El Estado de las Autonomías ha sido objeto de discusión desde que se aprobó la Constitución del 78. Que el territorial sería un asunto espinoso quedó claro desde el famoso Título VIII que debía abordar su organización: hubo de dejarse abierto para salvar un consenso que hoy recordamos como mito fundacional de la democracia. Más de cuatro décadas después, en España seguimos sin abordar la cuestión competencial por las mismas razones: no parece posible el gran acuerdo, con la notable diferencia de que ya no hay consenso que salvar ni transición por acometer.
El conflicto territorial se ha manifestado tradicionalmente como una relación de tensión y mutua dependencia entre el poder central y el nacionalismo periférico. Durante los años del bipartidismo, PP y PSOE se apoyaron en partidos de ámbito regional para completar la suma de gobierno, y en esas negociaciones se transaccionaron apoyos por ventajas económicas o ampliación de facultades.
Tras la quiebra del bipartidismo irrumpieron dos nuevas formaciones con ópticas opuestas sobre la política territorial. Si Ciudadanos nació con la vocación de contrarrestar la hegemonía nacionalista en Cataluña, Podemos buscó en la periferia un aliado en su estrategia de erosión del “régimen del 78”. Así, a la contestación del nacionalismo al marco autonómico se sumó una voz de ámbito nacional que enarbolaba un discurso de la plurinacionalidad, un modelo organizativo de estructura confederal y un proceso constituyente que se fraguara bajo un nuevo pacto que excluyera a la derecha.
Hasta ese momento, el consenso autonómico había sido desafiado con propuestas de mayor autonomía regional. Sin embargo, no tardaríamos en ver la reacción a esa tendencia con el ascenso de Vox, que ha predicado la recentralización de competencias, llamando a “acabar con el lastre de las autonomías”. El discurso ha hecho alguna fortuna al calor de un rechazo creciente a ciertas políticas nacionalistas: la inmersión lingüística en la escuela, las barreras en el acceso a la educación superior y la función pública por razón de lengua, o la quiebra de la unidad nacional de mercado son algunos ejemplos.
No obstante, el malestar desborda las actuaciones concretas de los gobiernos regionales y apunta al propio diseño del modelo. La descentralización sanitaria ha dado lugar a algunas incomodidades para los pacientes que han de desplazarse de una región a otra, y la falta de coordinación de los sistemas de recogida de datos e información de las CCAA se hizo patente con ocasión de la pandemia. También durante la implantación de un Ingreso Mínimo Vital que llega a los beneficiarios tarde, con dificultad y en conflicto con las rentas mínimas de inserción que habían desarrollado los territorios.
La crisis de la covid ha catalizado, además, el choque de los ejecutivos central y autonómicos. La centralización de la respuesta sanitaria en la primera ola dio paso a la llamada cogobernanza en lo sucesivo, una estrategia del Gobierno que podría interpretarse como socialización de responsabilidades ante la onerosa carga de gestionar un panorama funesto. Sin embargo, la cogobernanza tuvo el efecto no buscado de afilar el perfil de los gobiernos autonómicos y les dio la oportunidad de diferenciarse con políticas propias.
Con un parlamento desprovisto de sus habituales facultades de fiscalización por razón del estado de alarma, la verdadera oposición se ejerció desde el nivel autonómico, con protagonismo destacado de Isabel Díaz Ayuso. Desde la Puerta del Sol, la presidenta regional ha remarcado la autonomía madrileña predicando libertad económica y políticas fiscales a la baja, no sin reproche: la han acusado de hacer “dumping fiscal” y hasta de liderar un “procés invisible”. El hecho político ha venido de la mano de un fenómeno social: la emergencia de una idiosincrasia madrileña, fundada sobre la idea de libertad y sobre la negación misma de lo identitario. Pero basta repetir un número crítico de veces que “Madrid no tiene identidad” para que tal afirmación cobre estatus identitario.
La elevación de los perfiles regionales ha dado lugar a dos posturas divergentes dentro del bloque de la derecha con respecto a la política territorial. Mientras Vox, la derecha más escorada y sin poder ejecutivo, sostiene un discurso de hostilidad hacia el Estado autonómico, la derecha moderada que preside gobiernos regionales ha comprendido que esas plazas de poder son una trinchera sobre la que replegarse mientras continúa la hegemonía socialista en Moncloa, y desde la que lanzar el contraataque que le permita recuperar el Gobierno central. Así las cosas, hoy vemos al PP más autonomista, casi confederal, de las últimas décadas.
