La historia económica muestra que las epidemias son grandes igualadores. El ejemplo más citado (para el que también tenemos más datos) sigue siendo la Peste Negra, que golpeó a Europa a mediados del siglo XIV. En algunos lugares, mató a una tercera parte de la población.
Pero al reducir la población, hizo que la mano de obra fuera más escasa, aumentó los salarios, redujo la desigualdad y condujo a cambios institucionales que –para algunos historiadores como Guido Alfano, Mattia Rochesato y Samuel Bowles– tuvieron implicaciones a largo plazo para el crecimiento económico europeo.
Según estos autores, el creciente poder de la mano de obra fue contenido en el sur de Europa por restricciones sobre su movimiento y otras constricciones extraeconómicas que imponían los propietarios locales. En el norte de Europa, sin embargo, donde las instituciones feudales no eran tan fuertes, tras la Peste Negra la mano de obra se volvió más libre y más cara, lo que estableció las bases para el progreso tecnológico y finalmente la revolución industrial.
Un poco más de dos meses de coronavirus ya han producido cambios económicos. Muchos serán fácilmente reversibles si la epidemia es contenida y detenida rápidamente. Si no, pueden persistir. Y, como con cualquier acontecimiento extremo, las epidemias arrojan de pronto luz sobre algunos fenómenos sociales que conocemos vagamente pero que tendemos a ignorar o sobre los que preferimos no pensar.
Discriminación estadística
Pensemos en la ciudadanía y la “discriminación estadística”. Hasta hace más o menos un año, un viajero que entrase en el Reino Unido podía hacerlo por una cola más corta si era un ciudadano británico o un ciudadano de otro país de la Unión Europea, o esperar en una cola mucho más larga si no lo era. La distinción tenía sentido porque en la Unión Europea había libre movimiento de los trabajadores. Desde hace más o menos un año, sin embargo, las reglas han cambiado y ahora el carril rápido vale, además de para los ciudadanos del Reino Unido, para ciudadanos de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Singapur y Corea del Sur.
En un primer momento uno se siente desconcertado ante este conjunto de países: no corresponde a ninguna entidad política o criterio. No hay ninguna organización política que incluya todos esos países y solo esos países.
La decisión que establece que unos ciudadanos deben ser procesados rápidamente se basa en un criterio de renta (PIB per cápita) y en la baja probabilidad de que ciudadanos de esos países intenten encontrar empleo o quedarse ilegalmente en el Reino Unido. Por tanto se basa en la premisa de la “discriminación estadística”: individuos de otras nacionalidades serán sometidos a investigaciones más completas, no porque sean sospechosos en sí sino porque un grupo del que forman parte es inherentemente “sospechoso”.
Generalmente, quienes se benefician de estas regulaciones piensan muy poco en ellas. Ocurre sobre todo con los europeos, que se han acostumbrado, gracias al acuerdo de Schengen, a viajar entre países sin pasaporte y a otros muchos casi siempre sin visado, y a ser recibidos (gracias a su elevada renta) con los brazos abiertos. Como sostenía Zygmunt Bauman, el derecho a viajar se ha convertido en un bien de lujo. Si pasas años afrontando prácticamente cero obstáculos en tus viajes, tenderás a asumir que eso es algo normal y debería durar para siempre. Igualmente, apenas pensarás en los demás o asumirás que es lo que les toca, de manera desafortunada pero inevitable.
Con el estallido del virus, Estados Unidos detuvo o redujo el tráfico aéreo hacia países expuestos y puso en una lista especial a viajeros de China, Irán, Corea del Sur e Italia, ordenándoles que se pusieran en cuarentena durante las primeras dos semanas: “No tomen transporte público, taxis o viajes compartidos en coche. Eviten lugares con aglomeraciones (como centros comerciales y cines) y limiten sus actividades en público”, decía el anuncio. Los organizadores de un congreso al que yo debía asistir en Washington mandaron 24 horas antes de su comienzo el siguiente aviso: “Pedimos a cualquier participante invitado que haya visitado un país clasificado por el CDC como nivel 3 (en la actualidad China, Irán, Italia y Japón) en los últimos 14 días que… no asista a ninguna reunión”. Más recientemente, Israel extendió reglas similares a ciudadanos de Francia, Alemania, España, Austria y Suiza.
China e Irán suelen estar en listas negras estadounidenses, que, parece, los legisladores estadounidenses disfrutan trazando a la menor oportunidad. Pero Corea del Sur y, de forma más extraordinaria, Italia fueron adiciones sorprendentes. Algunos de mis amigos italianos, o personas que acaban de volver de Italia, expresaron incredulidad ante esa “discriminación estadística”. De pronto parecían unirse a esa otra lista de ciudadanos de países que son “estadísticamente discriminados” de vez en cuando –o, en el caso de los africanos que viajan a cualquier lugar, de forma casi rutinaria.
Parar y registrar
Una “caída de la gracia” siempre es una sorpresa y, además de impulsarnos a regresar a la gracia, hace que nos preguntemos por la racionalidad de discriminaciones estadísticas similares en otros casos. “Parar y registrar”, introducido en Nueva York por el entonces alcalde Michael Bloomberg, era una de esas políticas.
La práctica de parar y registrar se basaba en la evaluación por raza. Su lógica era la misma que la de los controles fronterizos británicos: la proporción de crímenes cometidos por los afroamericanos es significativamente mayor que la proporción de la población de Nueva York que representan. Por tanto, vamos a iniciar una política cuyo objetivo será detener y revisar a los afroamericanos más que a los demás.
Como debería ser evidente, las tres medidas –el control de fronteras, “parar y registrar” y las vinculadas al virus– comparten la misma idea. Las dos primeras están en buena parte dirigidas contra los miembros más pobres. La tercera, en principio, se aplica igualmente y depende de dónde es el virus especialmente virulento. Por eso su aplicación repentina conmocionó a quienes normalmente no están sometidos a una discriminación estadística similar. El virus igualó el campo de juego e hizo que algunos de nosotros pensáramos sobre la validez general de políticas que utilizan información estadística sobre grupos para seleccionar individuos.
Las políticas de “discriminación estadística” son en la actualidad, creo, casi inevitables: ahorran tiempo a las autoridades (como en el caso de los controles fronterizos), supuestamente conducen a la reducción del crimen (aunque la diferencia en Nueva York se debía en realidad al mayor despliegue policial) o contienen (esperemos) la transmisión de un virus como el Covid-19. Pero deberíamos pensar en la justificación moral de esas políticas y en cómo sustituyen la responsabilidad individual por la colectiva, o incluso imponen una implícita culpa colectiva.
Traducción del inglés de Daniel Gascón.
Publicado originalmente en Social Europe.
Branko Milanovic es economista. Su libro más reciente en español es "Miradas sobre la desigualdad. De la Revolución francesa al final de la guerra fría" (Taurus, 2024).
