La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo del Ejército mexicano es una buena noticia. Después de seis años de abrazos a las organizaciones criminales –que no eran otra cosa que una garantía de impunidad, absolutamente injustificable desde cualquier punto de vista, ya que significaba la renuncia del Estado a su responsabilidad de otorgar seguridad a sus ciudadanos–, que haya la voluntad política, traducida en una operación eficaz para detener al cabecilla de la principal organización criminal del país, es motivo de alegría. No más impunidad para Oseguera y los otros integrantes de su organización que murieron o fueron detenidos con él.

Iba a escribir que también era motivo de tranquilidad y esperanza, pero creo que sería poco realista añadir esos dos sustantivos. Es muy probable que vengan tiempos difíciles y violentos, como lo ha enseñado la guerra que libran las huestes del Mayo y del Chapo en Sinaloa desde hace año y medio.

Las dos décadas de lucha contra el narcotráfico han enseñado que después de la detención o muerte de los grandes capos suceden por lo menos tres fenómenos en el terreno del crimen organizado: a) el impacto en la organización criminal y en los mercados ilegales son menores, ya que estos siguen operando y el liderazgo es remplazado, violenta o pacíficamente; b) se generan reacomodos importantes en la geografía criminal del país por los conflictos entre organizaciones que aprovechan la debilidad del cártel decapitado para arrebatarle mercados y territorios estratégicos y, c) en algunas ocasiones, se produce una fragmentación de la organización, ya que algunas células optan por independizarse del nuevo liderazgo para emprender su propia aventura criminal, incrementándose las actividades delictivas contra la sociedad (extorsión y robos), al ya no participar esas células en los mercados ilegales que requieren mayores capacidades y logística, como el narcotráfico o el huachicol a gran escala.

En los próximos días abundarán los análisis sobre estos tres puntos. Por ejemplo, el impacto que tendrá el debilitamiento del CJNG en la guerra entre los mayitos y los chapitos, ya que estos últimos eran apoyados por las gentes del Mencho; o en la lucha por el control del huachicol en Guanajuato con el cártel de Santa Rosa de Lima, o con la Nueva Familia en Michoacán por el monopolio del cobro de piso a los aguacateros y limoneros en Tierra Caliente. También se discutirá sobre los posibles remplazos de Oseguera y las eventuales disputas entre las numerosas facciones y células que operan bajo las siglas de ese cártel.

Si lo anterior es ya sentido común, lo que no se analiza con la misma profundidad es lo que ocurre en la otra mitad de la cancha, es decir, en las fuerzas de seguridad del Estado después de la eliminación de un capo y los inevitables reacomodos de las estructuras y las actividades criminales. ¿Están preparadas para hacer frente al nuevo mapa criminal y al incremento de la violencia?

Pese a que es algo que las cúpulas políticas, militares y policiales del país debieran haber aprendido de lo ocurrido en los últimos 20 años, me temo que la respuesta es negativa. Para demostrarlo hay que platicar dos historias.

Primera historia. La desarticulación de los grandes cárteles del narcotráfico comenzó en el sexenio de Calderón y su política de debilitarlos o desaparecerlos fue relativamente exitosa, pese a las percepciones contrarias. Durante ese sexenio desaparecieron los cárteles del Golfo, Tijuana, Juárez, los Zetas, los Beltrán Leyva, y La Familia Michoacana.

Algunos de ellos se reconfiguraron, pero como organizaciones más pequeñas y regionales (la Nueva Familia Michoacana, cártel de Noreste, La Línea, Beltrán, etc.), y nacieron cientos de bandas delictivas dispersas por todo el país, principalmente de la desarticulación de los Zetas, que era una extensa confederación de bandas criminales locales estructurada bajo un férreo mando paramilitar que ejerció como nunca en la historia del crimen organizado la violencia sin límites ni escrúpulos. En síntesis, desparecieron seis cárteles muy poderosos y se fragmentaron en cientos de organizaciones igual de violentas, pero más pequeñas y de menor alcance cada una de ellas.

Frente a ese escenario inevitable de fragmentación, el gran error del Estado mexicano fue no haber construido fuerzas policiales en los estados y municipios que se hicieran cargo de combatir y neutralizar a esas bandas, que ya no eran un problema de seguridad nacional como el cartel de Sinaloa o el Jalisco Nueva Generación, sino de seguridad pública. En el sexenio de Calderón se trató de impulsar un modelo nacional de policías locales (conocido como el mando único, pero que en realidad proponía un mando mixto según las condiciones de cada estado), pero el PRI del Estado de México –Peña Nieto ya mandaba en ese partido– vetó la iniciativa de reforma legal que se había acordado con los 32 gobernadores.

Eso fue a principio de 2010. Desde entonces no ha habido ninguna iniciativa seria de reforma de las policías en este país. Sí, estamos frente a 16 años perdidos –tres de Calderón; seis de Peña Nieto que además de negar que hubiera un problema de capacidades de las policías locales frenó el crecimiento de la Policía Federal; seis de AMLO que desapareció la Policía Federal y a los pocos fondos federales para las policías estatales y municipales, y uno más de Sheinbaum, sin tomarlas en cuenta. Todo esto, mientras el crimen organizado se ha fragmentado y expandido a una velocidad asombrosa. Si la Guardia Nacional y el Ejército no han podido controlar la guerra en Sinaloa iniciada en septiembre de 2024, ¿van a poder apagar al mismo tiempo los incendios que se vienen en Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, solo por mencionar algunos estados donde se pueden generar disputas violentas? ¿Cuáles de las policías de esos estados tiene las capacidades suficientes para enfrentar guerras con el CJNG y sus adversarios?