Esa postura nace de la lectura de una oportunidad, pero también de una conciencia de debilidad, interna y externa. Desde el punto de vista interno, porque el de Casado es un liderazgo contestado, desdibujado en un Congreso acallado por la pandemia, y eclipsado por otras figuras del partido con mando regional. Y desde el punto de vista externo, porque la vuelta a Moncloa en el corto plazo sigue siendo incierta.
Esta situación de inferioridad ha alimentado la estrategia de enrocamiento autonómico de la derecha, que tiene, además, consecuencias en el plano de los valores. Quizá la más evidente de ellas sea la erosión del concepto de Estado-nación. Históricamente los nacionalistas periféricos se han esforzado en deslindar las nociones de Estado y nación para afirmar la diferencia de la identidad propia dentro del marco legal que representa el Estado. Así, Euskadi o Cataluña serían las naciones a las que deben sus afectos, y España solo el edificio jurídico y coercitivo que las contiene.
Sin embargo, ahora también asoma una derecha dispuesta a escindir nación y Estado para salvar ciertas disonancias entre sus preferencias reveladas y su idea del patriotismo. Por ejemplo, una presión fiscal baja y una redistribución menor serían así políticas que nada tienen que ver con la nación, sino con el Estado. Pero, ¿acaso no es la nación una comunidad de solidaridad? Del mismo modo, el rechazo al gobierno de Sánchez ha alentado en alguna derecha la desinversión emocional o el desentendimiento de los asuntos comunes, que se justifica como un alejamiento del Estado y no de lo nacional. Pero, de nuevo, ¿se puede entregar al adversario el Estado sin rendir con él la idea de España?
Hay una derecha regional que ha pasado de denunciar las desigualdades del Estado de las Autonomías a explotarlas en beneficio propio. ¿Un salario mínimo autonómico? ¿Federalismo fiscal? ¿Más impuestos propios? Son debates que ayer se planteaban desde la periferia y la izquierda plurinacional, y que hoy bien podría pactar la derecha.
Pero no es la única moraleja que han dejado los años de cesiones al nacionalismo. También la filosofía del “qué hay de lo mío” se abraza y se replica ahora en otros territorios. Puede observarse con interés en el florecimiento de formaciones localistas que hacen fortuna electoral como conseguidores, en provincias cuyos habitantes se sienten históricamente abandonados por los gobiernos de PP y PSOE. La última en llegar al Congreso ha sido Teruel Existe, pero a buen seguro vendrán otras: de Aragón a Extremadura, pasando por las dos Castillas, hay una España interior desatendida en términos de representación e inversiones.
El siguiente paso será que alguien se decida a mancomunar esos malestares bajo una plataforma política común, como apunté aquí hace unos meses. Las últimas noticias sugieren que será pronto. El fenómeno plantea dudas y alguna preocupación: ¿Qué lección debemos extraer de que en la sede de la soberanía nacional haya cada vez más partidos cuya vocación de representación incluya solo a una porción de España? ¿Qué efectos disolventes puede tener sobre la idea nacional trocear la soberanía? ¿Y qué nos dice esto de cómo está funcionando el Senado, al que la Constitución nombra Cámara territorial?
En fin, que la soberanía es una idea en disputa resulta evidente más allá de Cataluña, donde Gobierno y nacionalistas negocian en una mesa de partidos extraparlamentaria; y en Euskadi, donde el lehendakari Urkullu acaba de plantear la derogación de la abolición de los fueros para “retornar a la soberanía anterior a 1839”. Como en el caso de Cataluña, en la práctica, se trata de un arreglo de carácter confederal para garantizar el trato bilateral entre el Gobierno central y la “nación foral”.
Más de cuatro décadas después de que se aprobara la Constitución del 78, no solo se han enquistado y agravado los conflictos territoriales preexistentes; también han aparecido nuevas tensiones que se extienden a izquierda y derecha del eje ideológico, y a todo el mapa territorial. Una pregunta inquietante planea la política española, y no se adivina quién pueda darle una respuesta que postergue el interés electoral más inmediato para buscar una solución de país: ¿Qué hacemos con el Estado de las Autonomías?
Aurora Nacarino-Brabo (Madrid, 1987) ha trabajado como periodista, politóloga y editora. Es diputada del Partido Popular desde julio de 2023.
