La Secretaría de Gobernación (SEGOB) es la responsable de“contribuir a la gobernabilidad democrática y el desarrollo político de México a través de una buena relación del Gobierno Federal, los poderes de la Unión y los demás niveles de gobierno para garantizar la seguridad nacional, la convivencia armónica y el bienestar de los mexicanos en un Estado de Derecho[1]”. Sin embargo, la SEGOB que recibe Enrique Peña Nieto es muy distinta a la que recibió Vicente Fox de manos del PRI en el año 2000. El saldo doce años después, no me parece positivo.
A continuación analizaré tres elementos que me parecen los más relevantes de esta secretaría:
1. Seguridad
En 1999, Ernesto Zedillo creó la Policía Federal Preventiva (PFP), dependiente de la SEGOB. La intención era combatir la superposición de funciones de varios cuerpos policiacos y la corrupción de la Policía Judicial que dependía de la Procuraduría General de la República (PGR). La PFP incorporó la Policía Federal de Caminos, la Dirección de Protección del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la policía fiscal, la migratoria y elementos de las fuerzas armadas. Antes de esta reforma había demasiados cuerpos policiacos que dependían de diferentes secretarías, lo que generaba desorden y corrupción. Benítez Manaut, experto en temas de seguridad e inteligencia, apunta que en esa estructura la seguridad interna dependía de la SEGOB y del presidente de la República, lo que fortalecía el presidencialismo y el uso político de la fuerza, en detrimento de la especialización en la materia. Durante muchos años, afirma, “se confundió la seguridad nacional con la seguridad política interna y la gobernabilidad”[2], haciendo que los sistemas de seguridad más que velar por los intereses y la defensa del Estado, velaran por la defensa y permanencia del régimen político y, por supuesto, del gobierno.
Tras la alternancia, el panismo parecía tener una meta muy clara: había que acabar con el autoritarismo del pasado, y una manera de hacerlo era quitándole a la SEGOB las tareas en materia de seguridad. Así fue como Vicente Fox formó una supersecretaría denominada “Comisión de Orden y Respeto” para coordinar intersecretarialmente las tareas de seguridad. Mediante acuerdo presidencial, el 8 de enero de 2001, se creó la figura del Consejero Presidencial de Seguridad Nacional, que dependía de la presidencia de la República. Con este decreto, el secretario de Gobernación perdía poder y el Presidente ganaba un asesor y apoyo técnico en temas de seguridad nacional para poder tomar decisiones en la materia.
En esta supersecretaría, encabezada por Adolfo Aguilar Zínzer, el titular de la SEGOBera solo un invitado, al mismo nivel que cualquier otro. Quienes conformaban oficialmente la Comisión eran los titulares de la Secretaría de Defensa, Marina, la Contraloría, la PGR y la recién creada Secretaría de Seguridad Pública, a cuyo mando pasó la Policía Federal Preventiva. Con esta decisión también se eliminó al Gabinete de Seguridad Nacional que había sido creado en 1997 por Zedillo, pero dos años después Vicente Fox decidió restablecerlo.
Como parte del desmantelamiento de la SEGOB, Felipe Calderón fortaleció la Secretaría de Seguridad Pública durante su sexenio (atribuyéndole los sistemas de seguridad e inteligencia que antes estaban en manos de la Secretaría de Gobernación). Esto generó una ríspida relación entre PGR, SSP y presidencia de la República, que duró prácticamente todo el sexenio.
2. Otras tareas dependientes
La estructura de la Secretaría de Gobernación se conforma de diversos organismos desconcentrados y descentralizados, dependiendo de su autonomía legal y presupuestal. Con el triunfo del PAN, organismos como el CISEN, el Instituto Nacional de Migración (INM) y el Archivo General de la Nación se mantuvieron igual; otros, como el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) se modificaron para ampliar sus facultades, y otros más simplemente desaparecieron.
En este sentido, hay dos temas que me interesa rescatar de estos dos sexenios panistas y que fueron impulsados desde esta Secretaría. El primero es la importante transformación que se hizo en enero de 2001 de la Comisión General de la Mujer (dependiente de la SEGOB, sin presupuesto propio ni poder de decisión) en el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión.
El segundo es el del combate a la discriminación y la creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), creado también en el sexenio de Vicente Fox y encabezado por el incansable Gilberto Rincón Gallardo. En el sexenio de Calderón, a pesar del grave error de haber nombrado al inicio de su sexenio a Perla Bustamante, una medallista paralímpica sin conocimiento del tema, logró recapitular y elegir a Ricardo Antonio Bucio Mújica, un experto en el tema de derechos humanos que dirige el Consejo desde 2009.
Entre los grandes pendientes con enormes áreas de oportunidad, está el del Instituto Nacional de Migración (INM). Como ejemplo de su lamentable desempeño está el asesinato de los 72 migrantes en Tamaulipas en agosto de 2010. El Informe especial de 2011 sobre secuestro de migrantes realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) evidencia las fallas y omisiones de la SEGOB y el INM, y hace una serie de recomendaciones que contemplan: capacitación de su personal, fortalecer la presencia del instituto en zonas de riesgo, castigar a funcionarios involucrados en delitos, implementar mecanismos de vinculación con PGR, de atención a víctimas, etcétera.
