La teoría convencional sostiene que un demagogo es un tirano en potencia, porque tendrá que imponer un control político autoritario y aun violento una vez que sus gobernados se den cuenta de la vacuidad de las promesas que lo llevaron al poder.
La premisa central de esta teoría es que los ciudadanos tienen la voluntad de allegarse información y llamar a cuentas a sus gobernantes. Sin embargo, el ascenso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y su desempeño en el cargo han puesto en cuestión este supuesto. Pareciera que un tercio del electorado estadounidense, el 35% de los encuestados que en poco más de un año de sondeos de opinión no deja de expresar su aprobación al presidente, ha decidido, sin coerción alguna, vacunarse contra la realidad.
Lo importante a destacar aquí es cómo esa capacidad de creer lo que sea, entre muchos seguidores de Trump, se traduce en una renuncia voluntaria a pedirle cuentas por sus promesas de campaña y en un cheque en blanco para el presidente. Trump no se ha tardado en emplear esta credulidad para su beneficio. Por ejemplo, hace unos días el sitio web Politifact reportó que el “muro” que la Casa Blanca anunció que empezó a construir en la frontera es en realidad una serie de reparaciones a una reja existente levantada por la administración de Obama. Trump sabe muy bien que la gran mayoría de sus simpatizantes nunca ha estado ni estará cerca de la frontera y para ellos bastará la foto de un muro cualquiera para dar por bueno el cumplimiento de una de las principales promesas de campaña.
En México, siempre vamos unos años atrás de los Estados Unidos, en este caso para bien. Entre nosotros aún no se ha producido el colapso casi total del debate público como instrumento para contrastar ideas y dilucidar la realidad. Pero ya hay señales de una apuesta demagógica a nuestra credulidad, y un ejemplo de ellos son las promesas de Andrés Manuel López Obrador para combatir la corrupción.
A diferencia de la crisis migratoria y la catástrofe económica que Trump inventó para luego reclamar el crédito por la ausencia de ambos fenómenos, la situación de corrupción generalizada y dispendio de los funcionarios públicos es real y bien documentada. La organización Transparencia Internacional nos ubica como el país con la mayor percepción de corrupción en América Latina y la lista de escándalos de la actual administración es demasiado larga para intentar siquiera resumirla aquí.
En este contexto, resulta siempre intrigante la insistencia de López Obrador en recurrir a datos apócrifos, diagnósticos pobremente sustentados y propuestas superficiales para enfrentar este problema. Por ejemplo, la afirmación de que, según el Banco Mundial, la corrupción le cuesta a México el 9% del PIB, ha sido desmentida por la propia institución aludida. Sin embargo, López Obrador no deja de repetir la cifra apócrifa en sus discursos de campaña.
Esta insistencia en un dato desmentido es particularmente problemática porque en ella se basa el propósito de López Obrador de utilizar el combate a la corrupción como el pilar principal de su política económica. El 9% del PIB, recuperado de los bolsillos de los corruptos para el desarrollo nacional, bastaría con creces para financiar el ambicioso programa social y de crecimiento económico que propone el candidato de Morena. Pero ¿qué pasaría si las cuentas no cuadran? ¿De dónde va a salir el dinero?
Esos fondos para financiar el programa social tampoco van a salir de los ahorros en el gasto de los funcionarios públicos, por la simple y sencilla razón de que, por más indignantes que sean, las pensiones a los expresidentes y el gasto que representa el avión presidencial, por ejemplo, son realmente minúsculos comparados con la magnitud de los retos presupuestales de toda política social.
Aclaremos. Es una tarea fundamental ahorrar y hacer eficiente el ejercicio del gasto público, pero ello, en sí mismo, no constituye una política de desarrollo social. Queda claro que el combate a la corrupción es un imperativo nacional; más aún en estos tiempos aciagos. Pero las iniciativas anticorrupción pueden ser buenas, malas o francamente demagógicas.
Esto es lo que quedó claro con el intercambio entre López Obrador y la periodista Adriana Pérez Cañedo sobre las complicaciones de volar en avión comercial para cumplir con los compromisos de la Presidencia de la República. Es muy interesante ver el video completo. “Pues no llegué” no es solo la respuesta fácil ante la posibilidad de no poder asistir a una reunión internacional a causa de los retrasos de una aerolínea; tampoco es solo una muestra del poco aprecio del candidato de Morena a la política exterior, algo muy notorio desde su primera campaña presidencial en 2006. Es, ante todo, una expresión de la frustración del candidato ante la exhibición de su demagogia.
Frente al uso ofensivo de los recursos públicos para fines personales, López Obrador responde no con planteamientos de transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos, sino con su intención de viajar en el carruaje de Juárez. No le basta con destacar su modesto modo de vida, sino que insiste en presentarse como un fraile mendicante. Y se impacienta y se molesta cuando se le exhibe en la exageración, precisamente porque al hacerlo se desnuda la vacuidad de su propuesta anticorrupción.
Adriana Pérez Cañedo representa a todos los periodistas y ciudadanos en general que no vacilarán en presentarle a López Obrador, y el resto de los candidatos, la realidad en la cara. ¿Pero qué harán los seguidores de Morena ante la evidencia de que el combate a la corrupción y el financiamiento de la política social requieren más que llamados morales y planteamientos demagógicos? ¿Levantarán la voz, ejercerán la crítica o repetirán la versión oficial de que la corrupción ya se acabó mientras le entregan la mordida de siempre al funcionario público?
Politólogo, egresado de la UNAM y de la New School for Social Research.
