La llamada revolución bolivariana ha declarado una guerra contra las universidades, los académicos y los estudiantes. Desde que llegó al poder en 1999, el fallecido presidente Hugo Chávez decidió crear un sistema universitario paralelo al sistema de universidades autónomas de Venezuela. Instituciones como la Universidad Bolivariana de Venezuela y la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional tienen como objetivo principal el adoctrinamiento político y el control social sobre la calidad educativa y de investigación. La estrategia chavista se ha enfocado en reducir de facto el financiamiento de las universidades públicas, en eliminar su autonomía para elegir autoridades y órganos de cogobierno, atacar de manera sistemática la libertad académica, y perseguir a profesores y estudiantes, llegando al asesinato y la cárcel.
La situación se ha deteriorado bajo el régimen que preside Nicolás Maduro, tal como lo reportan organizaciones como Aula Abierta y el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes. Los profesores universitarios están emigrando a otros países latinoamericanos, Europa, Estados Unidos y Canadá. Muchos estudiantes no pueden completar sus programas de estudio debido a las dificultades sociales y económicas, y algunas disciplinas literalmente se vacían. Los laboratorios no tienen equipos actualizados y las bibliotecas no pueden mantener sus colecciones de libros y revistas científicas al día. La infraestructura de los campus se está deteriorando por la falta de presupuesto para su mantenimiento.
Pero a pesar de la terrible crisis, en un país que sufre una hiperinflación que podría llegar este año a 14 mil por ciento, la represión violenta de las protestas, el crimen fuera de control, la escasez de comida y de medicamentos, una corrupción depredadora en todos los niveles del Estado, las universidades autónomas y las privadas luchan por mantener vivos sus programas, hacer investigación con muy limitados recursos y proteger instituciones que son fundamentales para la libertad y la democracia en un país bajo la bota del autoritarismo.
El movimiento estudiantil universitario ha sido un factor importante de resistencia desde el mismo inicio del régimen chavista. Jugó un papel fundamental en la derrota que sufrió Hugo Chávez en el referéndum para la reforma constitucional de 2007. En 2014 los estudiantes se movilizaron en protestas en todo el país, y lo volvieron a hacer en 2017, año en el que se incrementó la represión que resultó en centenares de heridos y fallecidos. Según el reporte El pensamiento bajo amenaza, al menos veinte estudiantes fueron asesinados durante estas protestas el año pasado.
Algunos datos pueden ayudar a poner en perspectiva el alcance y la profundidad del daño que el chavismo le ha causado a la educación superior. Con la creación de las universidades del régimen, el número de estudiantes en la educación aumentó notablemente en Venezuela: se estima que pasó de unos 100 mil estudiantes en el año 2000 a unos 250 mil en 2015. Sin embargo, el número de estudiantes que completan un programa de estudio y se gradúa se mantuvo relativamente bajo, en unos 10 mil al año, de acuerdo con cifras de la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana. Hay dos lecturas que se pueden hacer de estas cifras. La primera es que la supuesta masificación universitaria del chavismo no ha permitido que los jóvenes completen sus estudios. La segunda es que los programas que se ofrecen en las universidades creadas por el régimen a su medida no mantienen un nivel de calidad adecuado, como ha sido denunciado por la Coalición de Cátedras y Centros de Derechos Humanos.
El salario de un profesor a tiempo completo en una universidad autónoma en Venezuela varía entre 5 y 20 dólares mensuales, dependiendo de la tasa de cambio que se use para hacer el cálculo. Es obvio que estos magros niveles de ingreso, en un país con hiperinflación y recesión económica, motivan la fuga de cerebros. Venezuela se está quedando sin profesores universitarios. Algunas universidades han perdido la mitad de sus académicos, según cálculos reportados por Aula Abierta. Los estudiantes también están abandonando las universidades e incluso el país. La misma organización ha reportado que en 2017, entre el 30 y 40 por ciento de los que ingresaron a programas de pregrados en las universidades autónomas habían dejado sus estudios.
Todo esto se produce en un contexto de violencia represiva por parte de las fuerzas policiales, militares y paramilitares del régimen de Maduro, como ha sido denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Profesores y estudiantes han sido detenidos de forma arbitraria y muchos de ellos sometidos de forma ilegal a juicios ante tribunales militares. Estudiantes también han sido asesinados por las fuerzas del régimen o sus grupos de choque. Los campus han sido invadidos por policías, la Guardia Nacional y organizaciones criminales afines a la revolución, produciendo destrozos en las instalaciones universitarias (como lo ilustra la foto que acompaña este artículo, de un ataque reciente contra la Universidad de Los Andes).
Además, el régimen militarista ha promovido una agenda revisionista de la historia de Venezuela, mintiendo descaradamente u omitiendo información. Por otro lado, el chavismo tiene alergia a los hechos, especialmente cuando éstos contradicen su propaganda sobre los supuestos logros del chavismo en el campo de la salud o la educación.
Pero las universidades autónomas y privadas venezolanas resisten. Saben que no solamente están protegiendo el saber, sino la libertad, valor fundamental para asegurar el acceso a la verdad, en tiempos de “fake news”, oscurantismo ideológico y decadencia moral. Por ejemplo, estudiantes venezolanos se destacan en concursos universitarios, como lo hicieron en la competencia del modelo de la ONU en Harvard. Los académicos siguen haciendo investigaciones fundamentales para el país, como las que se realizan en el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, a pesar del vandalismo del que es objeto constantemente. La diáspora venezolana se moviliza en el mundo con el fin de recaudar fondos para ayudar a las universidades, como lo han hecho los egresados de la Universidad Simón Bolívar. Defender la libertad académica es defender la civilización contra la barbarie, como lo habría dicho el escritor y maestro venezolano Rómulo Gallegos.
Profesor en la Universidad de Ottawa, Canadá.