Si bien la creación del IFAI y la Secretaría de la Función Pública son logros de las administraciones panistas, lo cierto es que en materia de transparencia, la SEGOB dejó mucho que desear en su proceso de apertura y acceso a la información. No se olvidan los acuerdos de Vicente Fox y Marta Sahagún para renovar las concesiones de las televisoras, ni que una semana antes de dejar el cargo de secretario de Gobernación para pelear por la candidatura presidencial, Santiago Creel repartió permisos para 266 casinos.
En tres auditorías de desempeño que la Auditoría Superior de la Federación hizo a Gobernación en 2009 y 2010: al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sobre tratados internacionales en materia de derechos humanos y la que se realizó sobre la supervisión de permisos para la operación de casas de juego, la salió reprobada. Todavíaestán pendientes los resultados de las auditorías de 2011.
Finalmente, el retraso para implementar el nuevo sistema de justicia penal que comenzó en 2008 y debe concluir en 2016 es preocupante y si a eso sumamos el crítico momento por el que pasa nuestro sistema penitenciario (en el que al menos 60% de las cárceles se rigen bajo un autogobierno) queda de manifiesto la displicencia de la SEGOB, a quien corresponde encabezar la implementación de esta reforma, desde la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.
3. Gobernabilidad
A finales de 2005, Gabriel Zaid escribió:
“Hay avances importantes en el sexenio, pero se quedan cortos ante las decepciones. ¿Quiénes son los principales responsables? En primer lugar, Vicente Fox. Respondió al deseo de milagros con promesas a diestra y a siniestra, como si bastara con buenas intenciones. No se dio cuenta de que para gobernar el país tenía que gobernar su gabinete, empezando por gobernar Los Pinos. Empezando por gobernar sus palabras y sus actos simbólicos. Empezando por gobernar los nombramientos”.
Y esa parece haber sido el talón de Aquiles de todo el panismo. En los pasillos, en las pláticas de café y en las sobremesas es común escuchar que a los panistas les faltó “hacer política”, “saber gobernar”. Faltó oficio político. Cuando Fox llegó al poder el EZLN seguía ahí, y el movimiento no se “apagó” por los buenos oficios[3] de su gobierno, sino por decisión del Ejército Zapatista. Ahí están también ejemplos como Atenco y el frustrado aeropuerto y la multicacareada Reforma del Estado. Para muestra de lo lento que se avanzó sobre el tema, solo basta ver que las discusiones de hace diez años sobre iniciativa popular, referéndum y reelección legislativa siguen vigentes[4].
Quedan para el anecdotario casos en los que la SEGOB se usó como instrumento del partido en el gobierno (Fox y el desafuero de López Obrador, el “michoacanzo” de Felipe Calderón). Queda también para el recuerdo la testificación honoraria del, en ese entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en el pacto partidista que hicieran PRI y PAN para que este último no fuera en alianza con el PRD en la elección del Estado de México.
En su último informe de gobierno Zedillo dijo: “Estoy absolutamente convencido de que una consecuencia del nuevo pluralismo democrático y de la alternancia en el gobierno como posibilidad efectiva, debiera ser una construcción menos lenta y sinuosa que hasta ahora, de los acuerdos políticos indispensables para continuar la transformación de nuestro país”. Han pasado doce años y el saldo es poco oficio político, magros acuerdos y consensos enjutos.
Tal vez lo que faltó fue experiencia. Los perfiles de los siete secretarios de Gobernación de los años panistas dejan mucho que desear. Para la selección de varios de ellos parecen haberse privilegiado más las “virtudes” partidistas que las capacidades profesionales, y en dos casos específicos (Mouriño y Blake) el criterio de selección privilegió la lealtad para con el Presidente por encima de las necesidades del puesto y del país.
Enrique Peña Nieto recibe una SEGOB disminuida que espera fortalecer con la reforma institucional que propuso ante el Congreso. Miguel Ángel Osorio Chong como nuevo titular de la SEGOB tiene el reto de hacer política y gobernar. Ya hay un antecedente alentador con el Pacto por México firmado por Cristina Díaz (PRI), Gustavo Madero (PAN) y Jesús Zambrano (PRD), todos dirigentes nacionales de sus partidos, y Enrique Peña Nieto el pasado 2 de diciembre. A diferencia del Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional al que convocó Fox hace once años, el Pacto por México tiene fechas, plazos y responsables. Se abre una oportunidad única para negociar, construir y, por fin, hacer política.
[1]Artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
[2]Benítez Manaut, Raúl. Seguridad nacional y transición política, 1994-2000. Foro internacional: México, D.F: COLMEX, Centro de Estudios Internacionales: v. 41, no. 4 (166) (oct.-dic. 2001), p. 984.
[3]No olvidemos que Fox envió una iniciativa de ley para reformar la Constitución en temas indígenas, incorporando los acuerdos de San Andrés, que no defendió en el Congreso. Por el contrario, terminó celebrando la aprobación de una reforma constitucional totalmente distinta a la que originalmente envió.
[4]Vale la pena resaltar los esfuerzos de la Unidad de Desarrollo Político de SEGOB encabezada por la Dra. Blanca Heredia Rubio en épocas del secretario Gómez-Mont. Aunque el área no tuvo seguimiento por parte de Blake, su esfuerzo sentó las bases para la reforma que, si bien no fue la ideal, incluyó candidaturas independientes, consulta popular, iniciativas ciudadanas y la iniciativa preferente.
Licenciado en Derecho y Maestro en Administración Pública y Políticas Públicas. Profesor del Tec de Monterrey-CSF, analista político, consultor independiente y activista ciudadano.
