Un grupo de miles de personas salió de San Pedro Sula, Honduras el 12 de octubre, huyendo de la pobreza, la violencia y la marginación, dispuestos a caminar 4,000 kms hasta llegar a Estados Unidos. En palabras de algunas mujeres que forman parte del grupo se dirigen “a cualquier lugar en el que podamos trabajar y darle una vida digna a nuestros hijos”. La Caravana ha estado en el centro de la atención de los medios nacionales e internacionales, no solo por su tamaño (se estima que son ya cerca de cinco mil personas, incluyendo personas de nacionalidad guatemalteca y salvadoreña que se han sumado en el trayecto) sino por las amenazas del gobierno de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos dijo que no se le permitirá la entrada a la Caravana, y que si los gobiernos centroamericanos no la detienen, cancelará los fondos de apoyo para esos países. En el caso de México, el presidente estadounidense advirtió que si el gobierno de Peña Nieto no detiene la Caravana, Estados Unidos cerrará su frontera sur, enviará al Ejército a contener al grupo de desplazados y revisará el acuerdo comercial firmado recientemente.
La instrucción de Peña Nieto de enviar a la Policía Federal a la frontera con Guatemala e impedir la entrada a quienes no tuvieran una visa o hicieran una solicitud formal de asilo en los puntos de entrada—lo cual generó actos de violencia y represión que incluyó el uso de gases lacrimógenos por parte de la Policía– recibió una felicitación por parte del gobierno de Trump. Sin embargo, para la comunidad internacional y la sociedad civil mexicana que trabaja a favor de los derechos de las personas en contextos de movilidad, la respuesta del gobierno mexicano volvió a poner en evidencia la falta de visión, coherencia, congruencia y sentido de humanidad de su política migratoria. Una política integral y enfocada en derechos humanos tendría que recibir con permisos temporales a las personas que forman parte de la Caravana en albergues y otros espacios seguros que incluyan comedores, servicios de salud y, con apoyo de la ACNUR y voluntarios expertos, facilitar los trámites para el reconocimiento de la condición de refugiados.
Honduras, Guatemala y El Salvador, entre otros países de Centroamérica, se encuentran desde hace décadas en una compleja situación económica, política y social. Las personas que emprenden el riesgoso y doloroso viaje hacia el norte lo hacen porque huyen de la violencia y la precariedad. Algunos de ellos son personas deportadas que, en muchos casos, están separados de sus familias en Estados Unidos y que no han encontrado condiciones para tener una vida digna y segura en sus países de origen y. Son, en buena medida, hombres, mujeres, niñas y niños que requieren protección internacional conforme a los tratados y compromisos internacionales que México tiene, que ha defendido arduamente en el ámbito multilateral y que se reflejan en nuestro marco legal: la Constitución, la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.
México lleva ya muchos años sin responder de manera integral y con apego a este marco legal ante la llegada de miles de migrantes en tránsito y solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiadas. Sin embargo, la visibilidad de la Caravana, como otras similares en años anteriores, pone en el centro la pregunta: ¿México tiene la responsabilidad de acoger a migrantes centroamericanos y de otras regiones? ¿El país tiene la capacidad para hacerlo? ¿Cómo, si en México también existen condiciones de pobreza extrema y violencia de las que también huyen miles de mexicanos?
La respuesta a estas preguntas es compleja, pero a la vez simple. Sí, México tiene la responsabilidad de brindar protección internacional y de cumplir con los principios enunciados en la Ley de Migración (Art. 2) para su política migratoria. Entre ellos se enumeran: el “respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas migrantes, nacionales y extranjeras”; “la congruencia” entre los derechos que el Estado garantiza a las personas extranjeras en México y los que reclama para sus connacionales en el exterior; y “el enfoque integral”, bajo la cual México debe reconocerse como país de destino y no sólo de tránsito, origen y retorno, considerando las causas estructurales de la migración y sus consecuencias inmediatas y futuras. Destaca también en este caso el principio de hospitalidad y solidaridad internacional con las personas que requieren de un nuevo lugar de residencia debido a las condiciones en su país de origen.
No obstante la existencia de este marco legal, las declaraciones del gobierno mexicano se enmarcan dentro del discurso de una migración regular, segura y ordenada que, al igual que Estados Unidos, se limita a garantizar que recibirá a las personas que sigan el proceso por las vías legales. Pero la urgencia de alimentar a un hijo, de sobrevivir, de huir de la persecución y de la violencia, de las amenazas de pandillas y otros grupos de crimen organizado, no se apega a los tiempos ni a los procesos burocráticos y por ello se requieren medidas que reconozcan esta realidad.
México tiene amplios lazos de cooperación con Centroamérica en diversos ámbitos y nuestra política de apoyo y hospitalidad hacia las personas refugiadas de esa región es un referente histórico. Sin embargo, la capacidad de respuesta ante el incremento de solicitudes de reconocimiento ha sido limitada y, en gran medida, ha dependido del apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Actualmente la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) tiene pendiente de resolver 7,719 mil de las 14,596 mil solicitudes recibidas durante 2017. Es evidente que México carece de un sistema que permita dar respuesta rápida e integral a este tipo de emergencias, más allá del énfasis en la seguridad y la represión que esto conlleva y con un enfoque de corto y largo plazo. La COMAR está prácticamente colapsada. Con un presupuesto anual que no ha pasado de los 25 millones de pesos en la última década, tiene poca capacidad operativa. Durante todo el sexenio, además, careció de liderazgo para impulsar nuevas prácticas institucionales. Si no fuera por el trabajo del ACNUR, que ha financiado puestos y brindado apoyo, la situación sería todavía más grave para los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado.
