El primero de julio de 2019, Andrés Manuel López Obrador declaró a La Jornada: “Si por mí fuera, yo desaparecería al Ejército…, declararía que México es un país pacifista y que la defensa de la nación, en el caso de que fuese necesaria, la haríamos todos”. 

Tres meses más tarde, el 17 de octubre, luego de que elementos del Ejército detuviera en Culiacán a Ovidio Guzmán, el presidente ordenó la liberación del narcotraficante. López Obrador afirmó que lo liberó para evitar que hubiera más muertes (hubo 8 fallecidos en diversos enfrentamientos). 

El general en retiro Sergio Aponte Polito ofreció en las páginas editoriales de El Universal (26 de junio de 2020) una versión distinta de los hechos. Relató que liberaron a Ovidio luego de que, a través de los medios de comunicación locales, se difundió la amenaza de revelar los nombres de los hijos de un político que recibieron millones para la campaña de su padre.

La liberación de Ovidio provocó un gran enojo en las filas del Ejército. Cinco días después de su liberación, en un desayuno en el Campo Marte, ante 500 altos mandos del Ejército y la Fuerza Aérea, el general Demetrio Gaytán Ochoa afirmó que la situación de México “nos inquieta, nos ofende eventualmente, pero sobre todo nos preocupa”. Todos los militares presentes aplaudieron el discurso del general. 

Ovidio Guzmán quedó libre. Ni el Ejército ni la Secretaría de Seguridad recibieron órdenes de reaprehenderlo. Bajo la doctrina presidencial de “abrazos, no balazos” se le dejó actuar en completa libertad. Durante algunos años coordinó el transporte de varias toneladas de cocaína y fentanilo a los Estados Unidos. 

Un vasto corredor industrial en el país del norte sufrió los efectos de la globalización. Una multitud de empresas cerraron sus puertas para trasladarse a China y a México. El desempleo y el desaliento cundió en esa zona, y con ellos vino el fentanilo, como alivio ilusorio a esa situación. Se multiplicaron las adicciones y sobrevinieron las muertes por sobredosis. Centenares de miles de jóvenes norteamericanos murieron por la droga que llegaba de México. Para dimensionar el problema: 58 mil soldados estadounidenses perdieron la vida en Vietnam en casi diez años de guerra. Se calcula que unos 250 mil jóvenes murieron de sobredosis por el fentanilo en los últimos cinco años. La gente que padeció la crisis provocada por la droga encontró en Donald Trump el candidato que podría regresar las industrias a su país y vengar la muerte de los jóvenes muertos de sobredosis. 

Por segunda ocasión Donald Trump ganó las elecciones en Estados Unidos. Sus votantes le dieron el mandato de reindustrializar y hacer justicia por las muertes provocadas por el fentanilo. Uno de los principales responsables señalados es Ovidio Guzmán. Y el responsable de haber liberado a Ovidio fue el presidente López Obrador. No es muy difícil deducir que una vez juzgado Ovidio Guzmán en una corte de Chicago, el siguiente objetivo sea el expresidente mexicano. 

Pocos días después de acceder por segunda vez a la presidencia, Trump avisó a México que impondría 25% de aranceles como respuesta a la “alianza intolerable” entre las organizaciones de narcotráfico y el gobierno de nuestro país. Como respuesta a este mensaje, las fuerzas armadas y de seguridad en México comenzaron a realizar centenares de detenciones y a destruir decenas de laboratorios de fentanilo en todo el país (laboratorios que López Obrador reiteradamente negó que existieran). De manera sorpresiva y con dudosa legalidad, el gobierno mexicano extraditó a 29 peligrosos narcotraficantes (entre ellos a Caro Quintero). Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, viaja constantemente a Washington para rendir informes de las acciones mexicanas. Pero éstas han sido insuficientes. Los mensajes y amenazas norteamericanos se reiteran casi cada semana desde todos los frentes: el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, legisladores demócratas y republicanos, la Fiscalía General, la Casa Blanca y los medios de comunicación. El mensaje es el mismo: México tiene que romper el pacto de complicidad entre la clase política y los distintos grupos del crimen organizado.

Por alguna extraña razón, el gobierno mexicano no parece entender el mensaje. El día que inició el juicio en contra de Ovidio Guzmán, Claudia Sheinbaum, desde Sinaloa, ofreció una conferencia de prensa flanqueada por el gobernador Rubén Rocha Moya, sospechoso de haber participado en el secuestro y traslado del Mayo Zambada a los Estados Unidos y de tener ligas con el narcotráfico. Ese mismo día, el abogado de Ovidio llamó a la presidenta “publirrelacionista” del Cartel de Sinaloa. La presidenta negó el cargo y afirmó que demandaría en México al abogado por difamación (pero ese delito no está tipificado en nuestro país). 

El gobierno mexicano está convencido de que se trata de un ardid comercial para obtener ventajas en la importación de diversos productos y de que podrá convencer al gobierno de Trump de que las sanciones perjudican más a los consumidores estadounidenses que a los productores mexicanos. Pero ¿y si no fuera así? ¿Si lo que persigue el gobierno de Trump es hacer justicia por los cientos de miles de jóvenes muertos por sobredosis de fentanilo? ¿Y si lo que buscan en Estados Unidos es acabar con las relaciones de los narcotraficantes con la clase política mexicana en los tres niveles: federal, estatal y municipal?

