Un gobierno de coalición siempre tiene tensiones internas. Hay una batalla de comunicación perpetua que consiste en culpar al socio de lo malo y atribuirse lo bueno. El gobierno de coalición entre PSOE y Podemos ha sufrido esta semana una crisis en torno un anteproyecto de ley orgánica del Ministerio de Igualdad que encabeza Irene Montero, que incluye una reforma del Código Penal para garantizar las “libertades sexuales” (es la reforma que garantizará el “consentimiento”). La reforma ha sido cuestionada duramente por los técnicos del PSOE y por los juristas del partido. Tiene numerosos errores técnicos, confunde conceptos jurídicos básicos y es, según un informe interno, más una “especie de conferencia” o “tormenta de ideas” que una ley seria.
Esto ha provocado una guerra ridícula entre el PSOE y Podemos. Pablo Iglesias ha dicho que detrás de las “excusas técnicas” que se han planteado a la ley “hay mucho machista frustrado”. Es una frase pueril y ligeramente incomprensible. ¿Un machista frustrado no sería un hombre que quiere ser machista pero no le sale? Es también una opinión que encaja en el decisionismo clásico de Podemos: la legalidad, los contrapesos, el rigor jurídico son obstáculos en el camino de la voluntad política. También es sorprendente que tenga que salir el vicepresidente del gobierno y pareja de la ministra de Igualdad a defender a su mujer, precisamente cuando es ella quien está promoviendo una ley feminista. Más allá de los problemas técnicos, la reforma nace con prisas, a dos meses de la formación del gobierno y con una intención propagandística: debe coincidir con el 8 de marzo, día de las mujeres.
No es la única reforma del Código Penal que se realiza en base a un criterio estratégico. El gobierno también ha prometido una reforma del Código Penal para rebajar las penas del delito de sedición y rebelión. Esto provocaría la excarcelación de los líderes independentistas antes de lo previsto por la sentencia del Tribunal Supremo. Hace apenas dos años, Pedro Sánchez defendió un endurecimiento de esas penas. Hoy, en plena negociación con ERC para aprobar los presupuestos, ese endurecimiento se convierte en una rebaja.
El gobierno usa reformas de calado para el corto plazo. El Anteproyecto de Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual de Irene Montero es un manifiesto político con consecuencias jurídicas. Sigue un criterio ideológico y no jurídico. Y la reforma del Código Penal para rebajar las penas de sedición y rebelión, que implica un cambio retroactivo de la ley para favorecer a unos políticos hoy en la cárcel, se usa para la negociación parlamentaria y la aprobación de unos presupuestos (una aprobación que no está garantizada si se producen elecciones anticipadas en Cataluña y ERC decide que apoyar al gobierno central le afectaría electoralmente).
Ricardo Dudda (Madrid, 1992) es periodista y miembro de la redacción de Letras Libres. Es autor de 'Mi padre alemán' (Libros del Asteroide, 2023).
