La DEA apostรณ alto y perdiรณ. La audacia de espiar, investigar y arrestar a un general de cuatro estrellas de Mรฉxico culminรณ con una bochornosa negociaciรณn de la ley por parte de las autoridades estadounidenses y mexicanas. La justicia fue siempre secundaria. El arresto y posterior liberaciรณn del general revelan el juego polรญtico en el que las instituciones de ambos paรญses estรกn enredadas desde que iniciรณ la guerra contra las drogas. El caso, lejos de ser la excepciรณn, es la regla de ese oscuro componente de nuestra relaciรณn bilateral.
La guerra antinarcรณticos ha generado un cรบmulo de intereses en ambos lados de la frontera, y ha permitido justificar la existencia y el acceso a recursos presupuestales de las agencias involucradas en ella. De ahรญ viene el paternalismo de dependencias estadounidenses que ven en la debilidad de las mexicanas la razรณn de ser de sus operaciones extraterritoriales. Del lado mexicano, por su parte, ese intervencionismo choca con posturas soberanistas de instituciones que participan en arreglos de impunidad internos sobre los que se sustenta un modelo de gobernabilidad informal.
Por ello las relaciones de los gobiernos mexicanos con la DEA han sido histรณricamente complejas y, por momentos, tirantes. Desde que la agencia comenzรณ a tener presencia en Mรฉxico, en los aรฑos setenta, la arbitrariedad, las actividades extralegales y la lucha por el poder han generado roces diplomรกticos y una constante negociaciรณn de la justicia.
El momento mรกs รกlgido de esta complicada relaciรณn vino tras el asesinato, en 1985, del agente especial antinarcรณticos Enrique โKikiโ Camarena Salazar. Ello condujo a que las relaciones diplomรกticas cayeran a niveles mรญnimos. La DEA presionรณ para que su gobierno llevara a cabo la operaciรณn โIntercepciรณnโ en los puntos fronterizos con nuestro paรญs, endureciendo las revisiones en las aduanas. Se elevรณ, desde entonces, un tema policiaco a un nivel polรญtico.
Estas tensiones siguieron por aรฑos. En marzo de 1990, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Mรฉxico y Estados Unidos estuvieron a punto de naufragar por un incidente provocado por la DEA, que el entonces presidente Carlos Salinas colocรณ como un tema prioritario entre gobiernos. En Guadalajara, Jalisco, el mรฉdico Humberto รlvarez Machรกin fue secuestrado y trasladado en un aviรณn particular a El Paso, Texas, donde lo detuvieron las autoridades judiciales de Estados Unidos. รlvarez Machรกin estaba acusado de participar en las sesiones de tortura previas al asesinato de Kiki Camarena. La operaciรณn estuvo planeada por la DEA y en ella participaron policรญas mexicanos. El gobierno mexicano presentรณ una nota diplomรกtica y exigiรณ que รlvarez Machรกin retornara al paรญs. Asรญ lo hizo dos aรฑos despuรฉs, cuando una corte de California ordenรณ su liberaciรณn al considerar que no se habรญan presentado suficientes pruebas. El caso antes habรญa pasado por la Corte Suprema de Estados Unidos que, en una polรฉmica decisiรณn, avalรณ que el mexicano fuera juzgado aunque su arresto violara los tratados de extradiciรณn vigentes.
La Procuradurรญa General de la Repรบblica (PGR) solicitรณ, sin รฉxito, la extradiciรณn de Hรฉctor Berrรฉllez y Antonio Gรกrate, agentes de la DEA implicados en ese secuestro. En aquellas y otras investigaciones de la PGR, se dijo que los testimonios que obtenรญa la DEA eran producto de pagos de miles de dรณlares y de presiones para elaborar historias a la medida de las necesidades de la fiscalรญa. Con testigos fabricados, que con el tiempo confesaban que habรญan mentido a cambio de dinero, trataron de acusar a altos funcionarios del entonces gobierno mexicano.
La DEA habรญa establecido toda una red de colaboradores y soplones en Mรฉxico. En muchas ocasiones eran policรญas corruptos y delincuentes, con los que la DEA no tenรญa empacho en colaborar. Uno de ellos fue el comandante de la Policรญa Judicial Federal, Guillermo Gonzรกlez Calderoni, quien en 1992 logrรณ huir del paรญs, luego de que se le girรณ orden de captura por diversos delitos, entre ellos los de tortura, abuso de autoridad y enriquecimiento inexplicable. En E.U., el comandante encontrรณ el cobijo y la protecciรณn de la DEA, a pesar de la insistencia de las autoridades mexicanas para que fuera detenido y extraditado, peticiรณn que nunca fue concedida.
Tras esos tormentosos aรฑos, en 1992 se establecieron reglas para la actuaciรณn de la DEA en nuestro paรญs, entre ellas, las de informar sobre sus investigaciones, limitar el nรบmero de agentes y adscribirlos a una determinada zona. Desde entonces a la fecha, la guerra contra las drogas se ha intensificado en Mรฉxico. La presencia de las Fuerzas Armadas se ha expandido dramรกticamente y la DEA ha logrado niveles de colaboraciรณn superiores, particularmente con la Marina Armada de Mรฉxico.
No obstante, las heridas de esa รฉpoca siguen vigentes y las dinรกmicas de poder entre esa instituciรณn y el aparato de seguridad mexicano continรบan. Solo para poner en contexto la cercanรญa de aquella รฉpoca con la actual, vale recordar que, en los aรฑos posteriores al asesinato de Camarena, el fiscal general estadounidense, personaje clave en las investigaciones, era William Barr, quien actualmente ocupa el mismo cargo y negociรณ el retorno de Salvador Cienfuegos. Las vueltas de la historia.
