Marruecos y España acaban de enterrar el hacha de guerra. Se cierra así la crisis que los enfrentaba, una de las más broncas y dilatadas de su historia. La semana pasada, el Palacio Real marroquí filtró una carta remitida por el presidente Pedro Sánchez. La misiva califica el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental como la solución “más seria, creíble y realista” a este conflicto que dura ya casi cinco décadas. Para España supone adentrarse en terreno inexplorado: Madrid abandona la neutralidad entre su excolonia y Rabat.
Un año atrás, en abril de 2021, el Gobierno español acogió durante 44 días en un hospital de Logroño al líder del Frente Polisario Brahim Gali, enfermo de covid. Una “burla” para Marruecos que desembocaría en la retirada de su embajadora Karima Benyaich. A pesar de la gravedad, estos hechos no son el verdadero origen de la crisis, que comenzó meses antes, cuando Rabat canceló unilateralmente una Reunión de Alto Nivel con el Gobierno español. Ese mismo día, Trump tuiteó un espaldarazo a la soberanía marroquí del Sáhara.
Ubiquémonos: España claudica ante el país africano para despachar un trance cuya autoría es marroquí. ¿A cambio de…? El qué, si lo hay, no está claro. Sí lo están en cambio los costes para la Moncloa. El primero –y no el menos grave–, alejarse de la legalidad internacional en la cuestión del Sáhara. El Frente Polisario, el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU han rechazado el plan de autonomía marroquí. Apoyándolo, España vulnera el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, una norma imperativa del derecho internacional. Todo ello en medio de denuncias de organizaciones internacionales sobre violaciones sistemáticas de derechos humanos en el Sáhara ocupado por Marruecos y la ruptura del alto al fuego entre el Polisario y Marruecos desde finales de 2020.
Con su nueva postura, España va un paso más allá de Alemania –que recientemente calificó de “importante contribución” el plan de autonomía de Marruecos– y se acerca a Francia. El veto galo en el Consejo de Seguridad de la ONU impide anualmente a la Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO) cumplir con su cometido. Por su parte, Estados Unidos ha reculado desde la toma de posesión de Biden: la Ley Presupuestaria para 2022 desagrega por primera vez al Sáhara Occidental del epígrafe consagrado a Marruecos.
El Gobierno español yerra si piensa que contar con cómplices en su vulneración de la legislación internacional mitiga el daño. Máxime cuando la Audiencia Nacional ha confirmado su condición jurídica como potencia administradora. Ser, de iure, la metrópoli, acarrea implicaciones más allá de obligar legalmente a Madrid a tomar medidas para asegurar la libre determinación de su colonia. Contrariamente a Alemania o Estados Unidos, el vínculo colonial ha hecho que España posea una sociedad civil sensibilizada y movilizada con la causa saharaui. No son pocos, por ejemplo, los españoles que acogen niños saharauis a través de proyectos como Vacaciones en Paz.
Si incluso sectores fieles a Pedro Sánchez como las bases del PSOE y el cuerpo diplomático se preguntan qué gana España en este lance, qué decir de otros actores. La derecha habla de traición –“bajada de pantalones”, en su versión más cruda–. Unidas Podemos, socio de Gobierno y muy afín a la causa saharaui, también es crítico. Lo mismo puede decirse de los nacionalistas vascos y catalanes, que inciden sutil o explícitamente en el principio de libre determinación de los pueblos.
Además, aplacar las iras de Rabat ha encendido un nuevo fuego en Argel, principal valedor internacional del Polisario. Pese a la debilidad actual de su régimen, Argelia ya ha llamado a consultas a su embajador en Madrid. Habrá que ver si continúa suministrando gas a una Europa más dependiente que nunca a tenor de la invasión rusa de Ucrania. Por lo pronto, en un intento de aplacar al país del que importa casi la mitad de su gas, Madrid ya ha repatriado a un activista argelino que se había exiliado en España.
Las relaciones internacionales son un campo de minas y quienes vencen suelen jugar sucio. Rabat lo hizo al usar la migración como arma, permitiendo el aumento de llegadas por barco a las Canarias y alentando a miles de migrantes –muchos marroquíes– a saltar la valla entre el reino alauí y los enclaves españoles de Ceuta y Melilla. El temor a la migración por su flanco sur ha quedado al desnudo como el talón de Aquiles de España, pese a su disposición a acoger refugiados ucranianos.
En el Palacio pueden darse por satisfechos: obtuvieron la cabeza de Arancha González Laya –destituida en julio– y han arrancado un cambio de posición histórico a la Moncloa. En cambio, el comportamiento español ha sido tan sorprendentemente timorato que muchos se preguntan si no hay algo que no sepamos. En última instancia, Rabat y Madrid han zanjado su querella. Pero, por el camino, Marruecos se ha sacado un máster acelerado en órdagos a España. ¿Hasta cuándo durará la disensión? Todo parece indicar que hasta que Marruecos diga.
Es doble graduado en periodismo y relaciones internacionales y máster en Estudios Árabes por la School of Foreign Service de la Universidad de Georgetown. Colabora en El Orden Mundial.
