El arresto del general Salvador Cienfuegos es un terrible golpe para la credibilidad de las instituciones mexicanas. Mรกs allรก de los riesgos para la soberanรญa nacional que implica tener a un general secretario en manos de una potencia extranjera, la detenciรณn reaviva los cuestionamientos sobre la presencia de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad interior y pone en tela de juicio una de sus principales justificaciones: la de su integridad.
Para los crรญticos de la presencia militar en territorio mexicano, el salto lรณgico ha sido casi inmediato: el arresto del general es la prueba de que los militares no deberรญan estar combatiendo al crimen organizado, pues su actuaciรณn se presta a arbitrariedades. Las acusaciones penales en contra de Cienfuegos son de tal calibre que es casi imposible rebatir este seรฑalamiento.
Si no es su integridad y disciplina, ยฟquรฉ justifica entonces la presencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad interior? Desde mi punto de vista, lo hacen las caracterรญsticas del fenรณmeno que enfrentamos en el paรญs. Mรฉxico atraviesa por una crisis de hegemonรญa estatal que se manifiesta en la presencia de grupos armados que mantienen el control sobre diversos territorios de nuestra geografรญa. Esto se traduce en una dinรกmica de conflicto armado y en la necesidad de expandir la presencia del Estado pues, aunque el gobierno se repliegue, los conflictos entre grupos criminales persistirรกn y seguirรกn desestabilizando al paรญs.
En este contexto, no podremos prescindir de la presencia de las Fuerzas Armadas de forma sencilla. No solo porque las instituciones policiacas de estados y municipios son en su mayorรญa dรฉbiles, sino porque el problema requiere de una estrategia que, aunque atienda condiciones locales, debe ser consistente en todo el territorio nacional. Eso solo se puede lograr con corporaciones capaces de tener un nivel de despliegue y unidad de mando como el de las fuerzas federales.
Incluso si lo que se pretende es avanzar en la pacificaciรณn del paรญs a travรฉs del desescalamiento de los conflictos criminales o mediante mecanismos de diรกlogo, en las condiciones actuales son el gobierno federal y sus instituciones de seguridad quienes pueden echar a andar esas estrategias alternas.
El problema entonces no estรก en la presencia de las fuerzas federales en el territorio nacional, sino en que existe un gran espacio para que estas actรบen de forma arbitraria e ilegal โtal y como lo demostrarรญan, en caso de ser ciertas, las acusaciones contra Cienfuegos. No es un asunto solo de militares. Asรญ lo prueban tambiรฉn las acusaciones contra Edgar Veytia (el ex fiscal de Nayarit vinculado al caso de Cienfuegos) o contra Genaro Garcรญa Luna.
La corrupciรณn y la lรณgica de impunidad generalizada en la que opera el paรญs es dinamita para esta รกrea de gobierno. Los operadores del aparato de seguridad, inteligencia y justicia en Mรฉxico, dada la naturaleza del conflicto que enfrentamos, entran de manera frecuente en contacto con organizaciones criminales: ya sea para combatirlas, para obtener informaciรณn de ellas, para construir alianzas implรญcitas y priorizar esfuerzos, o incluso para construir pactos que reduzcan enfrentamientos.
Estas interacciones, que para muchos son un secreto a voces, pueden constatarse con mayor claridad en las dinรกmicas de poder locales; buena parte de los mandos policiacos y militares del paรญs han sido partรญcipes de ellas. Cuando estas interacciones ocurren en un marco de debilidad institucional e impunidad, sucede que los servidores pasan de usar estos contactos para garantizar la paz y el orden, a utilizarlos para obtener beneficios econรณmicos. El cรบmulo de recientes detenciones nos deberรญan llevar a pensar en una respuesta institucional
Valdrรญa la pena empezar por lo interno; construir un sistema de seguridad nacional que realmente sea controlado por el poder civil que emana del presidente. En Mรฉxico, el Consejo de Seguridad Nacional es una instancia integradora de documentos y no realmente de coordinaciรณn y control de las actuaciones de cada corporaciรณn. Lo mismo sucede con el Centro Nacional de Inteligencia que, al estar subordinado a una secretarรญa, no realiza labores de vigilancia sobre otras instituciones. Incluso puede ser necesario reabrir el debate de contar con un civil como secretario de la defensa. En suma, se requiere de figuras que permitan al presidente tener una mirada clara de las operaciones que las fuerzas federales realizan y vigilar que estas respondan a objetivos gubernamentales.
Por otro lado, es necesario tambiรฉn que el poder dentro del gabinete de seguridad se disperse entre corporaciones, para construir equilibrios. Justamente, la existencia de la Policรญa Federal representaba un contrapeso operativo frente a los militares, lo cual permitรญa evitar controles absolutos de las operaciones, la informaciรณn y los territorios. Hoy, con la militarizaciรณn de la Guardia Nacional, el debilitamiento del secretario de Seguridad y el desdรฉn hacia la Marina, ese contrapeso se ha perdido, y el ahora cuestionado Ejรฉrcito tiene casi control absoluto del aparato federal.
Es necesario tambiรฉn tener mayores controles externos, empezando por una Fiscalรญa General verdaderamente independiente que cuente con unidades especiales que se dediquen a observar lo que pasa en las corporaciones; que den seguimiento al patrimonio y a la actividad de quienes estรกn en esa lรญnea delgada de interacciรณn con organizaciones criminales, y que investiguen las violaciones a los derechos humanos que suceden desde y al interior de las corporaciones. Su trabajo debe conducir a que se investigue en Mรฉxico y no en el exterior.
El Congreso tambiรฉn tiene un rol que jugar. Hoy en dรญa la Comisiรณn Bicameral de Seguridad Nacional es un adorno. Apenas y se dedican a revisar documentos programรกticos. No hacen investigaciones ni tienen impacto real en las decisiones presupuestales en la materia. Se requiere empoderar y profesionalizar el control legislativo por medio de atribuciones de vigilancia, fiscalizaciรณn y rendiciรณn de cuentas. Muchos de los asuntos de seguridad nacional se deben mantener lejanos del ojo pรบblico, pero nuestros representantes deberรญan actuar como garantes del control ciudadano sobre el actuar de las corporaciones.
En suma, hace falta una seria discusiรณn sobre las instituciones para la seguridad nacional en Mรฉxico. Mientras no la tengamos, los encargados de actuar frente al reto de los conflictos criminales en Mรฉxico, sean civiles o militares, seguirรกn operando en una zona gris de ilegalidad y expuestos a los perversos incentivos de la corrupciรณn. Necesitamos reglas e instituciones que los limiten y aseguren que su actuaciรณn estรฉ al servicio del Estado y no de sus intereses particulares.
Politรณlogo por la UNAM. MPA en Seguridad y Resoluciรณn de Conflictos por la Universidad de Columbia.
