos civiles como Robert Kennedy junto a Robert Byrd, un exmiembro del Ku Klux Klan que buscaba bloquear la legislación de derechos civiles en el Senado.
Además, a pesar de las intensas diferencias en determinadas cuestiones como la desegregación racial, los dos partidos funcionaban generalmente como adversarios leales y a menudo alcanzaban consensos de trabajo en muchas áreas, incluida la política exterior. Aunque había desafíos notorios, como el desacuerdo cada vez más creciente sobre la guerra de Vietnam y las protestas raciales de finales de los sesenta, no sería hasta 1994, con Clinton de presidente y los republicanos controlando ambas cámaras, cuando se inició realmente la política de destrucción mutua. Esta nueva animosidad condujo a la moción de censura contra Clinton por mentir a las autoridades sobre su relación sexual con una joven becaria en la Casa Blanca y se exacerbó inmediatamente después de la elección presidencial del año 2000, cuyos resultados fueron muy cuestionados. El candidato demócrata Gore ganó el voto popular pero fue el Tribunal Supremo el que resolvió, por 5 votos a favor y 4 en contra (los cinco jueces a favor nominados por presidentes republicanos), una agria disputa en el Colegio Electoral, que de facto dio la presidencia al candidato republicano, Bush.
La política de destrucción mutua
Aunque Obama ganó dos veces tanto el voto popular como el Colegio Electoral, la política de la destrucción mutua se volvió omnipresente a lo largo de su mandato. En los primeros dos años de su presidencia, con mayorías de demócratas en las dos cámaras, Obama fue capaz de aprobar su proyecto ambicioso de reforma sanitaria. Después de que los Republicanos recuperaran el Congreso en 2010, sin embargo, el líder de la mayoría en el Senado anunció que su objetivo principal era asegurarse de que Obama no fuera reelegido en 2012. Esta nueva enemistad paralizaría virtualmente la rama legislativa estadounidense, ya que los republicanos bloqueaban cualquier iniciativa apoyada por Obama aunque carecieran de la mayoría de dos tercios en ambas cámaras que les permitiría superar un veto presidencial al promover alguno de sus proyectos legislativos.
Trump entró en la carrera presidencial que le llevó a su improbable victoria en 2016 explotando y avivando el resentimiento, apelando a la división racial y recurriendo a una cantinela antiinmigración siempre cargada de retórica racista. Trump se presentó como un populista antiestablishment que defendería a los blancos olvidados y abandonados que no formaban parte de las élites y que habían sido la columna vertebral de un pasado estadounidense desaparecido desde hace tiempo. Y al hacer eso, Trump reavivó y magnificó un leitmotiv estadounidense con mucha historia consistente en redirigir lo que normalmente provocaría una lucha de clases hacia el resentimiento racial. Esto se hace normalmente acusando a la discriminación positiva y a la inmigración de individuos no blancos de ser la causa de las desgracias de los trabajadores blancos desfavorecidos. Además, Trump se aprovechó de miedos racistas recientes provocados por las proyecciones que indican que la mayoría de la población estadounidense será no blanca en 2050.
El discreto encanto del antiestablishment
La imagen antiestablishment de Trump se consolidó tras vencer a todos sus competidores por la nominación republicana; muchos de ellos representaban a la vanguardia experimentada dentro del partido, incluido Jeb Bush, el hijo y hermano de expresidentes. Esta imagen antiestablishment fue más exacerbada gracias a su campaña presidencial heterodoxa y a menudo ofensiva, en la cual llegó a pedir el encarcelamiento de su oponente Hillary Clinton, animando en sus mítines con cánticos como “Encerradla”, y pidiendo abiertamente a Rusia que filtrara los emails de Hillary a la prensa estadounidense.
El atractivo de Trump entre los que se sentían descontentos y humillados era obviamente insuficiente para hacerle ganar. Aunque Trump consiguió obtener el apoyo de algunos de los partidarios de Bernie Sanders más decepcionados, había una creencia extendida de que perdería la elección por su incapacidad de seducir a los republicanos del establishment, y especialmente a las mujeres republicanas. Fue un error de cálculo, sin embargo, porque Trump añadió con inteligencia a su mensaje antiestablishment algunas políticas atractivas para los votantes republicanos, como la nominación de jueces verdaderamente conservadores y un proyecto sistemático de desregulación en áreas como el medio ambiente y la seguridad, que son favorables a los intereses empresariales.
La presidencia de Trump ha sido un éxito entre los republicanos, que ahora lo apoyan casi de manera unánime. Hizo reducciones de impuestos que beneficiaron generalmente al 1% más rico; nombró a un número impresionante de jueces ultraconservadores; aprobó políticas de desregulación masiva y pro empresarios. Más allá de ponerse de su lado constantemente, Trump ha promovido pocos avances materiales que beneficien a los desfavorecidos que forman su “base”. Desde un punto de vista constitucional, el desarrollo más significativo ha sido el colapso de cualquier resistencia institucional –y lo que es más importante, la casi completa complicidad– de los republicanos en el congreso, lo que ha debilitado el control del poder y sobre todo ha servido para bloquear la moción de censura contra Trump.
Las acusaciones de la moción de censura que promovieron los demócratas en la Cámara de Representantes eran más graves que las acusaciones contra Nixon. A Trump se le acusó de presionar al presidente de Ucrania para que se implicara en una campaña de descrédito del rival de Trump en la elección de 2020, y también se le acusaba de retirar ilegalmente una ayuda militar muy necesaria para ayudar a Ucrania a defenderse de Rusia, algo que iba en detrimento de la seguridad nacional estadounidense. Después de ser exonerado por un Senado controlado por los Republicanos, Trump se embarcó en una vendetta contra el personal del gobierno que fue llamado a testificar durante las sesiones de la moción.
Las consecuencias
Muchos creen que la reelección de Trump supondría un grave golpe contra el gobierno constitucional estadounidense, ya que tendría cuatro años más para actuar como si estuviera por encima de la ley, politizar completamente el Departamento de Justicia y corromper la política promoviendo sus intereses empresariales privados y a sus partidarios en la élite empresarial.
A principios de 2020, cuando Bernie Sanders era el candidato que lideraba las encuestas para convertirse en el candidato demócrata, muchos temían una radicalización de la política con un populista en la derecha enfrentándose a otro populista en la izquierda, sin un término medio. Desde que comenzó la pandemia, sin embargo, la completa falta de liderazgo de Trump y el surgimiento del centrista Biden como candidato demócrata han dado esperanzas a algunos, que creen que es posible volver a recuperar la unidad y restaurar un equilibrio constitucional. Esto quizá sea una ilusión vana, pero uno oye a menudo que la catastrófica gestión de Trump de la pandemia se parece a la de Hoover durante la Gran Depresión de 1929, y que los demócratas estarán de nuevo en una posición capaz de reintroducir orden y unidad como hizo Franklin Roosevelt en 1933.
Traducción del inglés de Ricardo Dudda y Daniel Gascón.
Michel Rosenfeld es catedrático de Derecho y Democracia Comparada, titular de la cátedra Justice Sydney L. Robins de derechos humanos y director del programa de teoría constitucional comparada en la Benjamin N. Cardozo School of Law de Yeshiva University.
