El 4 de octubre pasado, el Senado de la Repรบblica aprobรณ un artรญculo transitorio constitucional para ampliar el plazo de participaciรณn de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pรบblica en Mรฉxico. Este resultado fue posible gracias a la connivencia de nueve senadores del PRI, dos del PRD y uno que abandonรณ el grupo parlamentario del PAN dos semanas antes de la votaciรณn.
La forma y el fondo de la reforma son cuestionables.
Por un lado, el recurso legal es dรฉbil. Modificar en un transitorio โes decir, un artรญculo que solo regula cรณmo aplicar un cambio constitucionalโ una modificaciรณn que contraviene un principio del cuerpo constitucional โcomo lo es el carรกcter civil de la seguridad pรบblicaโ es por lo menos maรฑoso.
Por el otro, los argumentos en contra de la militarizaciรณn son mรบltiples y variados. El mรกs convincente, me parece, es su ineficacia. Los militares llevan dรฉcadas en las calles y no vivimos en paz. Este sexenio ha sido el mรกs mortรญfero y aquel con mรกs desapariciones. En algunos territorios de la Repรบblica el narcotrรกfico ha desplazado a comunidades enteras y apenas un dรญa despuรฉs de la votaciรณn asesinaron a 18 personas en el palacio municipal de San Miguel Totolapan, Guerrero. Todo esto, a pesar de tener a los militares en las calles, supuestamente procurando nuestra seguridad.
Vale la pena preguntarse por quรฉ, entonces, 87 senadores votaron a favor del dictamen. Pero con mayor razรณn, por quรฉ el gobierno federal considerรณ tan necesario aprobarlo.
Hay que ser claros: no fue un asunto de legalidad. Los militares llevan dรฉcadas realizando tareas de seguridad pรบblica con bases constitucionales endebles y este gobierno, acaso mรกs que cualquiera anterior, dista de ser un obsesivo de la legalidad.
Desde 1996, la Suprema Corte de Justicia de la Naciรณn sentenciรณ, como respuesta a la acciรณn de inconstitucionalidad 1/96, presentada por un grupo de legisladores, que โla limitaciรณn al actuar de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz no era absoluta, ya que pueden actuar a peticiรณn expresa de las autoridades civiles y subordinadas a estasโ. A dicha sentencia se remitieron por aรฑos los gobiernos cuando la participaciรณn era cuestionada.
Durante el sexenio de Felipe Calderรณn se firmaron, ademรกs, convenios con entidades federativas, en los que gobiernos locales, la Secretarรญa de Gobernaciรณn y la Secretarรญa de la Defensa Nacional acordaban el apoyo subsidiario de las fuerzas armadas. Una vez mรกs, la base constitucional no fue atendida.
Durante el sexenio de Enrique Peรฑa Nieto se aprobรณ la ley de seguridad interior para justificar la participaciรณn de los militares. Esta ley eventualmente serรญa declarada inconstitucional.
El gobierno actual ha mantenido, primero por acuerdo y luego por decreto, a las fuerzas armadas en las calles, argumentando que el mando serรญa civil y que regresarรญan al cuartel en 2024. Sin embargo, hace un par de semanas, de pronto les pareciรณ urgente ampliar este plazo.
ยฟPero cuรกl era la necesidad? ยฟQuรฉ habrรญa pasado si la iniciativa no era aprobada, si llegรกbamos al 1 de enero de 2025 y la Guardia Nacional seguรญa en las calles? ยฟSi tenรญan que sacarse una modificaciรณn de la manga o ni siquiera atendรญan el plazo? Nada. ยฟPor quรฉ, entonces, la obsesiรณn?
Encuentro dos posibles respuestas, ninguna mรกs halagรผeรฑa que la otra.
La primera es que haya sido una estrategia polรญtica para romper la alianza opositora. PRI, PAN y PRD habรญan acordado una moratoria constitucional que frenarรญa las reformas mรกs importantes โy mรกs nocivasโ de este sexenio. Con la aprobaciรณn de la reforma al quinto constitucional, el PRI y el PRD rompieron este compromiso y el futuro de la alianza electoral. No es descabellado pensar, ademรกs, que, como consecuencia de su voto, los priistas hayan terminado de ceder Coahuila y el Estado de Mรฉxico, sus รบltimos y mรกs importantes bastiones, creyendo que los negociaban.
Esta votaciรณn sirviรณ, digamos, de simulacro para identificar los eslabones mรกs dรฉbiles de la oposiciรณn. Hoy el gobierno federal sabe perfectamente quiรฉnes son vulnerables y de dรณnde puede sacar los votos para terminar con la independencia del INE en un par de semanas o meses. Esa reforma cambiarรญa formal e institucionalmente la vida democrรกtica de Mรฉxico tal como lo hemos conocido en los รบltimos 25 aรฑos.
La segunda alternativa es que haya sido una solicitud expresa de las fuerzas armadas; una prueba de lealtad. Los militares llevan aรฑos haciendo polรญtica en este paรญs. En 2010, por ejemplo, el entonces secretario de Gobernaciรณn, Fernando Gรณmez-Mont, acudiรณ a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a defender al Estado mexicano contra Rosendo Radilla. El objetivo era mantener el fuero militar, pero el caso era imposible de ganar por parte del gobierno. No obstante, el secretario โy destacado penalistaโ se presentรณ a argumentar a favor de la lealtad de las fuerzas armadas, de la excepcionalidad democrรกtica que habรญan sido en Amรฉrica Latina; de su disciplina, honorabilidad y lealtad. No fue un argumento legal, sino un posicionamiento polรญtico para dar un espaldarazo a los militares, de quienes dependรญa la principal agenda del gobierno calderonista.
Lo vimos hace otra vez en la aprobaciรณn de la ley de seguridad interior, en 2017, cuando los secretarios de Defensa y Marina cabildearon directamente para su aprobaciรณn. Hoy los vemos otra vez involucrados en polรญtica, cada vez mรกs abiertamente, prรณximos a negociar, incluso, la creaciรณn de una lรญnea aรฉrea.
Despuรฉs del hackeo mรกs importante que haya sufrido el Estado mexicano, supimos con certeza que los militares no solo cabildean, sino tambiรฉn espรญan: a opositores, periodistas, activistas. El presidente las llamรณ labores de โinteligenciaโ y dijo que trabajaban de manera โindependienteโ. Es decir, confirmรณ que no tiene mando sobre la instituciรณn militar. Grave si lo autorizรณ y grave si los militares se mandan solos.
Si la votaciรณn del martes fue una prueba de lealtad a los militares, entonces deberรญamos preguntar por quรฉ era necesaria. Quizรก la peor herencia del calderonismo no fuera que los militares se ocupen de la seguridad pรบblica, sino que se conviertan en protagonistas de la vida polรญtica. Y en ese caso, la militarizaciรณn de la seguridad serรญa, creo, lo de menos, o el primer paso en el debilitamiento democrรกtico.
Serรก cuestiรณn de semanas para que veamos si la aprobaciรณn del transitorio constitucional fue prรณlogo de la destrucciรณn del INE o de un mayor presupuesto y protagonismo para la Sedena. Como ciudadanos, valdrรญa la pena mantenernos vigilantes y exigentes, porque, en cualquiera de los casos, nuestra vida democrรกtica estรก en inminente riesgo.
Es economista, politรณloga y especialista en discurso. Directora de Discurseros, sc.