Mientras vemos los efectos de una política migratoria enfocada en el control y la seguridad que el gobierno saliente ha mantenido, a costa de los derechos humanos de las personas, la próxima Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha declarado que a partir del 1º de diciembre volveremos a ser un país de refugio y acogida. El presidente electo se ha comprometido a dar trabajo a las personas migrantes que lleguen a México y a promover el crecimiento económico para que nadie se vea obligado a emigrar como única opción. En sus recientes declaraciones, Marcelo Ebrard, presunto Secretario de Relaciones Exteriores, ha enfatizado la necesidad de un enfoque en políticas de desarrollo regionales que creen oportunidades de empleo en México y en Centroamérica. Esta visión refleja un cambio importante con respecto a la estrategia que ha seguido el gobierno mexicano en las últimas décadas, retomando parte de nuestra tradición como país de asilo y refugio, así como un enfoque de largo plazo para atender las causas estructurales de la emigración.
Para lograr que esta visión se traduzca en cambios reales, de corto y largo plazo, es clara la necesidad de un cambio fundamental en nuestras instituciones. Tenemos un marco legal sólido, y un Programa Especial de Migración (2014-2018) (PEM) en los que se han planteado ya los principios de lo que debe ser una política migratoria integral, transversal y congruente con lo que pedimos para los mexicanos en el exterior. El PEM marcó un hito porque por primera vez se llevó a cabo un proceso de consulta pública con amplios sectores de la sociedad civil y el gobierno para establecer las prioridades de la política migratoria, con programas y acciones específicas que incluyen a las 35 dependencias de la administración pública federal encargadas de temas relacionados con la movilidad de personas, desde temas de justicia hasta empleo.
Sin embargo, parte de lo que ha impedido una implementación de las leyes y políticas existentes es la falta de capacidad institucional y de voluntad política del más alto nivel desde el Ejecutivo para trabajar de manera coordinada desde instancias federales, estatales y municipales, y entre las distintas secretarías de Estado a nivel federal. Un esquema nuevo que incluya, por ejemplo, un Consejo de Gobierno en materia de migración, asilo, refugio y retorno serviría para diseñar, coordinar, implementar, monitorear y evaluar la política en todos estos ámbitos. Asimismo, tendría la capacidad para desplegar grupos de respuesta rápida interinstitucionales, con participación de sociedad civil y con el apoyo de agencias de Naciones Unidas para atender emergencias, a la par de las estrategias y acciones de mediano y largo plazo que incluyan de manera activa a diferentes actores de la sociedad civil (incluyendo a organizaciones de migrantes en México y en el exterior). Existen otras experiencias en el mundo, como el Consejo de Atención al Migrante de Guatemala (CONAMIGUA) o la Junta Nacional de Migración de Uruguay, que sirven de referencia para crear esta figura y dar la vuelta por fin a una serie de políticas fallidas que ven a las personas como amenazas y reflejan una visión de corto plazo enfocada en el control de las fronteras.
En este caso, una respuesta integral e interinstitucional a la situación de la frontera sur significaría no llevar a las personas que solicitan protección internacional a una estación migratoria, cuando existe la posibilidad legal de documentarlos con una condición de estancia por razones humanitarias que les otorga permiso para trabajar. Implica que tanto COMAR como el Instituto Nacional de Migración (INM) compartan una visión que anteponga los derechos y la seguridad de las personas, así como una adecuada coordinación entre ambas instituciones para evitar la detención innecesaria, sobre todo tratándose de niñas, niños y adolescentes, ya sea que viajen solos o en familia. A su vez, las Secretarías de Educación, Salud y Trabajo, entre otras, participarían en procesos para apoyar con servicios y apoyos para las personas migrantes que permanezcan temporal o permanentemente en el país, vinculando esta agenda con los proyectos de desarrollo económico más amplios en México y en la región.
La Caravana es uno de los muchos ejemplos de que las políticas actuales no funcionan: no han detenido los flujos de personas desde el sur ni hacia el norte, no han respondido a sus causas estructurales, y en cambio han generado condiciones de mayor riesgo para quienes no tienen otra opción más que dejar su hogar para buscar otra vida posible. La nueva visión que plantea el gobierno entrante necesariamente tiene que ir acompañada de una estructura institucional y un presupuesto que demuestre la prioridad que tiene el tema y que desarrolle los mecanismos necesarios que atiendan las condiciones inmediatas desde una perspectiva de derechos humanos, a la par de una estrategia de política económica y social de largo plazo nacional y regional para que migrar sea realmente una decisión no forzada.
es consultora independiente en materia de migración, asilo y derechos humanos, y parte del equipo de la Secretaría Técnica del 8o Foro Social Mundial de las Migraciones.
