Una persona ve un fotomontaje y se ríe. Otra ve el mismo fotomontaje y encamina una denuncia judicial contra la revista que lo publica. Es así como, por culpa de una broma, la justicia puede convertirse en una herramienta de censura. Esa es la situación que atraviesa Revista Barcelona, una publicación argentina dedicada al humor político, que difunde parodias y sátiras de personajes públicos y de noticias que circulan por los grandes medios. La revista se ha consolidado como uno de los medios autogestivos más importantes de Argentina, tiene una tirada que llega a todo el país y de hecho es la única revista de humor político que se edita actualmente. En numerosos casos fue el único medio que se comprometió con causas políticas: al día de hoy sigue denunciando la desaparición de Julio López, testigo clave en el juicio contra un represor de la última dictadura, que desapareció luego de dar su testimonio ante la justicia en 2006.
La causa que enfrenta Barcelona está a punto de ser tratada por la Corte Suprema de Justicia. El conflicto empezó en 2010 cuando Cecilia Pando, una militante de derecha, demandó a la revista por publicar un fotomontaje en donde se ve su cara superpuesta en el cuerpo de una modelo haciendo bondage, práctica erótica que consiste en la inmovilización por medio de ataduras. El origen de ese fotomontaje fue una manifestación en la que Pando se encadenó frente al Ministerio de Defensa de la Nación para abogar por los militares encarcelados por cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, a quienes consideró “presos políticos ilegalmente detenidos”. Lo hizo junto a quince mujeres que integran la organización que ella misma dirige, llamada Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina.
En su denuncia contra la revista, Pando afirmó que se sintió “agraviada”, ya que la sátira causó “lesión a su honra de forma pública y manifiesta”. Ese fue el puntapié para abrir una discusión sobre cuál es el límite del humor y hasta dónde llega la libertad de expresión. En Argentina, la libertad de expresión está garantizada en el artículo 13 de la Constitución Nacional. En 2009 el gobierno quitó del código penal el delito por calumnias e injurias, respondiendo así a un viejo reclamo de las organizaciones periodísticas y a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, la denuncia se hizo efectiva por medio de la justicia civil. Así, el juzgado que recibió la causa debió definir si el contenido de la revista era una calumnia o una injuria en contra de Pando o, dicho de otra manera, si su reclamo era suficiente para pasar por alto un derecho constitucional.
La primera medida que tomó la justicia, en 2010, fue retirar de la calle todos los ejemplares que contenían el fotomontaje de Pando. Luego comenzó un largo proceso judicial que en primera instancia condenó a la revista a indemnizar a Pando con una suma de 40 mil pesos argentinos (unos 2 mil 500 dólares). La revista apeló esa condena, pero el fallo de segunda instancia, dictado a fines de marzo de este año, no solo volvió a favorecer a Pando sino que elevó a 70 mil pesos (cerca de 4 mil 500 dólares) la suma que Barcelona debía pagar.
Paradójicamente, este fallo defiende la libertad de expresión, asegura que no puede haber casos de censura previa e incluso defiende la sátira a través de una cita del Premio Nobel italiano Dario Fo: “La sátira es la forma más directa de entender la verdad de las cosas, es desnudar el poder para poder leerlo mejor”. Pero igual castiga a la revista.
“Lo que hace es darnos la razón, pero con un correctivo, lo cual es medio absurdo porque al leerlo parece que está a favor de la revista, pero termina siendo en contra y encima aumenta la cantidad de dinero que tenemos que pagar”, cuenta Ingrid Beck, directora de Barcelona. Añade que, en los días posteriores a la condena, recibió mensajes de “almas caritativas” que se ofrecieron a contribuir con dinero para que la publicación no se viera forzada a cerrar. Beck asegura que, aunque se evite el cierre, el pago de la indemnización “limitaría muchísimo” el funcionamiento de Barcelona. De no haber sido apelado, el segundo fallo podría haber sido una herramienta para restringir la libertad de expresión.
“Nunca nos habíamos enfrentado a un proceso judicial hasta ahora”, sigue Beck. Afirma que la Corte aún no tiene fecha para tratar el caso y, en relación a un posible nuevo fallo en contra de la revista que dirige, sostiene que “sería un antecedente trágico para la libertad de expresión y para el ejercicio de la sátira”.
El caso Barcelona-Pando pone en jaque el derecho a la libertad de expresión y convierte a la justicia en una herramienta que puede ser utilizada por particulares contra la libertad de prensa. Pero, ¿cuál es el límite de esa libertad? ¿Hasta dónde llega el derecho de libre expresión para los medios? ¿Debe existir una limitación legal para ese derecho?
El periodista y abogado Nicolás Elgoyhen considera que la justicia no debe tener herramientas para censurar ningún tipo de contenido, y menos las publicaciones humorísticas. “Hay que distinguir las publicaciones que son humorísticas de las que son de índole periodístico informativo. En el primer caso sería absurdo por parte de la justicia ejercer un poder de policía sobre la calidad humorística de una publicación, mientras que en el segundo caso la jurisprudencia existente resulta pacífica al establecer la real malicia como límite de la libertad de prensa”, afirma Elgoyhen, por lo tanto la idea de “real malicia” no puede aplicarse en el caso deBarcelona, dada su naturaleza humorística.
Ante la pregunta sobre cuál sería la concecuencia de un nuevo fallo contra Barcelona, Elgoyhen explica: “Si el fallo de la Corte es en contra de la revista, generaría precedentes en distintas instancias judiciales en las cuales la libertad de expresión y la libertad de prensa estarían condicionadas por los eventuales perjuicios que pudiera sufrir una persona pública por sus opiniones”.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), ente que audita casos de censura en los medios, presentó un comunicado vía Twitter en el que afirmó que “los alcances del fallo contra Revista Barcelona constituyen graves condicionantes para la Libertad de Expresión”. Además, FOPEA junto a organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales se presentarán como amicus curiae ante la Corte para apoyar a la revista.
La prensa argentina asiste al caso más interesante de los últimos años en materia de libertad de expresión. Ingrid Beck concluye: “Siempre nos podemos sorprender de que la Corte falle en contra del derecho constitucional de la libertad de expresión, sería algo increíble. Pero si la justicia falla a favor nuestro se va a generar una jurisprudencia sobre el tema de la libertad de expresión que va a fortalecer ese derecho y después va a dar origen a un debate interesante”.
Después de siete años la polémica Pando-Barcelona llegará a su fin, y se dará comienzo a un nuevo contexto en el que el periodismo se desarrollará en una de dos maneras: con un derecho a la libertad de expresión fortalecido, o bajo la mira de una censura judicializada.
nació en Trelew (Argentina) en 1994. Ha colaborado en diversos medios argentinos: Diario Tiempo Argentino, Rolling Stone y Revista La Agenda entre otros. Edita Revista Jennifer, una publicación sobre arte contemporáneo argentino.
