Desde antes del estallido del conflicto en Ucrania, el estrecho de Kerch era objeto de deseo por parte de Moscú. Geopolíticamente, es un lugar clave para la salida al mar de la cuenca del Don, es una zona rica en petróleo y, además, permite el acceso al Mar Negro, algo sin lo que Rusia no podría acceder al Mediterráneo. Durante el periodo soviético el Mar de Azov se consideraba un mar interior. Pero tras la caída de la URSS, Ucrania se quedó con el control del mar y también con el de sus puertos principales. Para poder solucionar el acceso marítimo de Rusia, en el año 2003, se firmó un acuerdo bilateral entre ambos países. Los acontecimientos del Estrecho de Kersch de finales de noviembre de 2018 han vuelto a poner en la agenda internacional el conflicto entre Ucrania y Rusia. Desde entonces se han sucedido distintos episodios de tensión en esa región, pero sin mayores consecuencias, incluida la polémica por la isla de Tuzla, una suerte de Perejil a la ruso-ucraniana.
El enfrentamiento entre barcos rusos y ucranianos constituye una derivada más de la anexión de Crimea de 2014 y su difusa situación dentro del Derecho Internacional. A lo anterior se une la vigencia del acuerdo bilateral firmado entre Rusia y Ucrania en 2003, que estipula que el estrecho de Kerch y el Mar de Azov quedaría bajo la gestión conjunta de Moscú y Kiev y sería considerado como aguas interiores de los dos países. Sin embargo, la frontera entre ambos países no quedó delimitada. Además, cualquier permiso a barcos procedentes de terceros países requeriría del acuerdo conjunto entre Rusia y Ucrania, por tanto, un potencial despliegue de la OTAN estaría violando la legalidad en a la región, puesto que es poco probable que Rusia diera su permiso.
La anexión de Crimea en 2014, sin embargo, hizo que la península quedara aislada vía terrestre y que los puertos controlados por Ucrania redujeran drásticamente su actividad puesto que, desde ese momento, el tránsito marítimo dependía de la autorización rusa. La inauguración del puente en mayo de 2018 ha entorpecido todavía más el tránsito en la zona. El puente no solo es el más largo que se ha construido en los territorios de la antigua URSS, sino que además la empresa constructora es Stroygazmontazh, la mayor compañía de construcción de gaseoductos y de suministro de energía eléctrica de Rusia. Su propietario, un íntimo amigo de Putin, Arkadi Rotenberg, está considerado según Forbes como una de las personas más ricas del mundo con una fortuna de 2,5 millones de dólares y fue sancionado por EEUU tras la anexión de Crimea.
El impacto económico a la baja en los puertos de Berdyansk y Mariupol, tras la apertura del puente, se ha hecho notar rápidamente, en estos puertos. Todo lo contrario de lo que sucede en Crimea que ahora cuenta con mejores abastecimientos. Gracias a la construcción exprés del puente, Rusia ha conseguido de facto el control del estrecho.
En este contexto ha tenido lugar el, hasta ahora, choque más importante entre Ucrania y Rusia desde la firma de los Acuerdos de Minsk. La retención de un barco mercante y la posterior detención de sus marineros volvieron a poner el foco en la región del Mar Negro y en la geopolítica europea.
El presidente Poroshenko, enfrentado a un proceso electoral poco favorable a sus intereses, no ha dudado en solicitar el despliegue de las fuerzas de la OTAN en la región para frenar el impulso expansionista ruso y, de paso, reforzar su imagen y apoyo en Ucrania de cara a las elecciones presidenciales del mes de marzo.
Por su parte, la UE, ensimismada en el proceso del Brexit, había olvidado lo que quedó inacabado en 2014 y ahora, cuando la tensión se ha recrudecido, se encuentra desconcertada y perdida. La tibieza de las respuestas institucionales comunitarias así lo demuestra, la tardía declaración de la Alta Representante, Mogherini, “los sucesos en el mar de Azov son inadmisibles”, el silencio de Juncker, o la mano dura de Tusk que pide un incremento de las sanciones económicas… ¡de cara a la renovación de estas en junio de 2019!
Alemania, a través de la canciller Merkel, ha vuelto a tomar las riendas en la mediación del conflicto junto con su ministro de Asuntos Exteriores, Maas, a través del formato de Normandía y, con ellas el liderazgo de la Política Exterior Europea. Este último, sin restar responsabilidad a Moscú, ha apelado de manera significativa a la negociación y el diálogo entre ambos actores, introduciendo un sutil cambio en las declaraciones emitidas hasta la fecha que hacían recaer la responsabilidad solo sobre una de las partes. Esta modificación discursiva ha estado acompañada por una tajante negativa en relación con el despliegue de la OTAN cortando de raíz cualquier intento por parte de Kiev de internacionalización y recrudecimiento del conflicto.
Cualquier despliegue militar que se llevara a cabo en el Mar de Azov plantearía un escenario que Europa intenta evitar a toda costa, pero que se ha estado larvando a sus espaldas durante los últimos tiempos. El aumento de la presencia naval de la OTAN en el Mar Negro se ha incrementado durante el año 2018 un 50% respecto de 2017, en número de días, pasando de 80 a 120, meses antes de la crisis del estrecho, lo que podría hacer pensar en la “previsilidad” de los estrategas atlánticos en relación a la intensificación del conflicto. Y todo esto coincide con el debate abierto en otoño sobre la posibilidad de creación de un ejército europeo que otorgara a los Estados Miembros mayor autonomía en relación a la OTAN.
Además de las implicaciones que para la seguridad europea podría tener un repunte del conflicto en un momento de alta tensión institucional y en un año electoral, es imprescindible tener en cuenta la complicada situación en la que se encuentra Bruselas. De un lado, EEUU, Polonia, Suecia y los Bálticos azuzan por una mayor implicación en el conflicto y para generar un escenario de Nueva Guerra Fría. Por otro, Putin saca pecho sobre la capacidad armamentística rusa. Sin duda, ante esta situación, es de agradecer que Alemania haya introducido un poco de sensatez frente a aquellos que disfrutan planeando un escenario de máxima tensión en el que no tenga cabida la multilateralidad.
Es profesora de ciencia política e investigadora adscrita al ICEI-UCM.