Segunda historia. Detener o abatir a los capos de los cárteles es más una victoria simbólica que real. Tiene, sí, una gran relevancia por su significado político: el Estado que muestra su fuerza y hace valer su supremacía sobre una organización criminal muy poderosa que lo ha retado. No es cosa menor después de la irresponsabilidad criminal de López Obrador. Urgía que el Estado mexicano pudiera mandar ese mensaje. Y lo hizo además en tiempos del prepotente acoso de la Casa Blanca, lo que le gana a la presidenta Sheinbaum un tiempo y un espacio muy valiosos de cara a la revisión del T-MEC. Enhorabuena por el gobierno y por el país.

Sin embargo, es más simbólico que real, pues está ampliamente demostrado que decapitar una organización criminal no la desaparece; al poco tiempo, con o sin violencia, se recompone el liderazgo y se reanuda la normalidad de los mercados ilegales y la expoliación a los ciudadanos y empresas. Por esa razón se ha debatido mucho la eficacia de la estrategia de la decapitación. De hecho, es una de las principales críticas que se le hicieron a la política de Felipe Calderón, fundada en parte, pero que no toma en cuenta que fue en su sexenio que se puso en práctica una nueva estrategia: desarticular por completo a una organización criminal en vez de solo detener a sus liderazgos.

Como producto de la evaluación de la mitad de sexenio, en 2009 se decidió intentar un ataque integral a Los Zetas, el cártel más violento y que más dañaba a la población civil, debido a que se dedicaban, además de al narcotráfico, a la extorsión, el cobro de piso, el secuestro, el tráfico de migrantes, etc. Para ello se tuvo que convencer a las agencias estadounidenses de que la detención de sus líderes –Heriberto Lazcano y Miguel Ángel Treviño–, aunque importante, ya no sería la prioridad, sino desarticular gradualmente sus redes operativas: la paramilitar, compuesta de células con miles de sicarios, las logísticas, financieras, etc., en las seis regiones en que estaban estructurada su organización e incluso las que operaban en Estados Unidos. Eso llevaría varios años.

Fue necesario construir un centro de fusión de inteligencia en el que participaban todas las agencias mexicanas y de E.U., que durante más de un año recabó información y generó la inteligencia para poder comenzar, en 2011, a dar los golpes operativos de manera sistemática y estratégica en todo el territorio. La caída de los líderes zetas (Lazcano fue abatido en 2011 y el Z-40, Miguel Ángel Treviño, fue detenido en 2014) se dio como consecuencia del asedio y la desarticulación integral de la organización. Una buena parte de esta historia está documentada por Sergio Aguayo y Jacobo Dayán en la investigación “Reconquistando” La Laguna: Los Zetas, el estado y la sociedad organizada, 2007-2014, publicada por El Colegio de México.

Es, hasta la fecha, el único intento serio y exitoso del Estado mexicano para derrotar por completo a una organización criminal en vez de continuar aplicando la receta tradicional de detener o abatir a sus líderes. Se demostró que, cuando se lo propone, el Estado mexicano tiene las capacidades de derrotar por completo a una poderosa organización criminal. Después de 2014 no se ha vuelto e intentar. Quizá García Harfuch tenía considerado algo, pero ahora, presionado por Estados Unidos, el Ejército se le adelantó y regresó a la estrategia de decapitar al CJNG para complacer a Trump y sus halcones.

El operativo fue exitoso, pero al mismo tiempo, igual que con el “culiacanazo” en octubre de 2019, no se acompañó de una planeación para contener la violenta reacción del cártel, que sigue intacto en sus capacidades operativas, militares y financieras. La incertidumbre sobre dónde y cuándo comenzarán los conflictos por la sucesión y por el control de los negocios, rutas y territorios tendrá en vilo al país las próximas semanas y meses. Ojalá y el gobierno tenga diseñada una estrategia preventiva, pero la descoordinación mostrada por el gabinete de seguridad el domingo pasado no es buena señal.

Abatir al Mencho es hasta ahora, sin duda alguna, el golpe más importante de este gobierno al crimen organizado. Pero nunca se vio al Gabinete de Seguridad: la Defensa sacó un comunicado y luego silencio absoluto, pese a las muchas dudas sobre lo ocurrido. La presidenta estuvo de gira en Coahuila y su única declaración fue prometer que el Gabinete de Seguridad informaría, cosa que nunca se cumplió. García Harfuch, jefe, estratega y vocero del gabinete, después de publicar una escueta felicitación el ejército, desapareció de la escena pública. No hubo una foto conjunta de los integrantes del gabinete que sugiriera que estuvieron reunidos coordinando las acciones de respuesta. La información oficial para tratar de tranquilizar a la población sobre la violenta reacción del CJNG en 20 estados del país fue lamentable, limitada a mensajes en las redes. En esencia, luego de meter un gol de antología, los perdedores trataron de incendiar el estadio y nadie dio la cara. ¿Se fracturó el gabinete de seguridad? ¿Así piensan enfrentar al nuevo panorama criminal que inauguraron? ~