Por todo lo anterior, y por los propios intereses creados en Mรฉxico, la captura del general Salvador Cienfuegos prendiรณ las alarmas en las รกreas donde existe conocimiento y resentimiento del actuar de las agencias norteamericanas y de la ligereza con la que son capaces de presentar acusaciones. Para las autoridades mexicanas no es una locura pensar que el arresto del general Cienfuegos, aunque pudiese estar sustentado, respondiรณ a intereses polรญticos de la DEA, particularmente el de recuperar terreno perdido ante el evidente fortalecimiento del Ejรฉrcito, en detrimento del de la Marina, durante los primeros dos aรฑos del gobierno de AMLO.
Queda claro que la agencia antinarcรณticos subestimรณ la reacciรณn del gobierno mexicano y el respaldo que encontrarรญan en Estados Unidos. El papel que juega el ejรฉrcito en el modelo de gobernabilidad de AMLO, e incluso su afinidad ideolรณgica hacia una postura soberanista, similar a la que predominaba en las รฉpocas del partido hegemรณnico, llevaron este asunto al mรกs alto nivel diplomรกtico donde, segรบn versiones periodรญsticas, se puso sobre la mesa la cooperaciรณn en la materia entre nuestros paรญses.
Hay otro factor que la DEA probablemente minimizรณ y que explicarรญa por quรฉ los Estados Unidos terminaron cediendo a las exigencias mexicanas: que hoy, en materia de seguridad bilateral, hay mรกs instituciones e intereses en juego que los de la lucha contra las drogas.
Agendas como el terrorismo, la migraciรณn y la defensa hemisfรฉrica se han profundizado y han generado nuevos espacios de interacciรณn que trascienden a la DEA. El Departamento de Seguridad Interior y el Pentรกgono tienen su propia interlocuciรณn con autoridades mexicanas. Es posible que en el arresto del general Cienfuegos no todas esas agencias estuvieran enteradas o de acuerdo. Es posible tambiรฉn que Mรฉxico aprovechara esas diferencias para encontrar aliados de ese lado de la frontera en la negociaciรณn. Para esas otras agencias, este golpe de la DEA ponรญa en riesgo sus propios intereses en Mรฉxico. Mรกxime cuando en el aparato de seguridad estadounidense las agencias compiten por poder y presupuesto, particularmente cuando se trata de su intervenciรณn en territorios extranjeros.
Se ha dicho que la DEA pidiรณ a cambio de la liberaciรณn del general que un โcapo de las drogasโ mexicano fuera arrestado y extraditado. Esto parece un intento de salvar la cara de esta agencia ante tan evidente fiasco. En todo caso, la versiรณn ha sido desmentida por el presidente Lรณpez Obrador.
En todo este enredo de poder, como ha sucedido en buena parte de esta guerra, lo que ha quedado de lado es la justicia. Si el general era culpable, difรญcilmente enfrentarรก los cargos en un Mรฉxico donde el poder militar es mรกs fuerte que nunca. Si era inocente, serรก muy complicado que limpie la mancha que la DEA ha puesto sobre รฉl.
Lo mรกs lamentable es que existe la posibilidad de que simplemente se le dรฉ la vuelta a la pรกgina de este incidente. Que, nuevamente, se pierda la oportunidad de reflexionar sobre una profunda reforma de las instituciones de seguridad y justicia en Mรฉxico; de la forma en que se relacionan los civiles y los militares; de la polรญtica de drogas y de la relaciรณn bilateral en la materia.
Tampoco sucederรก nada con la DEA tras esta pifia. De la misma forma que las instituciones mexicanas deben ser revisadas y reformadas, esta agencia tiene que ser juzgada a la luz de las arbitrariedades y los nulos resultados que ha tenido en la lucha antidrogas en el mundo. En paรญses como Mรฉxico y Colombia ha hecho y deshecho. Se ha beneficiado de sistemas institucionales dรฉbiles para justificar su permanencia y para expandir su nivel de influencia, sin hacer demasiado por resolver las causas que subyacen a esos contextos de inseguridad e ingobernabilidad.
En Mรฉxico debemos entender que esa necesaria reforma a nuestro aparato de seguridad y justicia es la verdadera salida para evitar que estos incidentes se repitan. Debemos superar el dilema entre justicia y soberanรญa. La mejor forma de protegernos de las arbitrariedades de intereses extranjeros es fortalecer nuestro propio sistema institucional, para garantizar que aquรญ se blinden a nuestras instituciones y que, cuando ese blindaje falle, sea nuestra propia justicia la que investigue y castigue.
A nadie deberรญa dejar contento lo poco que ha cambiado la dinรกmica de poder en torno a la guerra contra las drogas desde los aรฑos ochenta hasta ahora; que la DEA siga pasando por encima de reglas e instituciones para consolidar su poder y que en Mรฉxico persistan muchas de las rancias caracterรญsticas del corrupto modelo de gobernabilidad de los gobiernos priistas.
El rรฉgimen de prohibiciรณn de las drogas es el caldo de cultivo en el que este ecosistema se ha desarrollado. Es un modelo del que la DEA y las autoridades mexicanas han sacado provecho de manera institucional y, en algunas ocasiones, personal. Hoy, nuevamente, vale la pena insistir en que esa visiรณn debe ser profundamente revisada.
Politรณlogo por la UNAM. MPA en Seguridad y Resoluciรณn de Conflictos por la Universidad de Columbia.
