Durante la visita de López Obrador al estado de Chihuahua, cientos de indígenas rarámuris se manifestaron para exigir apoyos gubernamentales tras la cancelación del programa Prospera, del cual eran beneficiarios. Con pancartas donde se leían frases como “Tenemos hambre” o “Presidente no es bienvenido”, los indígenas señalaron que el 60% de su comunidad no ha recibido ninguno de los apoyos que el presidente promueve y denunciaron la falta de interés hacia la zona serrana del superdelegado de la Secretaría de Bienestar, Juan Carlos Loera. Los rarámuris recorrieron un camino de seis horas para encontrarse con el presidente y la única respuesta que recibieron llegó a través de una publicación en Twitter, en la que este se comprometió a fortalecer el programa integral de desarrollo de la sierra Tarahumara con una ampliación del programa Sembrando vida.
Los rarámuris son solo uno de tantos pueblos indígenas que se sienten excluidos en la administración lopezobradorista. Despojo de tierras, abandono, cancelación de programas y falta de atención a sus demandas son algunas de las acciones que ha emprendido un gobierno que, de manera contradictoria, no deja de recordar que “por el bien de todos, primero los pobres”.
El mismo día en que López Obrador se colocó la banda presidencial, representantes de diferentes pueblos indígenas le entregaron el bastón de mando en una ceremonia en el Zócalo. En aquella celebración, el presidente dijo: “Es una ignominia, una vergüenza que nuestros pueblos indígenas vivan, desde hace muchos años, bajo la opresión y el racismo, la pobreza y la marginación a cuestas. Por eso, todos los programas del gobierno tendrán como población preferente a los pueblos indígenas de las diversas culturas del país”. Veinte días después, el presidente dio a conocer el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas, entre cuyos ejes se encuentran el fortalecimiento de los procesos de autonomía y formas de organización propias; la mayor participación de dichos pueblos en el diseño e implementación de políticas públicas; el aprovechamiento de sus tierras, territorios y recursos naturales y la distribución equitativa de la riqueza. Parecía que la voz de los indígenas sería tomada en cuenta en la toma de decisiones, pero a diez meses del inicio de gobierno, sus quejas van en aumento, al igual que la indiferencia de las autoridades.
Dos casos ejemplares de la omisión gubernamental hacia las demandas de los indígenas están relacionados con los megaproyectos de infraestructura. Los pueblos indígenas de Tecámac han promovido varios amparos contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Contrario a lo que establece la Ley del Instituto de los Pueblos Indígenas, las autoridades no los consultaron y no hicieron estudios para calcular el impacto que tendría la obra sobre su territorio. Ahora, temen perder parte de sus terrenos, sufrir escasez de agua y contaminación ambiental, y que haya una mayor presencia de militares. El presidente ha insistido en que la construcción del aeropuerto en Santa Lucía es una situación de “interés nacional”, pero se ha olvidado por completo de los intereses de los pueblos indígenas de la zona. Similar situación enfrentan las comunidades indígenas del sur, que han emprendido campañas en contra del Tren Maya, el Corredor Transístmico y el Proyecto Integral Morelos. Las comunidades aledañas a los sitios donde se encontrarán estos proyectos los califican como neoliberales, no están de acuerdo con el programa de desarrollo de esta administración y cuestionan sus consultas a mano alzada, las cuales violan la metodología señalada en la ley. “El Istmo es nuestro, es de los ikoots, de los zapotecas, de los mixe, los chontales. Es de todos. Es por eso que tenemos que defender nuestras montañas, nuestros mares, nuestros valles, los lugares donde nos encontremos. Así debe de ser, porque esto es de nosotros”, afirmó Maritza Ochoa, habitante de San Mateo del Mar, Oaxaca y miembro de la organización comunitaria Monapakuy. La misma postura antigubernamental sostienen el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Concejo Indígena de Gobierno (CIDG). En su última asamblea realizada en septiembre, Betina Cruz Velásquez, concejala del CIDG, declaró que la transformación impulsada por López Obrador continúa con el despojo de sus tierras mientras que a los indígenas los “usan como peones”.
En 1996, representantes del gobierno de Ernesto Zedillo e integrantes del EZLN firmaron los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, un pliego de reformas constitucionales que reconocían los derechos políticos, jurídicos, sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas. Pero no entraron en vigor. En el año 2000 se hizo una reforma constitucional que reconocía de manera individual los derechos de las personas indígenas, pero dejó fuera el reconocimiento constitucional de sus comunidades y pueblos, limitando su capacidad jurídica en la toma de decisiones. Una de las promesas del actual gobierno es rescatar los puntos señalados en los Acuerdos de San Andrés y hacer una reforma constitucional que reconozca a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. De acuerdo con Elia Avendaño Villafuerte, investigadora del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, los derechos de los pueblos indígenas ya están contemplados en los tratados internacionales de derechos humanos a los que se ha sumado el gobierno mexicano, pero lo que hace falta es que el Estado “acepte que cada pueblo y comunidad indígena es sujeto de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, y a partir de ello determine cuáles serán los procedimientos para que las dependencias gubernamentales, como el INPI, interactúen con las autoridades de los pueblos y comunidades”.
No tiene ningún sentido que la Secretaría de Cultura defienda las creaciones de los pueblos originarios o que la Secretaría de Relaciones Exteriores reclame los bienes de origen prehispánico que se subastan en el extranjero, si el propio gobierno federal pone en marcha proyectos que atentan contra el bienestar de las pueblos indígenas y las deja fuera de los programas sociales. Un interés meramente cosmético en estas comunidades no hará nada para resolver sus necesidades, ni representa una diferencia con respecto a lo que ya hicieron gobiernos anteriores.
Con investigación de Karla Sánchez.
