Más allá de las graves sospechas sobre el patrimonio de José Luis Vargas, su destitución al frente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es un acto político sin justificación jurídica. Los cinco magistrados disidentes se sacaron de la manga un procedimiento y una distinción entre remoción y destitución que no soporta un análisis constitucional serio. Así lo reconoció Reyes Rodríguez Mondragón, designado presidente sustituto el 4 de agosto, al renunciar al cargo el día 9. No es la decisión valiente de cinco jueces buscando lavar la honra de su tribunal, sino un acto de revancha contra un sujeto que los equiparó a una manada de levantadedos.
Ante este escenario, prevaleció la vía de los hechos consumados. El presidente López Obrador desayunó el jueves 5 de agosto con el ministro Arturo Zaldívar, un día después del golpe de bolsillo asestado a Vargas. Previamente a esa reunión, López había recordado que Rodríguez Mondragón “lo había insultado” y expuso la imagen de un tuit del que no hay constancia que haya existido y que el mismo magistrado denunció como falso en su momento. Ese mismo jueves, Zaldívar recibió a los cinco disidentes y dejó en espera al depuesto Vargas.
Un día después, el presidente de la Corte anunciaba dos cosas: que no había condiciones reales para que Vargas siguiera encabezando el TEPJF, y que él mismo renunciaba a la extensión de su mandato, resultante de una reforma legal notoriamente inconstitucional sobre la que se había resistido a pronunciarse de fondo. En estos días de agosto debía conocerse y discutirse el proyecto encargado a José Fernando Franco González Salas para una Consulta promovida por Zaldívar respecto a este tema. El presidente de la Corte renunció a la extensión de su mandato un día antes de que ese proyecto se presentara. ¿Qué fue lo que cambió?
La respuesta breve es que López Obrador perdió algunas de las piezas que había alcanzado por la vía de la presión y la captura. La exdirectora general del SAT, Margarita Ríos-Farjat, fue nombrada ministra con el respaldo de López Obrador y su partido. No obstante, según trascendió, a últimas fechas y con motivo de un desayuno en Palacio Nacional, le hizo saber al presidente de la República que ya no debía considerala parte de sus huestes. Del lado presidencial aún quedaban Arturo Zaldívar, la ministra Yasmín Esquivel Mossa, esposa del empresario José María Riobóo y contratista frecuente del gobierno de López Obrador cuando estuvo al frente del entonces aún Distrito Federal, y Juan Luis González Alcántara Carrancá, otro de los tres ministros impulsados por el presidente de México y nombrados durante este sexenio. No obstante, González Alcántara Carrancá ha mostrado cierta independencia en asuntos del interés del gobierno, como los procesos contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en los que el ministro otorgó medidas que provocaron la molestia de la Fiscalía General de la República.
En suma, el férreo control que parecía tener el presidente López Obrador sobre la Corte no es tal. Zaldívar carece de fuerza política para imponer una presidencia en el TEPJF y un simpatizante del obradorismo como Vargas fue sustituido por un personaje cercano al expresidente Felipe Calderón, circunstancia que de ninguna forma puede ser del gusto del actual jefe del Ejecutivo. Si bien el ministro Franco González Salas termina su cargo en diciembre de este año y Luis María Aguilar concluye en 2024, el desconocimiento de Ríos-Farjat y la independencia relativa de González Alcántara Carrancá no auguran que López Obrador tenga fácil mantener una Corte sumisa a sus deseos. De hecho, la dilatada renuncia del ministro Arturo Zaldívar a su extensión de mandato como presidente de la Corte y el Consejo de la Judicatura solo confirma este reacomodo de lealtades en los tribunales que el presidente de México quiso capturar.
Esta situación no es novedosa en el mundo. Warren E. Burger fue propuesto por Richard Nixon para la Corte Suprema estadounidense y sucedió a Earl Warren en su cargo de presidente de ese tribunal. No obstante, Burger fue incapaz de lograr una sentencia favorable para su promotor en el sonado caso United States v. Nixon, en el que el mandatario invocó fallidamente el privilegio ejecutivo para evadir las órdenes de entrega de las grabaciones de conversaciones en la Casa Blanca. En lugar de una resolución a modo, a Burger le correspondió redactar una decisión unánime que rechazaba el privilegio ejecutivo y que desembocó en la renuncia de Nixon en el marco del escándalo de Watergate.
Sí, López Obrador sufre el Síndrome de Nixon: quiso capturar la Corte Suprema y fracasó en su intento. Quizá la diferencia sardónica es que Burger jamás mostró la sumisión presidencial desplegada por Arturo Zaldívar. A López Obrador aún le queda el recurso de la purga política operada desde el Poder Legislativo contra los ministros de la Corte Suprema y magistrados del TEPJF, pero el precio de una crisis constitucional de esa envergadura sería alto para un presidente que suele sostener que su moral está por encima de la ley.
