El pasado 15 de febrero, el día en que se cumplían sesenta años de la muerte de Camilo Torres Restrepo, la capilla Cristo Maestro de la Universidad Nacional de Colombia se llenó de gente para una ceremonia que, en principio, debía tener algo de cierre histórico. Se iba a celebrar una misa e inaugurar un osario donde reposarían –ahora sí de manera definitiva– los restos del sacerdote, sociólogo y guerrillero que, en 1966, cayó en un combate como miembro del Ejército de Liberación Nacional. Durante seis décadas su cadáver había sido, literalmente, un cuerpo en la zona fantasma: un secreto militar, una reliquia política, una ausencia obstinada en la memoria colombiana.

Pero la escena no ocurrió como estaba prevista. El día anterior, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que aún no podía certificar de manera definitiva la identidad de los restos. Sin esa confirmación, los huesos no podían depositarse en la urna preparada para recibirlos. La ceremonia se celebró de todos modos, pero el nicho quedó vacío. En lugar del osario con los despojos, se colocó una imagen del sacerdote y algunos objetos simbólicos. El episodio, que perfectamente podría ser parte de una novela al estilo de Santa Evita, de Tomás Eloy Martínez, sumó un nuevo capítulo a la larga historia del cuerpo extraviado de Camilo Torres.

Para entender el significado de esa escena conviene retroceder sesenta años. En 1965, tras meses de tensiones con la jerarquía eclesiástica –en particular con el cardenal Luis Concha Córdoba–, Camilo Torres abandonó el sacerdocio activo y decidió incorporarse al recién creado ELN. No era una decisión improvisada. Torres había sido uno de los sociólogos más prometedores de su generación: formado en Lovaina, profesor universitario y cofundador del primer departamento de sociología del país. Desde comienzos de los años sesenta se había convertido en una figura pública gracias a su propuesta del “amor eficaz”: la idea de que la caridad cristiana debía traducirse en transformaciones estructurales de la sociedad. Para él, la política –y eventualmente la revolución– era una extensión lógica de la ética cristiana.

Su paso por la insurgencia fue brevísimo. El 15 de febrero de 1966 murió en un enfrentamiento con el Ejército en la región de Patio Cemento, en el departamento de Santander. Era su primer combate; tenía apenas treinta y siete años. El Ejército recuperó el cadáver, pero nunca lo entregó a la familia. Durante décadas circularon versiones contradictorias: que había sido enterrado en secreto, que el cuerpo se había trasladado varias veces, que había sido ocultado deliberadamente para evitar que se convirtiera en objeto de culto político.

El general Álvaro Valencia Tovar, quien dirigió la operación militar en la que murió Torres, sostuvo en toda suerte de tribunas que el cuerpo había sido entregado a su hermano, Fernando Torres Restrepo. Con el tiempo, sin embargo, las investigaciones demostrarían que esa versión era falsa o, en el mejor de los casos, incompleta. Más de medio siglo después, el paradero real de los restos seguía envuelto en la incertidumbre.

La indagación reciente –impulsada por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, creada tras el acuerdo de paz con las FARC– tuvo algo de pesquisa de detectives. Testimonios olvidados, registros militares, archivos parroquiales y la memoria de antiguos sepultureros fueron reconstruyendo el recorrido clandestino del cadáver. Finalmente apareció una pista en el cementerio de Bucaramanga: una bóveda sin nombre donde, según indicios forenses, podría haber sido depositado el cuerpo décadas atrás.

El hallazgo reactivó una vieja pregunta: ¿qué hacer con el cuerpo de Camilo Torres? Para algunos, se trata de un mártir cristiano y político; para otros, de un símbolo incómodo de la radicalización de los años sesenta; para muchos más, simplemente de una figura histórica cuya trayectoria resume los dilemas de América Latina en plena Guerra Fría.

Nada más por eso habría que desconfiar del propósito –impulsado por el sacerdote Javier Giraldo Moreno– de convertir a Torres en reliquia o en huesos santos. Mucho más fértil sería volver a leer lo mucho que escribió a lo largo de su vida y preguntarse qué queda en pie de su pensamiento, qué aspectos siguen siendo discutibles y cuáles conservan todavía alguna capacidad de interpelarnos. Pero, sobre todo, el episodio debería servir para tomar conciencia de un hecho que no solo ha marcado sino que continúa gravitando sobre la historia del país.

En Colombia abundan los muertos sin tumba. Incluso podría decirse que el cadáver sin sepultura constituye aquí una categoría política. Escribo “Colombia”, aunque el diagnóstico podría extenderse sin dificultad a buena parte de América Latina. La situación tiene consecuencias devastadoras para las familias que no pueden enterrar a uno de los suyos y quedan suspendidas en una incertidumbre interminable. Pero sus efectos no se limitan al ámbito privado: también erosionan la conciencia colectiva.

