La pobreza implica un estado de marginación, de incapacidad para cubrir necesidades tan básicas como la alimentación. La pobreza es una falla estructural del modelo económico que es incapaz de generar riqueza y de distribuirla de una manera equitativa. La desigualdad implica concentración del poder económico, social y político; es un desequilibrio que afecta la capacidad de generar consensos que beneficien a la mayor parte de la población.
La precarización del mercado laboral mexicano constituye la explicación del avance de la pobreza y es el resultado de un modelo económico que no ha sido capaz de generar empleo formal suficiente para una población de 117 millones de personas. La precarización ha favorecido el debilitamiento del mercado interno y la pobreza refleja la incapacidad de las familias para adquirir bienes y servicios que a su vez vuelvan viables financieramente a las empresas. El problema es que las empresas deberían satisfacer los requerimientos de consumo de la población, así como sus necesidades de empleo.
El mercado laboral debería ser un mecanismo de movilidad social, es decir, una manera de superar las condiciones de marginalidad en las que se encuentra la población. Si no es a través de empleo y salarios dignos, difícilmente puede evitarse que la pobreza avance. El gasto de gobierno nunca será suficiente para abatir la marginación social si no es complementado con un mercado laboral que genere empleo suficiente y de calidad.
En México existen más de 60 millones de personas en pobreza por su bajo ingreso económico, y la intervención del gobierno solamente sirve para que la cantidad disminuya a 54 millones. La causa fundamental de ello es la precaria condición del trabajo y la desocupación que prevalece en el país.
De acuerdo al INEGI existen cerca de 2.5 millones de mexicanos sin un ocupación, sin embargo las estadísticas relativas a la precarización del empleo son contundentes para entender las implicaciones que ello tiene sobre la pobreza y la inestabilidad social que prevalece en el país. Más del 58% de las personas ocupadas tiene una vinculación con la informalidad, en otras palabras lo que prevalece es la ausencia de prestaciones sociales y del cumplimiento con las responsabilidades hacendarias. Más de 30 millones de trabajadores no tienen acceso a servicios de seguridad social, a pesar de que el marco legal impone condiciones mínimas en dicho sentido. Casi 14 millones de empleados no tienen un contrato por escrito, lo cual los deja a expensas de la discrecionalidad de su empleador.
No se puede contener a la marginación y precarización social cuando se busca controlar a la inflación en función de la contención de los salarios. Si no es a través del empleo y los salarios, difícilmente puede evitarse el avance de la pobreza. Lamentablemente en México los salarios son un factor de presión social. En la actualidad, el poder adquisitivo de un salario mínimo representa apenas la tercera parte de lo que constituía hace 40 años. Puesto en otras palabras: hoy es necesario ganar tres salarios mínimos para poder comprar una canasta básica que hace cuatro décadas se adquiría con un salario mínimo.
Si se considera que, de acuerdo al INEGI, casi siete millones de mexicanos reciben, cuando mucho, un salario mínimo por su trabajo y que otros tres millones no reciben ninguna remuneración, se puede entender porqué hay cerca de 11 millones de personas en pobreza extrema.
La precarización del mercado laboral se sintetiza en los 31 millones de trabajadores que en el mejor de los casos reciben tres salarios mínimos por su trabajo, es decir que tienen un poder adquisitivo inferior al de un salario mínimo de hace cuatro décadas. ¿Cómo no habría pobreza bajo dicho entorno económico?
Lo descrito es el resultado del modelo económico aplicado: tratar de alcanzar estabilidad económica a costa de mantener bajos salarios y prestaciones sociales ha mermado el consumo de una creciente parte de la población mexicana. El argumento de que incrementar los salarios causa inflación ha propiciado un círculo vicioso del que no se puede salir si no se mejora la productividad y competitividad del sistema productivo mexicano.
El callejón sin salida afecta aun a las personas que han invertido en su educación y capacitación. Cerca del 40% de los desocupados tienen algún grado de estudio correspondiente a los niveles medio superior o superior. Son jóvenes y adultos que han buscado prepararse, pero que no encuentran un empleo. Puede argumentarse que la razón se encuentra en la baja calidad del sistema educativo del país, sin embargo no puede descartarse que una parte de la explicación también radica en el bajo valor agregado que el sistema productivo genera: no se requiere a personas educadas si los productos y servicios elaborados son de baja innovación. Un elemento adicional a tomar en cuenta es que más del 85% de los desocupados tiene experiencia, hecho que nuevamente refleja el desperdicio de la fuerza laboral calificada.
La escasa generación de empleo de calidad cobra su factura en forma de una fragmentación social y económica que causa inestabilidad. Que sea posible comparar municipios de estados como Chiapas, Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Guanajuato, por mencionar algunos, con países histórica y estructuralmente denostados por el flagelo de la pobreza, como Haití, presenta la prueba de que durante las últimas décadas los gobiernos han fracasado en implementar un modelo económico exitoso en términos de generar un mayor bienestar social.
Dicho escenario sirve para describir la situación en México, en donde el gasto de gobierno destinado al desarrollo social solamente representa un paliativo para el cáncer que constituyen la pobreza y la precarización laboral. No lo resuelve, únicamente ayuda a mitigar el dolor.
No puede soslayarse el error cometido por la política económica aplicada durante el último lustro, con la crisis económica del 2009, el gobierno federal decidió crear y elevar impuestos, así como incrementar el costo de combustibles y electricidad. Ello fue una mala decisión, ha dañado la capacidad del sector privado para incrementar su inversión y generar empleo. El 80% del crecimiento económico y el valor agregado es atribuible a la gestión del sector privado, ahí se encuentra el corazón de la creación de empleo, el aumento de impuestos ha frenado su accionar.
El verdadero desafío estructural a superar es el de generar empleo suficiente, con prestaciones sociales y que cumpla con las contribuciones fiscales. Por tanto, se debe impulsar el crecimiento económico mediante el desarrollo del mercado interno, siendo esta una alternativa para solucionar los desequilibrios citados, para atender las necesidades y el bienestar de los mexicanos. Fortalecer el mercado interno es el camino que han seguido los países desarrollados y las economías emergentes más exitosas, México no debe obviar esta alternativa para impulsar la creación de empleo, elevar la productividad y aumentar el poder adquisitivo de los salarios. Lo anterior representa una alternativa viable y eficaz para mejorar la distribución de la riqueza, disminuir los niveles de pobreza y solventar los problemas de inestabilidad social que enfrenta el país.
Director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Doctor en Administración por el ITESM Campus Ciudad de México