El problema se ha vuelto mucho más complejo porque la relación entre los criminales y los políticos mexicanos no solo tiene que ver con el narcotráfico, sino con el comercio ilegal de combustibles. En ambos casos –narco y huachicol– la responsabilidad recae en el ex presidente López Obrador. Los proyectiles acusatorios cada vez caen más cerca de Palenque. Primero, la sospecha de que la Casa de Bolsa de Alfonso Romo, que fuera jefe de la oficina de la presidencia durante los dos primeros años del gobierno de López Obrador, lavó dinero del Cartel de Sinaloa. Luego, la aparente vinculación de un colaborador cercano de Adán Augusto López (quien fungiera como secretario de Gobernación el sexenio pasado) con un cartel dedicado al comercio del huachicol. Los dos: Romo y Adán Augusto, son personajes íntimamente ligados al exmandatario. 

Se rumora que existen causas abiertas en los Estados Unidos en contra de López Obrador, pero lo cierto es que todavía no hay una acusación formal. Puede no ocurrir. Pero ¿y si ocurre? ¿Si lo acusan de haber liberado al narco que introdujo decenas de toneladas de fentanilo a los Estados Unidos? ¿Cuál sería entonces la reacción del gobierno mexicano? ¿Rompería Sheinbaum con él para sobrevivir políticamente? ¿O más bien su sobrevivencia está ligada al apoyo irrestricto del tabasqueño? Se dice que en 2003, cuando aparecieron los videos de Bejarano recibiendo dinero del empresario Ahumada, López Obrador preguntó a sus colaboradores más cercanos si alguien había recibido también dinero y que en esa reunión Sheinbaum delató a Carlos Imaz, que era entonces su marido. Entre la lealtad al jefe o al marido, optó por el jefe. ¿Cómo actuaría hoy, ahora que ella detenta “el bastón del mando”? La política, desde siempre, abunda en historias de traiciones (cfr. Elogio de la traición, de Denis Jeambar e Yves Roucaute, Gedisa, 2017). 

 Si la presidenta decide romper con su mentor, ¿sobrevendría la escisión de Morena? ¿El bando de “los puros” rompería con la presidenta? Muchas de las acciones emprendidas por García Harfuch van en contra de los lineamientos que diseñó López Obrador, señaladamente el desmantelamiento de los laboratorios de fentanilo y el decomiso de importantes cantidades de huachicol. ¿Pueden interpretarse estas acciones como movimientos de Sheinbaum en contra de López Obrador para aplacar la voracidad judicial de los Estados Unidos?

Nuestros vecinos incómodos piden que en México se rompa el pacto entre la clase gobernante y el crimen organizado. El gobierno de Sheinbaum niega por supuesto que exista algún pacto. Pero todos los días se hacen evidentes las conexiones entre ambos mundos. Nada parece indicar que las revelaciones vayan a detenerse: por el contrario, en la medida que declaren Ovidio Guzmán e Ismael Zambada menudearán ese tipo de acusaciones y vínculos. México ocupa ahora el lugar 140 (de 180 países) entre los más corruptos del mundo. Bajamos del lugar 99 al 116 en la medición del Estado de derecho. Abundan evidencias de que el crimen organizado intervino en la elección judicial. El gobierno sigue negando ese vínculo y nuestra prensa le sigue la corriente. Como si no existiera ningún riesgo. 

El riesgo es real. Estados Unidos se ha vuelto un vecino muy agresivo. El ánimo social se ha tornado beligerante: este año las fuerzas armadas norteamericanas romperán el récord de afiliaciones al Ejército. Tras el bombardeo a Irán, una enorme proporción de ciudadanos se mostró complacida. El militarismo se ha impuesto como forma válida de negociación. Por eso no podemos ignorar los continuos avisos, hechos por Donald Trump, de que lanzará misiles en contra de los refugios de narcotraficantes en México. 

Si Estados Unidos amenazara con lanzar misiles a cualquier país europeo, la amenaza suscitaría, además de una gran agitación social, una serie de acciones de defensa preventiva. Aquí solamente asumimos la posición de que eso no puede pasarnos. ¿Pragmatismo o temor a debatir un asunto espinoso? Un misil, o varios, podrían caer en Sinaloa o en la sierra de Durango, pero sus efectos sociales y políticos repercutirían en todo México. El 25 de junio de 2024 AMLO declaró: “Solo regresaría de mi retiro si hay una invasión”. ¿Estamos preparados para un regreso del expresidente? ¿Habría dos mandos? ¿Por qué no estamos debatiendo esto? Porque creemos que no pasará, basados en razones insondables. 

Los aranceles son reales. Las expulsiones de migrantes son reales. Las amenazas son reales. Los principales líderes de los más poderosos cárteles mexicanos están declarando en los Estados Unidos. Se piensa que Estados Unidos no se atreverá a acusar a López Obrador, a pesar de que acusó al general Cienfuegos, lo regresaron para que en México se le juzgara, y aquí López Obrador no solo lo liberó, sino que lo condecoró. 

Lo mejor sería aplicar la ley de Murphy: si puede pasar, va a pasar. Mejor prevenir que lamentar. Mejor pensar las opciones posibles y no que nos caiga todo de sorpresa. ¿Qué actitud van a asumir los partidos políticos? ¿Cuál será la reacción de los ciudadanos? Es cierto que en México viven dos millones de norteamericanos y la xenofobia apenas despunta, como también es cierto que en Estados Unidos viven 30 millones de mexicanos con mucho que perder. 

¿Qué reacción tendrá el crimen organizado si es atacado? Los grupos del narcotráfico son muchos y están diseminados en todo el país. ¿Habrá quienes quieran ligarse a algún grupo guerrillero? ¿Habrá otros que intenten la salida del terror? Aproximadamente unas 200 mil personas están vinculadas al narcotráfico. Si son agredidos los jefes, sus seguidores no ingresarán a alguna orden religiosa, lo más probable es que cambien de giro criminal. ¿Aumentarán los secuestros, las extorsiones, los asaltos? 

Son muchas las interrogantes que se abren en este verano caliente. ~