El temor a la ausencia de una sepultura ritual no es un miedo físico; es, literalmente, un pavor metafísico. En casi todas las mitologías y cosmogonías, el funeral actúa como la llave simbólica que permite el tránsito del alma desde el mundo de los vivos al de los antepasados. Sin ese rito, el individuo queda suspendido en una marginalidad eterna: se convierte en una presencia liminal que no pertenece ni al aquí ni al allá, condenada a vagar –si se quiere emplear el vocabulario cristiano– en una suerte de purgatorio.

De ahí que los muertos sin sepultura se conviertan en espectros o en lo que el artista José Alejandro Restrepo llama “cadáveres indisciplinados”. No descansan en paz: vagan como presencias errantes que regresan una y otra vez a reclamar el lugar que les fue negado.

No sorprende que ya desde muy joven Gabriel García Márquez declarara su admiración por las obras teatrales de Sófocles, y en particular por Antígona. Después de todo, Antígona encarna la lealtad familiar y el respeto por los ritos funerarios: la convicción de que existen deberes éticos elementales que ningún poder político puede abolir. Su decisión de enterrar a su hermano Polinices, pese a la prohibición del rey Creonte, no es un simple acto de rebeldía, sino la afirmación de que la dignidad humana y los vínculos de sangre no pueden ser anulados por decreto.

Esa preocupación atraviesa buena parte de la cultura colombiana. El periodismo y las artes del país suelen adquirir, con frecuencia, un tono espectral. De un modo u otro, están poblados por presencias que no terminan de desaparecer, por figuras que regresan desde la muerte para reclamar una sepultura, un nombre o un relato. Como si la cultura colombiana estuviera obligada a dialogar permanentemente con esos muertos que la historia aún no ha logrado poner en su lugar.

En ese contexto se entiende que los esfuerzos por exhumar, identificar y darles un lugar definitivo de reposo a tantos cuerpos extraviados –o desaparecidos–, como el de Camilo Torres, no sean simples ejercicios forenses. Son, sobre todo, actos de reparación ontológica: intentos de devolver a los muertos aquello que la violencia les arrebató, empezando por su nombre.

Cuando no se puede sepultar algo –o a alguien– la vida se desordena. Las personas y las comunidades pierden su punto de anclaje. Un muerto sin sepultura es una historia interrumpida, una biografía que queda suspendida en el aire sin encontrar nunca su lugar en la memoria común. No es casual que en muchos pueblos de Colombia –y, de nuevo, de América Latina– el cementerio funcione como una suerte de archivo material de la historia colectiva: allí reposan los apellidos, los linajes, las trayectorias familiares. Allí se conserva el hilo que enlaza el pasado con el presente.

Pero la ausencia de la tumba tiene además otra consecuencia: facilita la negación. Si no hay restos, no hay prueba; si no hay prueba, la discusión se disuelve en sospechas y la justicia pierde consistencia. Los países quedan entonces atrapados en una conversación circular en la que cada cual sostiene su versión porque no hay nada firme sobre lo cual levantar un acuerdo mínimo. En ese vacío prosperan la impunidad, la manipulación política y la repetición de la violencia.

La sepultura, en ese sentido, es mucho más que un acto piadoso. Enterrar a los muertos es una de las formas más antiguas de proteger la estabilidad de los vivos. Los ritos funerarios no solo reconocen la dignidad de quien ha muerto: también permiten que los vivos continúen con sus vidas sin quedar atrapados en una deuda interminable con el pasado. Cuando la tumba falta, el duelo no se cierra y la historia queda entregada a una inquietud sin término. Negar la sepultura equivale, sin excepción, a vivir en medio de tumbas sin sosiego.

Desde esa perspectiva, el caso de Camilo Torres importa menos por el misterio histórico que parece rodearlo que por lo que revela sobre el país que somos. Su cuerpo –buscado, perdido, disputado, recuperado y nuevamente puesto en duda– condensa la dificultad que ha tenido Colombia para cerrar sus propios duelos.

¿Hará falta recordar el efecto deletéreo que produce, en la conciencia individual y colectiva, vivir rodeados de muertos sin sepultura? Los cadáveres que no se entierran reaparecen una y otra vez: en investigaciones judiciales, en fosas que se abren, en ceremonias que no terminan de cumplirse. Mientras les neguemos un lugar digno de reposo, ellos mismos se encargarán de no dejarnos vivir en paz. ~